El pago de deuda en el PGN 2027 creció 54,7% frente a 2026, pasando de $100,5 billones a $155,4 billones. La cifra revela el efecto acumulado del endeudamiento acelerado y comprime el espacio fiscal para gasto social e inversión.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 por $634,9 billones destina $155,4 billones al servicio de la deuda, equivalente al 7,3% del PIB proyectado. Esto representa un incremento de $54,9 billones (+54,7%) frente a los $100,5 billones previstos en el PGN 2026. El crecimiento obedece al aumento en emisión de TES —se proyectan $150,9 billones en colocaciones internas— y al mayor costo del endeudamiento externo. Analistas advierten que el denominado 'crowding out' ya dejó la tasa de inversión privada en su nivel más bajo desde 1975, según datos presentados por MinHacienda ante las Comisiones Económicas del Congreso. El Presupuesto 2027 debe ser aprobado antes del 20 de octubre de 2026.
El ministro Jaime Andrés Beltrán advirtió ante la Comisión Séptima del Congreso que los recursos previstos en el presupuesto inicial 'no son absolutamente nada' frente a las necesidades reales. La solicitud adicional elevaría a más de $4,7 billones el gasto de vivienda vinculado al sismo del 10 de agosto.
Beltrán señaló que los $700.000 millones originalmente asignados para la reconstrucción en el PGN 2027 son insuficientes para atender la magnitud de los daños estimados en $42,1 billones (2,3% del PIB) por el PNUD. La petición de $4 billones adicionales se presentó ante la Comisión Séptima del Congreso durante el debate del PGN 2027, aunque la sesión fue suspendida por la inasistencia de los ministros de Hacienda, Educación y el director del DNP. Los recursos irían a programas de reconstrucción de vivienda en las zonas afectadas del Eje Cafetero y Chocó. El Gobierno también estudia la posibilidad de movilizar cajas de compensación familiar mediante un mecanismo de solidaridad entre las 42 entidades del sistema.
Las Comisiones Económicas del Congreso no pudieron sesionar el segundo día de debate del Presupuesto 2027 ante la ausencia de los funcionarios citados. El episodio genera incertidumbre sobre el cumplimiento del plazo del 20 de octubre para su aprobación.
La inasistencia de los ministros Miguel Gómez (Hacienda), Viviane Morales (Educación) y Jaime Beltrán (Vivienda), junto con el director del DNP, obligó a suspender la sesión. El plazo constitucional para aprobar el presupuesto vence el 20 de octubre de 2026; si no hay acuerdo, rige el PGN anterior. La situación se suma a la salida de Morales del gabinete y el cambio ministerial en Educación. AmCham Colombia advirtió que el ajuste fiscal no será suficiente sin inversión y que el gobierno debe recuperar credibilidad sobre las cuentas públicas.
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El fondo estadounidense encabeza el ranking de compradores internacionales de TES en julio de 2026, reconfigurando el mapa de tenedores externos de deuda soberana colombiana. La concentración en pocos fondos globales aumenta la sensibilidad del mercado de deuda local a decisiones de portafolio externas.
Según datos del Ministerio de Hacienda y la BVC, Pimco lideró las adquisiciones de Títulos de Tesorería (TES) en julio de 2026, consolidándose junto a otro gran fondo global como los principales tenedores internacionales. El contexto es relevante dado que el PGN 2027 requiere colocaciones de TES por $150,9 billones. La concentración de deuda en fondos extranjeros expone el mercado local a flujos volátiles ante cambios en la política monetaria de la Fed o en la percepción de riesgo soberano colombiano, que ya alcanzó 142 pbs tras la divulgación del presupuesto. Los asesores deben monitorear el impacto en valoración de portafolios de renta fija.
La petrolera estatal alertó públicamente sobre exigencias económicas de una comunidad que amenaza con interrumpir las operaciones del campo Sirius en el mar Caribe, proyecto clave para la autosuficiencia gasífera de Colombia. El caso suma presión sobre el cronograma de un activo estratégico para la seguridad energética nacional.
Ecopetrol denunció que una comunidad estaría solicitando sumas de dinero no especificadas a cambio de no interferir con las operaciones del campo Sirius, ubicado en el Caribe colombiano. El proyecto es considerado esencial para revertir el déficit de gas natural, que según Naturgas podría alcanzar el 39% de la demanda mensual en 2026. La interrupción del suministro tendría efectos directos en la cadena de generación eléctrica y en sectores industriales con contratos de suministro de largo plazo. Fiscalmente, una reducción adicional en producción de hidrocarburos deterioraría los ingresos del sector que aporta más del 30% del recaudo de renta empresarial a la DIAN.
