El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 572 del 28 de mayo de 2025, que había aumentado las tarifas de autorretención especial en renta para varios sectores. La medida es cautelar y no constituye fallo de fondo.
Según Miguel Ángel Fandiño, director de impuestos de PwC Colombia, el incremento llegó a triplicar la carga de autorretención para ciertas industrias. El decreto fue demandado casi inmediatamente después de su expedición. La suspensión provisional implica la inaplicación temporal del incremento tarifario mientras el Consejo de Estado resuelve el fondo del asunto. Los contribuyentes que venían aplicando las tarifas incrementadas deberán revisar su liquidación de anticipos y retenciones con efecto inmediato. Los asesores deben monitorear el proceso para identificar si procede corrección de declaraciones o solicitudes de compensación.
El Gobierno radicó ante el Congreso un proyecto de reforma tributaria que aspira a recaudar $21,9 billones mediante nuevos impuestos. El director de la DIAN dejó en manos del Congreso la decisión sobre su trámite.
El proyecto fue presentado de forma tardía en el calendario legislativo, lo que reduce significativamente sus posibilidades de aprobación en la legislatura en curso. El director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, señaló que corresponde al Congreso definir el futuro de la iniciativa, evitando comprometer institucionalmente a la entidad con la propuesta. La cifra de $21,9 billones representa una meta de recaudo adicional sobre las proyecciones vigentes. El proyecto se tramita en paralelo con la Ley de Financiamiento, cuya sobretasa al sector financiero (15%) y ajuste a ganancias ocasionales ya fue cubierta en reportes anteriores. Los asesores deben seguir la ponencia para identificar cambios en bases gravables, tarifas o nuevos tributos.
La Corte Constitucional devolvió la reforma pensional a la Cámara de Representantes con observaciones que deben resolverse antes del 29 de octubre. El Congreso deberá atender este trámite simultáneamente con el debate del Presupuesto 2027.
La Cámara cuenta con apenas 20 días hábiles para corregir los aspectos señalados por la Corte, sin que se hayan divulgado públicamente los detalles de los reparos específicos. Si no se subsanan en el plazo fijado, la reforma podría ser archivada o devuelta nuevamente. El contexto es crítico dado que la reforma pensional introduce cambios estructurales en Colpensiones y los fondos privados desde 2027, con impacto en cargas parafiscales y en la estructura de aportes de empleadores y trabajadores. Los asesores deben preparar escenarios alternativos para clientes que ya ajustaron planeación pensional anticipando la vigencia de la reforma.
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La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de la norma que creó las Asociaciones Público-Populares, al considerar que regulaban aspectos esenciales de la contratación estatal que deben definirse por ley del Congreso. La decisión elimina esta figura contractual.
La Corte estimó que los artículos demandados delegaban en el Ejecutivo la regulación de aspectos nucleares de la contratación pública, violando la reserva de ley. Las Asociaciones Público-Populares habían sido promovidas como mecanismo para vincular comunidades a contratos estatales. Su eliminación afecta contratos en ejecución y proyectos en estructuración bajo esta modalidad. Empresas y entidades territoriales que hayan suscrito acuerdos bajo esta figura deben revisar su situación contractual y consultoría jurídica sobre efectos de los contratos ya perfeccionados.
El Gobierno del presidente De la Espriella derogó el decreto expedido por la administración Petro que regulaba los mercados de carbono en Colombia. Se abre un nuevo proceso regulatorio con participación de los sectores productivos.
La derogatoria deja sin efecto los cambios que el decreto anterior había introducido al marco de operación de los mercados voluntarios y obligatorios de carbono en el país. El Gobierno anunció que adelantará una nueva reglamentación con consulta a los sectores. Para empresas con obligaciones o proyectos de compensación de emisiones, la derogatoria genera incertidumbre transitoria sobre las reglas aplicables. Los asesores en temas de sostenibilidad y tributación ambiental deben advertir a sus clientes sobre la necesidad de esperar la nueva normativa antes de comprometer recursos en créditos de carbono bajo el marco derogado.
El gremio reiteró su demanda de nulidad contra el decreto presidencial que aumentó el salario mínimo 23% para 2026, argumentando que el incremento se basó en un estudio de la OIT no vinculante. Fenalco aclaró que la nulidad no implica devolver salarios ya pagados.
