El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto Legislativo 1419 de 2026 con medidas de alivio tributario para personas naturales y empresas en los departamentos declarados en emergencia. Las medidas incluyen rebaja del 85% en sanciones, tasa de mora del 4,5%, conciliaciones y facilidades especiales de pago.
El Decreto Legislativo 1419 de 2026 cubre los 16 departamentos en estado de emergencia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. La tasa de mora preferencial del 4,5% reemplaza temporalmente la tasa ordinaria. Se habilitan conciliaciones tributarias y facilidades especiales de pago para obligaciones pendientes ante la DIAN. La medida complementa el decreto de tarifa especial de renta del 20% para nuevas inversiones en zonas afectadas, ya expedido previamente. Los asesores deben identificar qué contribuyentes califican según su domicilio fiscal o lugar de operación en las zonas declaradas.
El Ministerio de Hacienda reveló un plan estructural para simplificar el sistema tributario nacional concentrándolo en cuatro grandes impuestos administrados por la DIAN. La propuesta incluye usar regalías para financiar la recomposición de la red eléctrica del Caribe.
El ministro Miguel Gómez expuso ante medios el esquema que consolidaría el recaudo nacional en cuatro tributos, eliminando una multiplicidad de gravámenes menores actuales. El plan está aún en etapa de diseño y no ha sido radicado formalmente como proyecto de ley. La propuesta se enmarca en la agenda más amplia de Ley de Financiamiento que cursa en las Comisiones Económicas del Congreso. La racionalización del número de impuestos es consistente con el anuncio previo de eliminar el impuesto 4×1.000 y reformar el impoconsumo. Los asesores deben seguir el trámite legislativo para determinar qué tributos serían derogados y en qué plazos.
Analistas y legisladores advierten que el proyecto de Ley de Financiamiento no contaría con los votos necesarios para su aprobación en el Congreso. La DIAN salió a desmentir públicamente versiones que asocian la reforma con nuevos impuestos sobre productos de la canasta familiar.
La novedad sustantiva respecto al reporte del 19 de septiembre es la advertencia explícita sobre falta de mayorías en el Congreso, elemento que cambia la perspectiva de aprobación del proyecto. La DIAN emitió un pronunciamiento aclaratorio distanciándose de interpretaciones que ampliaban el IVA a bienes de primera necesidad. El proyecto, cuya ponencia fue presentada ante las Comisiones Económicas con ajustes en renta, patrimonio e impoconsumo, requiere un trámite exprés dado el calendario legislativo. La incertidumbre sobre su aprobación tiene implicaciones directas en la proyección fiscal del Gobierno para 2027 y en el déficit que ya preocupa al CARF. Los asesores deben monitorear el avance en comisiones antes del 25 de septiembre.
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El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate la reforma tributaria distrital con sobretasa predial para alumbrado público y alivios del 60% en sanciones e intereses para más de 2 millones de contribuyentes en mora. Asobancaria y Acopi anunciaron oposición en plenaria.
La novedad respecto al reporte del 13 de septiembre es que el proyecto superó el primer debate y se encamina a plenaria con texto consolidado que incluye la sobretasa de alumbrado. Los alivios del 60% en sanciones e intereses beneficiarían a más de 2 millones de contribuyentes morosos del Distrito. Asobancaria rechaza específicamente el aumento del ICA aplicable al sector financiero, mientras Acopi cuestiona el impacto de la sobretasa predial sobre la competitividad de las PYMES bogotanas. La plenaria del Concejo es el último debate antes de su posible adopción como Acuerdo Distrital. Los asesores con clientes domiciliados o con establecimientos en Bogotá deben estimar el impacto en su carga tributaria local.
El Gobierno Nacional detectó presuntas irregularidades en 11 de las 42 cajas de compensación familiar del país y puso los hallazgos a disposición de los organismos de control. La situación tiene implicaciones para los aportes parafiscales y la supervisión de la UGPP.