GeoPark formalizó su ingreso al mercado venezolano a través de la adquisición del bloque Bare en la Faja Petrolífera del Orinoco, transacción que implica transferir el control de la compañía al Grupo Gilinski. La operación tiene implicaciones tributarias y de gobierno corporativo para accionistas colombianos.
GeoPark anunció la adquisición del bloque Bare, activo productor de petróleo pesado ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en asocio con PDVSA. Como contraprestación, el Grupo Gilinski —ya accionista relevante de GeoPark— recibiría el control accionario de la compañía. La transacción debe ser evaluada por asesores en materia de régimen de matrices y subordinadas (Ley 222 de 1995), revelación de información ante SuperSociedades y potenciales obligaciones de retención en la fuente sobre dividendos pagados al exterior. GeoPark cotiza en la NYSE y tiene operaciones en Colombia, por lo que los cambios en control pueden activar deberes de información ante la SuperFinanciera.
La Secretaría de Hacienda Distrital busca acceder a financiamiento internacional directo sin el respaldo del Gobierno Nacional, en una figura piloto que modificaría las condiciones de endeudamiento territorial. Paralelamente, el impuesto vehicular acumula un faltante de $160.000 millones frente a la meta anual, con vencimiento de segunda cuota el viernes 5 de septiembre.
La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, confirmó que la ciudad negocia con el BID para convertirse en ciudad piloto de un esquema de endeudamiento sin garantía soberana de la Nación, lo que otorgaría mayor autonomía fiscal al Distrito. La segunda cuota del impuesto de vehículos en Bogotá vence el viernes 5 de septiembre de 2026; a la fecha, la ciudad registra un rezago de $160.000 millones frente a la meta de recaudo por este tributo. Bogotá también avanza en una emisión de bonos verdes y en la reforma tributaria distrital, que modifica tarifas de ICA para bares y restaurantes. El recaudo total distrital proyectado para 2026 es de $16,8 billones.
La administración De la Espriella alista la derogatoria de un decreto expedido en abril de 2026 que forzaba a los fondos de pensiones privados a reducir su exposición a activos del exterior. La medida, de ser formalizada, permitiría a las AFP restablecer su estrategia de diversificación internacional.
El decreto de repatriación, expedido por la administración anterior en abril de 2026, obligaba a las AFP a disminuir progresivamente su cartera en activos extranjeros, concentrando la inversión en TES y activos locales. Su derogatoria aliviaría la presión sobre los fondos —que administran $570 billones— y les permitiría diversificar riesgo fuera del mercado colombiano. La medida tiene implicaciones directas en el mercado de deuda pública, dado que los fondos privados son tenedores del 30% de los TES en circulación; una salida ordenada de posiciones podría generar presión al alza en las tasas de los títulos. La derogatoria aún no ha sido formalizada mediante decreto.
El Gobierno De la Espriella anunció modificaciones procedimentales para reducir los tiempos de expedición de licencias ambientales en Colombia. La medida busca destrabar proyectos de infraestructura, minería y energía que enfrentan demoras superiores a 18 meses en la ANLA.
El cambio es relevante para proyectos acogidos a los mecanismos de Obras por Impuestos (art. 238 Ley 1819 de 2016) y para concesionarios con obligaciones de cronograma contractual. A la fecha de publicación, el decreto aún no ha sido publicado en el Diario Oficial; se esperan detalles sobre los plazos máximos y las etapas suprimidas.
Mediante el Decreto 1335 de 2026, el Gobierno Nacional designó a Andrés Quevedo, hasta entonces Viceministro General de Hacienda, como presidente encargado del Fondo Nacional de Garantías (FNG). La designación es de carácter temporal.
El FNG es un instrumento clave en el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas empresas, y administra garantías que respaldan operaciones financieras por varios billones de pesos. El cambio ocurre en un momento de alta demanda de garantías para empresas en proceso de reactivación post-terremoto.
La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó mediante Resolución 0955 del 26 de junio de 2026 la fusión abreviada entre Cementos Argos S.A. y Concretos Argos S.A.
La operación consolida las operaciones de producción y distribución dentro del Grupo Argos. Para efectos tributarios, la fusión abreviada puede generar neutralidad fiscal en el impuesto de renta si se cumplen los requisitos del artículo 319-5 del Estatuto Tributario sobre reorganizaciones empresariales. Los asesores deben verificar el cumplimiento de los requisitos de revelación ante SuperSociedades y la correcta valoración de activos transferidos.