La solicitud fue presentada nuevamente ante el Consejo de Estado, que deberá decidir si avoca el estudio de fondo. El aumento del 23% estuvo sustentado parcialmente en el concepto de 'salario vital' de la OIT, que los empresarios consideran ajeno a los criterios legales de inflación y productividad. Fenalco precisó que una eventual nulidad tendría efectos hacia el futuro y no retroactivos, por lo que los salarios ya cancelados no serían reclamables por los empleadores. El caso es relevante para la negociación del salario mínimo 2027, que ya arrancó con proyecciones de alza entre 8% y 9,5% según los gremios.
Los fondos de pensiones privados lideraron la demanda de deuda pública interna en septiembre de 2026, mes marcado por el repunte de las tasas de los TES y tensiones fiscales. El dato es la primera cifra concreta de flujos institucionales post-alza de BanRep.
Las compras récord de TES por parte de los AFP ocurrieron en el mismo mes en que BanRep incrementó su tasa de política en 25 pbs hasta 12,25%. El repunte de tasas de los TES a 10 años por encima del 13% generó oportunidades de entrada para inversores institucionales de largo plazo. Este comportamiento es coherente con la eliminación del límite del 30% para inversiones externas de los AFP, medida que paradójicamente no redujo la demanda interna en septiembre. Para asesores de portafolio, el dato sugiere que los fondos están aprovechando el nivel de tasas antes de un eventual ciclo de recortes.
S&P Global advirtió que si bien Colombia muestra un giro hacia políticas más favorables a la inversión bajo el nuevo Gobierno, persisten riesgos de inestabilidad regulatoria y conflictividad social que afectan el entorno de negocios.
La calificadora no realizó cambios en la nota soberana de Colombia, pero señaló la coexistencia de señales positivas —como la apertura a la inversión privada y renegociación de APP— con factores de riesgo estructurales como la alta dependencia de materias primas, el déficit fiscal proyectado y la posibilidad de conflictos sociales en sectores como minería y energía. El análisis es relevante para empresas con proyectos de inversión en Colombia que evalúan riesgo político y regulatorio. Los asesores en estructuración de negocios deben incorporar estas variables en sus matrices de riesgo para clientes con decisiones de inversión pendientes.
El análisis evidencia que el costo fiscal de la jornada en 2022 fue significativo en términos de recaudo no percibido, mientras los beneficios se concentraron en bienes de consumo durable. El Gobierno De la Espriella evalúa si retomar el mecanismo o sustituirlo por reducciones en ICA, como propone el debate actual.
La última aplicación del Día sin IVA data de 2022, cuando el mecanismo ya generaba cuestionamientos sobre su eficiencia redistributiva. El recaudo sacrificado en esa jornada no fue compensado íntegramente por el estímulo al consumo adicional. El debate actual incluye la propuesta del Vicepresidente Restrepo de aplicar una versión focalizada en el Valle del Cauca, afectado por el terremoto. Para asesores tributarios, la reanudación del mecanismo implicaría revisar obligaciones de facturación, retenciones y devoluciones aplicables a los bienes exentos durante la jornada.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 572 del 28 de mayo de 2025, que incrementó las tarifas de autorretención especial en renta para distintos sectores económicos. Según PwC Colombia, el alza triplicó la carga para ciertas industrias.
La medida cautelar implica la inaplicación inmediata del incremento tarifario mientras se resuelve el fondo de la demanda de nulidad. Los contribuyentes que venían liquidando anticipos con las tarifas aumentadas deben ajustar sus cálculos con efecto desde la ejecutoria del auto. No constituye fallo definitivo sobre la legalidad de la norma.
La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de la norma que creó las Asociaciones Público-Populares, figura contractual de la administración Petro. La Corte determinó que dichos artículos regulaban aspectos esenciales de la contratación estatal —reservados al Congreso por mandato constitucional— a través de un instrumento normativo de menor jerarquía.
La decisión elimina esta modalidad contractual del ordenamiento jurídico colombiano. Los contratos ya suscritos bajo esta figura quedan en situación de incertidumbre jurídica y deben ser revisados por sus partes. Entidades públicas y contratistas deben evaluar la continuidad y validez de los acuerdos vigentes.
El Gobierno Nacional derogó el decreto expedido por la administración Petro que reglamentaba los mercados de carbono en Colombia, dejando sin efecto las reglas previas sobre operación de créditos de carbono voluntarios y obligatorios. El Gobierno anunció que adelantará un nuevo proceso regulatorio con participación de los sectores productivos.
