Asobancaria, Colombia Fintech y Acopi rechazan el alza del ICA del 14 al 21 por mil para el sector financiero en el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026. El Distrito defiende la medida argumentando que la tarifa efectiva del sector es 6,6%, frente al promedio local de 9,9%.
El Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 de la Alcaldía de Bogotá propone elevar la tarifa del ICA para el sector financiero del 14 al 21 por mil, un incremento del 50%. Asobancaria y Colombia Fintech alertan que el aumento encarecerá el crédito y reducirá la competitividad de Bogotá como plaza financiera. El proyecto también crea una nueva sobretasa para financiar el alumbrado público e incluye exenciones progresivas para nuevos proyectos industriales y de servicios. Comerciantes como Fenalco advierten que incrementos del 52% y 59,4% en tarifas a licores, tabaco y vehículos afectarían a tenderos. Un concejal pidió archivar el proyecto por presuntos vicios de forma relacionados con competencias para modificar tributos distritales.
Las medidas de inflación básica del Banco de la República —incluyendo la inflación sin alimentos ni regulados— registraron nueva aceleración en agosto de 2026, superando el 6% en todos los indicadores. El repunte complica la trayectoria de política monetaria del Emisor.
La inflación sin alimentos ni regulados revirtió el alivio temporal de julio y volvió a acelerarse en agosto, superando el 6% anual en todas las métricas básicas calculadas por el BanRep. El IPC total de agosto ya se ubicó en 6,24% anual, por encima de las proyecciones del mercado. Analistas advierten que el incumplimiento persistente del objetivo de inflación del 3% erosiona la credibilidad de la meta del Emisor. La tasa de intervención se mantiene en 12,00% E.A., lo que limita el margen para recortes en el corto plazo. El BanRep deberá evaluar en su próxima reunión de junta si posterga el ciclo de recortes ante esta dinámica.
A marzo de 2026, Colombia debía US$251.995 millones al exterior, equivalentes al 52,47% del PIB, según el Banco de la República. La deuda bruta total llegó a $1.160 billones a julio de 2026, aunque se redujo en $9 billones frente a junio.
El Banco de la República reportó que la deuda externa pública creció 17,1% en doce meses, alcanzando US$251.995 millones a marzo de 2026, equivalentes al 52,47% del PIB. Sin embargo, cifras preliminares a junio de 2026 muestran que la deuda externa total como porcentaje del PIB bajó al 48,6%, una reducción de 2 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. La deuda bruta del Gobierno Nacional Central llegó a $1.160 billones en julio, equivalente al 60,1% del PIB, con una leve reducción de $9 billones respecto a junio ($1.169 billones, 60,5% del PIB). Estas cifras se producen en un contexto donde el CARF ya advirtió que la deuda neta podría alcanzar 67,3% del PIB en 2027, superando en 12,3 puntos porcentuales el ancla legal. La dinámica de endeudamiento refuerza la presión fiscal sobre el Presupuesto 2027 y la Ley de Financiamiento.
¿Qué tema te preocupa? Conversemos.
Si alguno de los puntos del briefing impacta a tu empresa, nuestro equipo puede acompañarte con análisis y asesoría especializada.
Tras la reunión entre el presidente De La Espriella y el Secretario de Estado Marco Rubio, Colombia y EE.UU. suscribieron los 'Acuerdos de Barranquilla', con cooperación en seguridad, comercio y energía. El desmonte del arancel del 12,5% —impuesto por trabajo forzoso— se anunciaría en los próximos días.
El encuentro en Barranquilla derivó en la firma de memorandos de cooperación en minerales críticos y energía nuclear, según anunció la ministra María Nohemi Arboleda. Marco Rubio precisó que el proceso de desmonte arancelario requiere avanzar dentro de un marco jurídico específico del sistema estadounidense. El arancel del 12,5% fue impuesto por EE.UU. al considerar que Colombia carecía de normativa clara contra el trabajo forzoso. El intercambio comercial bilateral supera los US$14.000 millones anuales, siendo EE.UU. el principal socio exportador de Colombia. Los acuerdos también contemplan apertura de mercados, turismo, tecnología e innovación como ejes de la nueva agenda.