Las 11 cajas con hallazgos representan más de una cuarta parte del total de entidades del sistema. La documentación fue remitida simultáneamente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, lo que activa potenciales investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Para los asesores, el contexto es relevante porque las cajas administran recursos parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación) recaudados vía nómina y auditados por la UGPP. Empresas con vínculos contractuales o beneficios activos en las cajas señaladas deberán monitorear el desarrollo de las investigaciones. Aún no se han identificado públicamente las 11 entidades involucradas.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció una estrategia de reprogramación de vigencias futuras comprometidas con concesionarios de la ANI por $5,5 billones para hacer frente al déficit presupuestal. La medida busca garantizar la terminación de obras de infraestructura sin generar incumplimientos contractuales.
La reprogramación afecta contratos de concesión vigentes bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) reguladas por la Ley 1508 de 2012. Las vigencias futuras son compromisos de gasto plurianual que requieren aval del Ministerio de Hacienda y del CONFIS. El ajuste responde al desbalance fiscal del PGN 2027 aprobado en $634,9 billones, que obligó a revisar compromisos de inversión con la ANI. Los asesores de empresas constructoras o concesionarios deben evaluar el impacto en flujos contractuales y en el tratamiento contable y tributario de los ajustes a los contratos. No se precisaron cuáles concesiones serían afectadas.
Ocho embalses estratégicos del parque hidroeléctrico nacional caerían a registros no vistos durante la temporada seca, según proyecciones del sector. El riesgo de desabastecimiento eléctrico tiene implicaciones en costos energéticos y en la carga tributaria de empresas con contratos de energía.
La alerta complementa los datos ya reportados sobre los 558 municipios vulnerables y el nivel general de embalses del 79% al 15 de septiembre. La novedad es que se identifican específicamente ocho embalses que operarían por debajo de sus mínimos históricos, lo que agudiza el riesgo sistémico. Un eventual desabastecimiento elevaría los precios en bolsa de energía, impactando costos operativos de empresas industriales y comerciales con contratos en mercado no regulado. La CREG tiene pendiente una reforma al cargo por confiabilidad para responder a esta coyuntura. Los asesores de empresas energointensivas deben revisar la deducibilidad de mayores costos energéticos y la cobertura contractual vigente.
El Banco de la República confirmó que el efectivo participó en el 65% de las compras habituales de los colombianos, con tendencia a la baja frente a años anteriores. Sin embargo, el efectivo en circulación alcanzó $170,2 billones, impulsado por demanda precautoria.
La reducción en el uso transaccional del efectivo refleja el avance de las transferencias digitales, acelerado por la expansión de Bre-B y billeteras digitales. No obstante, el aumento del circulante a $170,2 billones indica que los agentes económicos mantienen mayores saldos en efectivo como reserva, lo cual es relevante para el análisis del riesgo de lavado de activos (SARLAFT) y las obligaciones de reporte de operaciones en efectivo ante la UIAF. Para la DIAN, el dato es insumo para la detección de economía informal y evasión fiscal. Los asesores deben recordar que operaciones en efectivo superiores a umbrales definidos por la Resolución UIAF generan obligaciones de reporte.
El Decreto Legislativo 1419 de 2026 establece un régimen especial de alivios tributarios para personas naturales y jurídicas domiciliadas u operando en los 16 departamentos declarados en emergencia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. Las medidas incluyen condonación del 85% de sanciones tributarias, aplicación de una tasa de interés moratorio preferencial del 4,5% (frente a la tasa ordinaria vigente), habilitación de conciliaciones tributarias y facilidades especiales de pago.
Su vigencia aplica a obligaciones pendientes ante la DIAN a la fecha de expedición del decreto. Los contribuyentes deben acreditar el vínculo con las zonas declaradas en emergencia para acceder a los beneficios.
El Decreto 728 de 2025 adiciona el Capítulo 13 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015). Impone a los empleadores acciones obligatorias de promoción de la salud mental, prevención de trastornos y gestión del consumo de sustancias psicoactivas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Su cumplimiento es objeto de fiscalización por parte de la UGPP en el marco de las auditorías sobre aportes al sistema de protección social. Los empleadores que incumplan pueden enfrentar sanciones administrativas del Ministerio de Trabajo y ajustes en la calificación de riesgo ante las ARL. Los asesores de nómina y RRHH deben verificar que los programas de SG-SST de sus clientes incorporen los módulos exigidos.