El período de transición genera incertidumbre para proyectos de compensación de emisiones ya en ejecución o en fase de registro. Las empresas con compromisos de carbono neto cero deben esperar la nueva reglamentación antes de adquirir créditos bajo el marco nacional. No se ha fijado plazo oficial para la publicación del nuevo decreto.
El Gobierno radicó ante el Congreso un proyecto de reforma tributaria con meta de recaudo de $21,9 billones anuales adicionales. El director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, trasladó al Congreso la responsabilidad de decidir sobre su trámite, señalando la tardanza en la radicación.
Analistas consideran escasa su viabilidad legislativa dado el calendario restante del período ordinario. El proyecto se tramita en paralelo con la Ley de Financiamiento y el Presupuesto 2027. Los asesores deben identificar en el articulado radicado los posibles cambios a tarifas, bases gravables y nuevas obligaciones formales.
Indicadores Macro
TRM (9 octubre 2026)$3.217 COP/USD-$22 vs TRM del 8 octubre ($3.239)
El dólar cerró la jornada del 8 de octubre en $3.217, revirtiendo la tendencia alcista de días anteriores en una sesión de bajo volumen. La divisa abrió en $3.241,50 y tocó un mínimo intradiario de $3.208,50. El precio del petróleo Brent superó los US$102 por barril, lo que dio soporte a la moneda colombiana. Los mercados siguen atentos a las señales de la Reserva Federal sobre la senda de tasas de interés en EE.UU.
Petróleo Brent (8 octubre 2026)US$102/barril (aprox.)Al alza vs cierre anterior de US$97,58
El Brent superó los US$102 por barril durante la jornada del 8 de octubre, impulsado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio que amenazan el suministro global. El número de buques que transita por el Estrecho de Ormuz cayó a mínimos de más de dos meses por ataques a petroleros. El alza del crudo favorece los ingresos de Ecopetrol y el recaudo fiscal colombiano vía dividendos y regalías. Para Colombia, el nivel de US$102 supera el precio de referencia fiscal, lo que podría mejorar marginalmente las proyecciones de recaudo del cuarto trimestre.
Inflación básica (sin alimentos ni energéticos) — septiembre 20266,48% anual+19 pbs sobre inflación total (6,29%)
En septiembre de 2026, la inflación básica o subyacente se ubicó en 6,48% anual, superando en 19 puntos básicos a la inflación total del IPC (6,29%). Las mediciones subyacentes calculadas por el Banco de la República mostraron una moderación generalizada respecto al mes anterior, lo que da un respiro al mercado. Sin embargo, el nivel sigue siendo elevado y aleja la convergencia hacia la meta del 3% del BanRep. Este dato es clave para la próxima decisión de política monetaria de la Junta Directiva.
Sector Empresarial
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Altia Energy adquirió a Isagen cinco proyectos de generación renovable que suman 219 MW, con financiación sindicada de seis bancos liderada por Bancolombia con el 46,6% del monto.
La operación involucra 119 MW de generación hídrica y 100 MW solar. El consorcio bancario aportó $1,29 billones a Altia para cerrar la adquisición. La transacción amplía el portafolio renovable de Altia y es relevante en el contexto de la alerta energética por El Niño. Isagen continúa su estrategia de optimización de activos no estratégicos.
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SuperSociedades emitió concepto sobre la situación jurídica de los bienes de los socios de empresas en proceso de insolvencia bajo la Ley 1116 de 2006.
El pronunciamiento delimita el alcance de la protección patrimonial en procesos de reorganización y liquidación judicial, diferenciando el patrimonio social del personal de los socios. La distinción es crítica para asesores que estructuran garantías o acompañan socios de sociedades en dificultades financieras donde existe confusión patrimonial. El concepto refuerza el principio de separación entre persona jurídica y socios en el marco concursal colombiano.
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SuperSociedades reconoció formalmente el proceso de insolvencia de Canacol Energy iniciado en Canadá, con efectos directos sobre acreedores colombianos de la compañía.
El reconocimiento, enmarcado en estándares de la Ley Modelo de UNCITRAL, implica que los acreedores locales deben atender los tiempos y condiciones del proceso principal en Canadá. Para asesores con clientes acreedores de Canacol, el seguimiento del proceso canadiense es indispensable para gestión de acreencias y provisiones contables. El superintendente Billy Escobar destacó la cooperación internacional en insolvencia como mecanismo para preservar valor empresarial.
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Gobierno inició conversaciones con Mazda para evaluar el regreso de la marca al país, incluyendo la posible instalación de una planta de ensamblaje.