La CREG activó un mecanismo de generación mínima térmica ante el bajo nivel de embalses y el riesgo de fenómeno de El Niño. La ministra de Minas reveló que el sector eléctrico tiene un déficit de $6 billones para subsidios en 2026 y anticipó que las tarifas deben subir.
La CREG expidió una resolución que ordena un nivel mínimo de generación térmica para respaldar el sistema ante menores aportes hídricos, en el marco del Plan Energía YA. MinMinas informó que de los $9,6 billones presupuestados para 2026, el Ministerio de Hacienda bloqueó $261.000 millones, generando un déficit efectivo de $6 billones para subsidios del sector eléctrico. La ministra Arboleda advirtió ante la Comisión V del Congreso que las tarifas de energía tendrán que aumentar. Andeg y Fenalcarbón piden incluir la generación térmica en la subasta de expansión, señalando que el carbón térmico nacional cuesta entre US$2 y US$5 por millón de BTU. El gobierno anuncia una subasta de energía para garantizar el abastecimiento.
Una sentencia del Consejo de Estado fija criterios sobre qué pagos laborales quedan excluidos de la base de liquidación de aportes a seguridad social, con impacto directo en la planeación de nómina y en eventuales glosas de la UGPP.
El Consejo de Estado precisó que determinados pagos que reciben los trabajadores no deben incluirse en la base gravable para el cálculo de aportes al sistema de seguridad social. La providencia aclara cómo debe aplicarse el límite del 40% establecido en la normativa vigente para pagos no constitutivos de salario. La decisión es relevante para empleadores y sus asesores laborales y tributarios, dado que la UGPP adelanta procesos de fiscalización sobre la correcta liquidación de aportes. Las empresas que hayan incluido estos pagos en la base podrían beneficiarse del criterio unificado para controvertir liquidaciones en firme o en trámite. Se recomienda revisar las estructuras de compensación a la luz de esta interpretación antes del cierre fiscal.
El Gobierno nacional decidió mantener vigente el Sisbén hasta el 31 de julio de 2027, postergando la implementación del Registro Único de Individuos (RUI) para garantizar la continuidad en la asignación de subsidios.
La transición al RUI se aplaza tras la recepción de más de 112.000 reclamaciones de ciudadanos que habrían quedado sin cobertura en la migración. El Gobierno argumenta que la prórroga busca culminar los procesos técnicos y operativos para una implementación ordenada. El Sisbén es la base de focalización de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y los subsidios de salud del régimen subsidiado. Un cambio abrupto afectaría la asignación de recursos a entidades territoriales y podría generar litigios ante el Consejo de Estado. Los asesores de entidades que dependen del Sisbén para focalizar beneficios deben tener en cuenta esta prórroga en sus proyecciones presupuestales.
Fasecolda reporta que las aseguradoras han estimado obligaciones por $3,7 billones derivadas del terremoto de agosto, aunque los pagos efectivos a un mes del evento ascienden a $95.076 millones. Las reclamaciones cubren viviendas, comercios y vehículos en 451 municipios de 31 departamentos.
Fasecolda reveló que los siniestros estimados por el terremoto de agosto de 2026 ascienden a $3,7 billones, con mayor concentración en Valle del Cauca y Risaralda. A un mes del sismo, las aseguradoras han desembolsado $95.076 millones efectivos a los afectados, lo que representa apenas el 2,6% del estimado total, evidenciando el largo proceso de ajuste de pérdidas. Los daños reportados incluyen viviendas, comercios, vehículos y otros bienes, con procesos de evaluación aún en curso. La brecha entre lo estimado y lo pagado refleja la complejidad del ajuste de siniestros de gran escala y podría presionar la liquidez de algunas aseguradoras. Los asesores tributarios deben considerar el tratamiento fiscal de las indemnizaciones recibidas por personas naturales y jurídicas afectadas.