La Corte Constitucional declaró exequible el régimen que exige a los prestadores de servicios digitales del exterior (PSDE) presentar la declaración de IVA con pago total, bajo sanción de ineficacia de la declaración. El tribunal aplicó un test leve de igualdad y concluyó que la medida es constitucionalmente admisible frente a los principios de equidad e igualdad tributaria.
El fallo distingue este tratamiento del régimen general aplicable a declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago. Es relevante para plataformas digitales extranjeras como Netflix, Spotify, Amazon y similares con obligaciones de IVA en Colombia, así como para sus representantes fiscales locales. Los asesores deben verificar el cumplimiento estricto de la obligación de pago simultáneo a la presentación.
Indicadores Macro
IBR Overnight11,177% nominal anualReferencia; diferencial de ~82 pbs bajo tasa BanRep del 12,00%
El Indicador Bancario de Referencia (IBR) overnight se ubicó en 11,177% nominal al 11 de septiembre de 2026, según el Banco de la República. Es calculado diariamente a partir de las cotizaciones de las principales entidades del sistema financiero colombiano. Su nivel refleja el diferencial habitual respecto a la tasa de política monetaria vigente del 12,00%. Es ampliamente utilizado en la estructuración de créditos de tasa variable, derivados OTC y valoración de portafolios de renta fija. Los asesores financieros deben tenerlo en cuenta al revisar contratos de crédito indexados al IBR y al calcular el costo de capital de corto plazo.
Sector Empresarial
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Supersociedades reporta 4.693 procesos de insolvencia activos a julio de 2024 y actualiza el 'Atlas de Insolvencia' con tres tableros interactivos de seguimiento mensual.
La Superintendencia de Sociedades tiene activos 4.693 procesos de insolvencia bajo la Ley 1116 de 2006, entre reorganizaciones y liquidaciones judiciales. La nueva versión del Atlas de Insolvencia incorpora tableros de solicitudes, admisiones y procesos en curso con actualización mensual, permitiendo generar reportes de impacto sectorial y regional. La herramienta es insumo clave para due diligence, evaluación de riesgo de contraparte y monitoreo de exposición crediticia frente a empresas supervisadas. Su consulta es gratuita y de acceso público.
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Colombia podría importar entre el 35% y el 40% del gas natural que consume para finales de 2026, según el presidente de Acipet.
Óscar Rincón, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), advirtió que la caída en producción doméstica de gas obligará al país a importar una porción creciente de su consumo. Esta dependencia de importaciones eleva los costos del energético para industrias intensivas en gas, con impacto directo en márgenes operativos y en la deducibilidad de mayores costos de producción. El sector demanda una política de desarrollo de yacimientos no convencionales (fracking) para revertir la tendencia. Los asesores de empresas industriales con consumos significativos de gas deben proyectar el efecto en costos y revisar contratos de suministro.
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Reforma pensional: Corte Constitucional confirma que desde una fecha determinada todos los trabajadores deberán cotizar a Colpensiones.
La Corte Constitucional avaló el cambio estructural del sistema pensional colombiano que obliga a todos los trabajadores a canalizar sus cotizaciones a través de Colpensiones en el pilar contributivo. La medida fue declarada exequible en el marco del fallo sobre la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), cuyo texto completo fue publicado el 16 de septiembre de 2026. La Cámara de Representantes tiene plazo hasta el 29 de octubre para subsanar vicios de procedimiento. Los empleadores deben revisar los sistemas de nómina y los convenios de libranza vigentes para anticipar el traslado de aportes desde los fondos privados hacia Colpensiones.
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Tasa de cambio: analistas proyectan que el dólar podría llegar a niveles de $2.800–$2.700 tras caer de $4.000 a cerca de $3.000 en menos de un año.
La apreciación acumulada del peso colombiano, que llevó al dólar de $4.000 a niveles cercanos a $3.000 en menos de doce meses, ha generado debate entre analistas sobre si el nivel actual es un piso definitivo. Algunos proyectan que la divisa podría seguir cayendo hasta la franja de $2.800–$2.700 dependiendo de variables como el precio del petróleo Brent (actualmente cerca de US$107), la política de la FED y los flujos de IED. Para los asesores, este escenario impacta la base gravable de operaciones de comercio exterior, contratos en moneda extranjera, valoración de deudas en dólares y el cálculo de la renta por diferencia en cambio. Las empresas exportadoras deben revisar sus políticas de cobertura cambiaria.