El MinComercio y ProColombia sostuvieron reuniones con representantes de la multinacional japonesa. Mazda dejó de ensamblar vehículos en Colombia desde 2014. El regreso implicaría negociar condiciones de inversión, aranceles y posibles incentivos tributarios bajo zonas económicas especiales o regímenes de importación temporal. El mercado automotor colombiano proyecta cerrar 2026 con récord de hasta 350.000 unidades vendidas, según General Motors.
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Matrículas de vehículos eléctricos en Colombia sumaron 39.784 unidades entre enero y septiembre de 2026, con un crecimiento de 221,7% frente al mismo período del año anterior.
El acelerado crecimiento del segmento eléctrico ocurre en un contexto de beneficios tributarios vigentes —exención de IVA y aranceles reducidos— cuya continuidad depende de la agenda legislativa en curso. El mercado total proyecta hasta 350.000 unidades para el año. Los asesores deben monitorear el tratamiento tributario de vehículos eléctricos en la Ley de Financiamiento y la reforma distrital, que pueden modificar los incentivos actuales.
Banca y FinTech
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Findeter recibió autorización de la Superintendencia Financiera para emitir bonos ordinarios por hasta $300.000 millones en el mercado de capitales local.
La autorización fue otorgada el 6 de octubre de 2026. Los recursos buscan fortalecer la capacidad de crédito de la banca de desarrollo territorial para financiar proyectos de infraestructura y reconstrucción post-terremoto. La emisión se realizará en la Bolsa de Valores de Colombia. Para asesores de deuda corporativa, la operación amplía el universo de emisores de renta fija con grado de inversión disponibles en el mercado local.
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Créditos de libranza son en promedio 4,73% más baratos que los de libre inversión; Banco Agrario, Coopcentral y Pichincha ofrecen las tasas más bajas del mercado.
El diferencial de 4,73 puntos porcentuales entre libranza y libre inversión refleja el menor riesgo de crédito del descuento directo de nómina. En un entorno de tasa BanRep al 12,25%, el acceso a libranza sigue siendo una alternativa relevante para reducir el costo financiero de personas naturales. Para asesores de finanzas personales, este dato es útil en la estructuración de refinanciaciones de deuda de clientes con vínculo laboral activo.
Breves
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IDEAM confirmó oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño con intensidad entre fuerte y muy fuerte; los efectos se proyectan hasta el primer semestre de 2027.
El fenómeno tiene 83% de probabilidad de mantener intensidad fuerte al menos hasta marzo de 2027. Sus efectos sobre el sistema eléctrico (riesgo de apagón), los precios de alimentos y los servicios públicos de energía presionan al alza el IPC y complican la convergencia inflacionaria. La Ministra de Minas advirtió que ninguna medida técnica será suficiente por sí sola y lanzó campaña de ahorro energético.
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Claves del reporte mensual de facturación electrónica de la DIAN: qué debe revisar el obligado.
Según Saphety, el reporte mensual de la DIAN presenta tanto los documentos electrónicos generados como los recibidos por el facturador electrónico. Los obligados deben verificar consistencia entre el reporte de la DIAN y sus sistemas internos de facturación para evitar inconsistencias que deriven en requerimientos o sanciones. La revisión mensual es especialmente crítica en períodos de declaración de IVA y renta, donde las cifras de facturación son cruzadas con los registros de la entidad.
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MinAgricultura solicitó a Asobancaria alivios de crédito para arroceros de Casanare; cartera vigente en Finagro asciende a $538.510 millones con corte a agosto.
La solicitud se enmarca en las dificultades del sector arrocero de Casanare, afectado por factores climáticos y de mercado. Finagro reporta $538.510 millones en cartera activa de arroceros en ese departamento al corte de agosto de 2026. Los alivios podrían incluir períodos de gracia o reestructuraciones de deuda. Para asesores de clientes del sector agropecuario, es importante monitorear los acuerdos que resulten entre el Ministerio y el sector financiero.
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Gobierno refuerza control sobre contratos estatales con nuevas medidas que obligan a supervisores a verificar ejecución real de obligaciones contratadas.
El presidente De la Espriella expidió directrices para que los supervisores de contratos estatales comprueben con evidencia verificable que las actividades y obligaciones contratadas se ejecutaron efectivamente. La medida busca reducir el riesgo de pagos por obras o servicios no prestados. Para empresas contratistas del Estado, el mayor rigor en supervisión implica reforzar sus sistemas de soporte documental de ejecución contractual.
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