La empresa Hidroituango registró utilidades netas por $1,09 billones en el primer semestre de 2026 y anunció la distribución de estas ganancias entre sus accionistas.
Hidroituango, cuyo mayor accionista es EPM (empresa del Municipio de Medellín), generó utilidades netas por $1,09 billones en el primer semestre de 2026. La empresa lidera el mecanismo de Obras por Impuestos con una inversión de $96.220 millones en 2026, según datos previos. La distribución de utilidades entre accionistas implica implicaciones tributarias en materia de dividendos, sujetos a las tarifas de retención establecidas en los artículos 242 y 242-1 del Estatuto Tributario. Carolina Escobar fue designada como gerente de Hidroituango, lo que puede implicar cambios en la orientación financiera de la compañía. El resultado positivo contrasta con los años de crisis de la obra y consolida a la planta como activo estratégico del sistema eléctrico colombiano.
El Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 propone incrementar la tarifa del ICA al sector financiero del 14 al 21 por mil (alza del 50%), crear una sobretasa para financiar el alumbrado público y modificar el impuesto predial. Incluye exenciones progresivas de ICA para nuevos proyectos industriales y de servicios como mecanismo de atracción de inversión.
También contempla alivios para contribuyentes en mora. El proyecto se encuentra en debate en el Concejo de Bogotá; un concejal solicitó su archivo por presuntos vicios de competencia en la modificación de tributos distritales. Gremios como Asobancaria, Colombia Fintech y Acopi se oponen a varios de sus artículos.
La Corte Constitucional resolvió la demanda contra el parágrafo 3° (parcial) del artículo 240 y el artículo 115 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 10 y 19 de la Ley 2277 de 2022. Respecto del parágrafo 1° del artículo 19 de la Ley 2277, la Sala Plena declaró cosa juzgada constitucional absoluta, al haber sido dicha disposición ya declarada inexequible mediante la Sentencia C-489 de 2023.
La Corte aplicó la doctrina de cosa juzgada constitucional absoluta reiterada en la Sentencia C-337 de 2024. Los contribuyentes y asesores deben verificar qué disposiciones de la Ley 2277 de 2022 mantienen plena vigencia tras esta decisión. La sentencia es relevante para la planificación del impuesto de renta de personas jurídicas.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado unificó jurisprudencia sobre el hecho generador del ICA, los ingresos gravados y la base gravable del tributo distrital, en el proceso de Inversiones Escorial S.A. La providencia, con ponencia del magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, fue titulada el 11 de mayo de 2023 y constituye precedente de obligatorio seguimiento para autoridades tributarias municipales y distritales.
Su relevancia aumenta en el contexto del debate del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 en Bogotá, que modifica tarifas del ICA. Los asesores deben revisar liquidaciones del ICA a la luz de esta unificación, especialmente en sectores como el financiero y el industrial. La sentencia precisa qué ingresos son gravables y cuáles deben excluirse de la base.
PSE (Pagos Seguros en Línea) habilitó la funcionalidad de transacciones de alto valor, eliminando la necesidad de fraccionar pagos de gran monto en múltiples operaciones. Los límites se configuran de forma diferencial para personas naturales y jurídicas, y dependen de la actividad económica de cada comercio.
La medida beneficia a contribuyentes y empresas que realizan pagos de impuestos, nóminas o grandes compras a través de la plataforma. Esta actualización es relevante para asesores tributarios cuyos clientes utilizan PSE para el pago de obligaciones a la DIAN, municipios y otras entidades. No se especificó la norma habilitante, pero la medida tiene efecto inmediato en la operación del sistema.
Indicadores Macro
TRM$3.116,47 COP/USD-$9,61 (-0,31%) vs jornada anterior
La TRM del 9 de septiembre de 2026 se ubicó en $3.116,47, registrando una caída adicional de $9,61 frente a la sesión previa ($3.118,80). El peso colombiano mantiene una tendencia de apreciación sostenida en las últimas semanas, acumulando una caída cercana a $28 frente al nivel de $3.144 de inicios de septiembre. Los flujos de inversión y la reducción de incertidumbre cambiaria tras los acuerdos con EE.UU. explican parte del movimiento. La Superintendencia Financiera de Colombia certifica este valor diariamente. La apreciación del peso impacta la competitividad exportadora y el costo de la deuda externa en pesos.