Indicadores Macro
TRM (3 de septiembre de 2026)$3.144,28 COP/USD-$39,72 (-1,25%) vs TRM anterior ($3.184,00)
La TRM oficial para el 3 de septiembre se sitúa en $3.144,28 por dólar, continuando la tendencia de apreciación del peso que acumula más de $60 de ganancia en las últimas dos jornadas. El mercado spot cerró el 2 de septiembre en $3.140,30, con mínimo intradía de $3.125, impulsado parcialmente por subastas de opciones del Banco de la República. La revaluación acumulada del peso supera el 18% desde los máximos recientes, lo que el gerente del BanRep ha señalado como motivo de cautela. El nivel actual es relevante para la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y para el cálculo de la base gravable en operaciones de comercio exterior.
Tasa de intervención — Banco de la República12,00% E.A.estable
La tasa de política monetaria del Banco de la República permanece en 12,00% efectivo anual. Con la inflación anual de julio 2026 en 6,03% y el déficit fiscal proyectado en 8,2% del PIB para 2026, el margen para recortes de tasa es limitado. El gerente del BanRep ha advertido que la política monetaria quedó 'arrinconada' ante la magnitud del déficit y la emisión masiva de TES, que desplaza el ahorro privado. El próximo comité de seguimiento de tasa debe evaluar el comportamiento de la inflación y la dinámica cambiaria antes de cualquier ajuste.
Plazo impuesto vehicular Bogotá — segunda cuotaVence viernes 5 de septiembre de 2026Rezago de $160.000 millones frente a meta de recaudo
La Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá tiene pendiente recaudar aproximadamente $160.000 millones para alcanzar la meta de ingresos por impuesto de vehículos en 2026. El vencimiento de la segunda cuota es el viernes 5 de septiembre. Los contribuyentes que no paguen en término podrán incurrir en intereses de mora y sanciones según el Estatuto Tributario Distrital. Esta es una alerta urgente para asesores con clientes personas naturales y jurídicas con flota vehicular en Bogotá.
Sector Empresarial
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Nuam Exchange reporta crecimiento del 53% en utilidad neta en el primer semestre de 2026, impulsado por la integración de los mercados de Colombia, Chile y Perú.
El holding bursátil Nuam, que agrupa a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la Bolsa de Santiago y la Bolsa de Lima, publicó resultados del primer semestre con una utilidad neta 53% superior al mismo período de 2025. El desempeño refleja los avances en la integración operativa y tecnológica de las tres bolsas. Para asesores, la consolidación de Nuam es relevante en materia de régimen tributario aplicable a transacciones bursátiles transfronterizas y la determinación de rentas exentas o gravadas según el artículo 36-1 del Estatuto Tributario.
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Brinsa anuncia inversión de $379.000 millones para fortalecer capacidad productiva, infraestructura y autonomía energética, con $18.000 millones ejecutados en tecnología durante 2026.
Brinsa, productora de sal y cloro-soda en Colombia, formalizó un plan de inversión por $379.000 millones orientado a ampliar capacidad instalada, modernizar infraestructura y desarrollar autonomía energética mediante fuentes renovables. La inversión puede ser relevante para efectos de deducción por depreciación acelerada (art. 137 ET) y los beneficios de renta exenta para proyectos de energías no convencionales (Ley 1715 de 2014, modificada por Ley 2099 de 2021). Los $18.000 millones ya ejecutados en 2026 en transformación tecnológica califican como activo fijo depreciable.
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Rodolfo Zea asume la presidencia de Fiducentral tras la designación de Carolina Escobar como gerente de Hidroituango.
Rodolfo Zea, con experiencia en Findeter, Fiduagraria y como exministro de Agricultura del gobierno Duque, asumió la presidencia de Fiducentral. El cambio se produce tras la designación de Carolina Escobar en Hidroituango. Para los asesores de clientes con negocios fiduciarios activos en Fiducentral, los cambios de administración pueden implicar revisión de instrucciones en encargos fiduciarios y actualización de representantes legales ante la DIAN.
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Camacol ByC y Colcapital presentan nueve medidas para ampliar la inversión inmobiliaria en Colombia y atraer fondos de capital privado al sector.