Banca y FinTech
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BBVA Colombia se incorpora al piloto de Redeban para pagos y transferencias inmediatas con llaves, ampliando la cobertura interoperable como antesala a Bre-B.
Desde abril de 2025, los clientes de BBVA Colombia pueden crear llaves vinculadas a su cuenta para enviar y recibir dinero en tiempo real hacia otros bancos y billeteras como Nequi y Daviplata, sin necesidad de conocer el número de cuenta destino. El piloto de Redeban ya incluye a Bancolombia, Davivienda, Grupo Aval (dale!), Nu Colombia y ahora BBVA. La incorporación de BBVA amplía la interoperabilidad del sistema previo al despliegue completo de Bre-B bajo supervisión de la SuperFinanciera. Los asesores de empresas y fiduciarias deben anticipar que la generalización de pagos inmediatos modificará los ciclos de tesorería y los acuerdos de compensación en contratos comerciales.
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Bre-B supera 21 millones de llaves creadas y 11 millones de usuarios activos en sus primeras semanas de implementación en Colombia.
El sistema de pagos inmediatos Bre-B, regulado por la SuperFinanciera, ha alcanzado más de 21 millones de llaves registradas y 11 millones de usuarios activos en su fase inicial. Daviplata reportó que el 80% de sus llaves adoptaron el formato @davi o @plata. ACH Colombia, que conecta a más de 22 millones de usuarios y 26 entidades, prevé integrar su plataforma Transfiya bajo la marca unificada de Bre-B. Redeban habilita además pagos QR interoperables para comercios. La masificación del sistema tiene implicaciones en el control de operaciones, dado que las transferencias inmediatas reducen los tiempos de detección de operaciones sospechosas exigidas por el SARLAFT.
Breves
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Deudores morosos del Estado crecieron 4,6% en términos reales, superando el ritmo de la economía que creció 3,8% en el mismo período.
El análisis de El Tiempo evidencia que la cartera de obligaciones tributarias y parafiscales en mora con el Estado crece a un ritmo superior al de la economía, lo que presiona la capacidad de recaudo de la DIAN y la UGPP. Este dato es relevante para asesores que gestionan procesos de cobro coactivo, facilidades de pago o acuerdos de restructuración con entidades públicas. El crecimiento real de la mora también puede anticipar una intensificación de las medidas de cobro coactivo por parte de la DIAN, tal como lo anunció la entidad en septiembre respecto a la retención en la fuente.
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Analistas plantean la opción de un programa del FMI para Colombia ante la situación fiscal que califican de 'desesperada'.
El analista Ricardo Ávila de El Tiempo aborda la posibilidad de que Colombia recurra al Fondo Monetario Internacional como mecanismo de respaldo ante el déficit fiscal proyectado para 2027, que el CARF ya calificó como potencialmente el mayor de la historia. Un acuerdo con el FMI tendría condicionamientos en materia fiscal y de gasto público con impacto directo en la política tributaria y en los plazos de la Ley de Financiamiento. Aunque no hay anuncio oficial del Gobierno sobre esta opción, la discusión pública es relevante para asesores que asesoran en planeación fiscal de mediano plazo.
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Colombia importaría entre 35% y 40% de su consumo de gas natural para finales de 2026, con impacto en costos industriales y contratos de suministro.
Ver sección empresarial. Incluido también como breve por su relevancia regulatoria: la dependencia de gas importado activa cláusulas de precio en contratos regulados por la CREG y puede generar mayor presión inflacionaria en el componente de servicios públicos, con efecto en el IPC del cuarto trimestre de 2026.
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Expresidente Uribe pide a la banca privada otorgar créditos a 30 años al Estado para financiar la reconstrucción post-terremoto.
El exmandatario Álvaro Uribe realizó un llamado público a los banqueros colombianos para que acompañen con créditos de largo plazo (30 años) al Gobierno de Abelardo De la Espriella en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El planteamiento abre el debate sobre si estos recursos se estructurarían como deuda pública directa, a través de fideicomisos de la Nación o mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Desde la perspectiva tributaria, los intereses de créditos otorgados al Estado están sometidos a retención en la fuente y deben analizarse bajo las reglas de subcapitalización si involucran partes vinculadas.
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