Tasa de intervención — Banco de la República12,00% E.A.estable
La tasa de intervención del BanRep se mantiene en 12,00% E.A., nivel que refleja la postura restrictiva de política monetaria ante la reaceleración de la inflación básica en agosto. La aceleración del IPC a 6,24% anual en agosto y el repunte de todas las medidas de inflación básica por encima del 6% reducen el margen para recortes en el corto plazo. La tasa de usura vigente se ubica en 29,24%. Analistas advierten que el incumplimiento persistente de la meta del 3% erosiona la credibilidad del Emisor. La próxima reunión de la Junta Directiva será clave para definir si se pausa el ciclo de recortes.
Sector Empresarial
—
Aliadas entregó al Gobierno 30 propuestas para reducir la informalidad laboral, incluyendo trabajo por horas y cambios al contrato de aprendizaje.
La coalición Aliadas presentó un paquete de 30 medidas que van desde acciones de implementación inmediata hasta reformas legales de mediano plazo. El Ministerio del Trabajo confirmó la apertura de mesas técnicas para revisar cada propuesta. La informalidad laboral en Colombia alcanzó el 54,5% de los ocupados en el último trimestre reportado, con solo el 3% de probabilidad de transición al empleo formal para quienes trabajan en la informalidad. Las medidas buscan reducir barreras de entrada a la seguridad social y flexibilizar modalidades contractuales.
—
MinAgricultura congela $1,4 billones en desembolsos de compra de tierras y anuncia auditoría forense; no habrá compras en 2027.
El ministro Indalecio Dangond ordenó congelar los $1,4 billones pendientes de desembolso en el programa de compra de tierras e informó que no se adquirirán hectáreas en 2027. Además, anunció el recorte de 10.000 contratistas en el sector agropecuario. Se abrirá una auditoría forense sobre las operaciones realizadas en la administración anterior. La medida tiene impacto en el Presupuesto General 2027 y en la actividad del mercado de tierras rurales.
—
Vehículos eléctricos e híbridos representan ya la mitad del mercado automotor colombiano en agosto, con crecimiento de hasta 176%.
En agosto de 2026, las matrículas de vehículos eléctricos e híbridos representaron el 50% del total del mercado automotor, con un crecimiento de hasta 176% frente a agosto de 2025. Las matrículas totales de carros nuevos crecieron más del 27% interanual. Tesla y BYD concentran el 60% del segmento eléctrico puro (40% y 20%, respectivamente). Esta dinámica es relevante para el cálculo del impuesto de vehículos y la aplicación de beneficios tributarios del artículo 38 de la Ley 2099 de 2021 para vehículos de cero emisiones.
—
Rodolfo Castillo, socio fundador de Icoharinas, fue elegido presidente de la Junta Directiva de la ANDI para el periodo 2026-2027.
La Asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) eligió a Rodolfo Castillo como presidente de Junta y a Rosario Gómez como vicepresidenta para el periodo 2026-2027. La renovación directiva se da en un momento de alta presión regulatoria y fiscal sobre el sector empresarial colombiano. La ANDI agrupa a los principales gremios industriales del país y es interlocutor clave en los debates de reforma tributaria y laboral.
Banca y FinTech
—
Bre-B absorberá a Transfiya y unificará la marca de pagos interoperables en Colombia bajo una sola plataforma.
Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia, confirmó que Transfiya —el riel de pagos interoperables vigente durante cinco años— se integrará completamente al sistema Bre-B. ACH Colombia conecta más de 22 millones de usuarios y trabaja con 26 entidades, incluyendo Bancolombia, Davivienda y BBVA. El nuevo sistema permitirá llaves de identificación distintas al número de celular y su modificación libre. La transición implica ajustes operativos significativos para billeteras digitales que dependen de Transfiya actualmente.