Los gremios proponen medidas como la creación de vehículos de inversión especializados, ajustes al régimen de fondos de capital privado (Decreto 2555 de 2010) y modificaciones en el tratamiento tributario de los rendimientos de fondos inmobiliarios. La propuesta cobra relevancia en el contexto de la reconstrucción post-terremoto y la necesidad de movilizar capital privado para vivienda. Los asesores tributarios deben monitorear si alguna de las medidas propuestas implica cambios en la retención en la fuente sobre utilidades distribuidas por fondos inmobiliarios.
Banca y FinTech
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Bre-B redefine el mapa de pagos digitales en Colombia: tarjetas, billeteras y transferencias bancarias entran en competencia directa bajo un marco de interoperabilidad total.
El sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, Bre-B, ha generado una reconfiguración del ecosistema de pagos al poner en competencia a bancos tradicionales, neobancos y billeteras digitales en condiciones de interoperabilidad. Para las empresas, el sistema plantea nuevas obligaciones en materia de conciliación contable y reporte de transacciones. La propuesta de MinHacienda de imponer una retención del 1,5% a pagos mediante Bre-B, Nequi y Daviplata —rechazada por Asobancaria— sigue sin resolución formal y podría reaparecer en la discusión de la reforma tributaria.
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CFA Cooperativa Financiera pide igualdad de condiciones frente a bancos para recaudar impuestos; reporta excedentes de $10.000 millones a julio de 2026.
El gerente general de la CFA Cooperativa Financiera, Jorge Alberto Corrales, planteó que las cooperativas financieras deben poder participar en el recaudo tributario en igualdad de condiciones con los bancos, en referencia a las autorizaciones que la DIAN otorga a entidades financieras para recibir declaraciones y pagos de impuestos (art. 800 ET). La entidad reporta excedentes de $10.000 millones a julio de 2026. La petición es relevante para asesores cuyos clientes usan cooperativas como canal habitual de pago de obligaciones tributarias.
Breves
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La Corte Constitucional aclaró que el auxilio funerario de Colpensiones se mantendrá vigente más allá de 2027 para los pensionados con derecho adquirido.
La Corte Constitucional precisó el alcance del auxilio funerario reconocido a los pensionados de Colpensiones, despejando dudas sobre su eliminación en 2027 como consecuencia de la reforma pensional. El beneficio, establecido en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993, cubre los gastos de entierro del pensionado y puede ser reclamado por quien los sufrague. La aclaración es relevante para asesores de personas naturales pensionadas que deben incluir este activo en la planificación patrimonial y sucesoral.
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Colcob alerta que el terremoto puede empujar a hogares y empresas afectadas hacia el crédito informal ('gota a gota') ante falta de acceso oportuno al sistema financiero.
La Confederación Colombiana de ONG Financieras (Colcob) advirtió que la demora en la activación de líneas de crédito formales para damnificados del sismo del 10 de agosto podría generar una migración hacia el crédito informal. La UNGRD ya activó apoyos económicos de hasta $1.050.543 mensuales para hogares en municipios categorías 1 y 2, y $875.452,50 para categorías 3 y 4. Las AFP suspendieron comisiones por retiro de cesantías durante tres meses para afectados (Porvenir, Protección y otras entidades de Asofondos). Para asesores, el retiro de cesantías sin comisión aplica exclusivamente para destinación en compra o reparación de vivienda.
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La minería podría generar US$7.000 millones en divisas y entre $5 y $6 billones anuales en renta y regalías durante los próximos cuatro años, según la Asociación Colombiana de Minería.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, señaló que estabilizar el marco regulatorio del sector minero permitiría capturar esos ingresos fiscales en un contexto de presión sobre el recaudo de renta. El dato es relevante dado que la reforma tributaria en discusión explora fuentes adicionales de ingreso. Los asesores en tributación de proyectos mineros deben seguir la evolución del régimen de regalías y la posible modificación de la sobretasa de renta para el sector extractivo.
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FedeCajas solicita al Gobierno un mecanismo legal para que las 42 cajas de compensación familiar puedan participar en la reconstrucción post-terremoto con sus recursos.
La Federación de Cajas de Compensación Familiar (FedeCajas) planteó la necesidad de una norma que flexibilice temporalmente el uso de los recursos parafiscales administrados por las cajas, permitiendo su canalización hacia programas de vivienda y apoyo a los damnificados del sismo del 10 de agosto. El uso de recursos de las cajas está regulado por la Ley 21 de 1982 y normas complementarias, que establecen destinaciones específicas. Cualquier modificación requeriría decreto legislativo bajo la emergencia o una ley ordinaria, con implicaciones en el tratamiento parafiscal de los aportes de los empleadores.
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