—
Banco de Occidente ofrece periodos de gracia de hasta 90 días y nuevas líneas de crédito para afectados por el terremoto.
El Banco de Occidente anunció alivios financieros que incluyen periodos de gracia, descuentos en tasas y nuevas líneas de crédito para familias, independientes, pymes y empresas en las zonas afectadas por el terremoto de agosto de 2026. La medida aplica en los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y otros municipios declarados en calamidad. Los asesores financieros deben informar a sus clientes sobre estas opciones antes de reestructurar deudas o acceder a crédito informal. La SuperFinanciera supervisa que estas facilidades se ofrezcan sin cobro de penalidades.
—
TransUnion revela que 32% de los colombianos no tiene historial crediticio, aunque 86% de estos cuenta con datos de telecomunicaciones y comercio minorista.
El informe de TransUnion evidencia que cerca de 17 millones de colombianos carecen de historial crediticio formal. Sin embargo, el 86% de este segmento sí posee información de comportamiento en sectores como telecomunicaciones y comercio minorista, lo que abre la puerta a modelos de scoring alternativo. Esta situación tiene implicaciones para la inclusión financiera y para la aplicación de normas de reporte a centrales de riesgo (Ley 1266 de 2008). La SuperFinanciera y el sector fintech han identificado este segmento como el principal campo de expansión del crédito formal.
Breves
—
Sura Investments superó US$500 millones en bonos sostenibles en 2025, impulsado por emisiones ASG en América Latina.
Sura Investments reportó que su portafolio de bonos sostenibles superó los US$500 millones durante 2025, con crecimiento derivado del dinamismo de emisiones de deuda sostenible en la región y mayor integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Los bonos sostenibles pueden recibir tratamiento diferencial en materia tributaria en algunas jurisdicciones. La tendencia refuerza la importancia de la taxonomía verde y los estándares ASG para emisores colombianos en el mercado de capitales.
—
Proyecto de ley en el Congreso busca que uno de los cónyuges entregue el 50% de la pensión tras el divorcio.
La iniciativa legislativa radicada ante el Congreso de la República busca proteger económicamente a quienes se dedicaron al cuidado del hogar durante el matrimonio, reconociendo su contribución al sistema pensional. De aprobarse, tendría implicaciones en la liquidación de sociedades conyugales y en la planificación sucesoral y pensional de personas naturales. El proyecto no tiene aprobación aún y está en etapa de radicación. Su avance debe ser monitoreado por asesores financieros y tributarios que atienden clientes en procesos de divorcio o separación de bienes.
—
ANI define hoja de ruta para acelerar ocho proyectos carreteros clave; decisión tiene impacto en Obras por Impuestos y concesiones.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estableció plazos y trámites concretos para destrabar ocho proyectos viales prioritarios que afectan principalmente a Bogotá. La aceleración de estos proyectos es relevante para empresas que participan en el mecanismo de Obras por Impuestos del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, modificado por la Ley 2010 de 2019. Los contratos de concesión asociados pueden generar impactos tributarios en IVA, retención en la fuente y renta para las empresas contratistas. La hoja de ruta no especificó el monto de inversión total.
—
Puerto Progreso en Antioquia proyecta inversión de US$1.300 millones sin necesidad de dragado, con tres unidades de negocio.
El megapuerto Puerto Progreso en Antioquia contempla una inversión de US$1.300 millones y se presenta como viable sin requerir dragado, lo que reduciría costos ambientales y de licenciamiento. El proyecto estructurado en tres unidades de negocio podría atraer inversión privada bajo esquemas de APP regulados por la Ley 1508 de 2012. Su desarrollo implicaría trámites ante la ANI y la ANLA, con posibles impactos en el recaudo de ICA de los municipios del área de influencia.
Más allá del briefing, somos un equipo a tu disposición.
30 años de experiencia en auditoría, tributación y consultoría empresarial en Colombia. Cuéntanos qué necesitas.
