El Gobierno De la Espriella presentó versión recortada de su proyecto tributario, con un recaudo esperado de $16,3 billones, $10 billones menos que la propuesta original. Los principales ajustes incluyen sobretasa al sector financiero, mayor carga sobre ganancias ocasionales e IVA a compras internacionales por internet.
El proyecto fue reducido tras negociaciones previas a su radicación formal al Congreso, prevista para septiembre de 2026. La sobretasa al sector financiero y el incremento en ganancias ocasionales son las fuentes de recaudo más relevantes para asesores tributarios. La inclusión de IVA a compras internacionales en línea amplía la base gravable y exige ajustes en plataformas de comercio electrónico transfronterizo. La versión original estimaba un recaudo de $26,3 billones y fue descartada por presiones del sector privado y el contexto post-terremoto. El debate en comisiones económicas del Congreso deberá resolverse antes del 15 de septiembre.
La Superintendencia Financiera certificó la tasa de usura en 29,24% efectivo anual para septiembre, la primera reducción en lo que va de 2026 frente al 29,66% de agosto. Tres entidades —Itaú, Coltefinanciera y Banco Unión— deberán ajustar sus tasas al nuevo techo.
La reducción de 42 puntos básicos representa la primera caída de la tasa de usura en 2026, en el período de mayor consumo del año (septiembre-diciembre). Itaú registraba 29,62%, Coltefinanciera 29,54% y Banco Unión 29,53%, todos por encima del nuevo límite. Las entidades afectadas deben ajustar sus tarifas de crédito de consumo y ordinario de forma inmediata. La tasa de usura rige para créditos de consumo y ordinario conforme al artículo 884 del Código de Comercio y la circular de la SuperFinanciera. La reducción es modesta pero envía señal de inicio de ciclo bajista en el costo del crédito.
El EMBI Colombia se elevó a 142 puntos básicos tras la publicación del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 por $634,9 billones, con señales de mayor necesidad de financiamiento. En promedio, las tasas de los TES aumentaron 50 puntos básicos en la jornada.
El deterioro en la percepción de riesgo soberano se concentró en la jornada del 31 de agosto, luego de que trascendieran los detalles del proyecto presupuestal. ANIF alertó que las necesidades de financiamiento se duplican y llegarían a $266 billones si no se ejecuta el ajuste fiscal previsto. El pago de intereses de la deuda consumiría $94,42 billones del presupuesto 2027, y el servicio total de deuda explicaría $37,4 billones del incremento interanual. Las Comisiones Económicas del Congreso tienen plazo hasta el 15 de septiembre para pronunciarse sobre el monto. La presión sobre los TES impacta directamente los portafolios de renta fija y el costo de financiamiento corporativo.
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Mediante el Decreto 1348, el Gobierno amplió el perímetro de la emergencia nacional por el sismo del 10 de agosto de 2026, sumando a Caquetá y Santander y excluyendo a Putumayo. La declaratoria ahora cubre 16 departamentos y 496 municipios.
El Decreto 1348 modifica el mapa de excepción bajo el cual rigen medidas especiales de gasto, contratación directa y alivios tributarios coordinados por la UNGRD. La inclusión de Caquetá y Santander extiende el ámbito de aplicación de las normas de emergencia expedidas por DIAN (suspensión de términos), SuperFinanciera (Circular 007 de 2026) y Asobancaria (períodos de gracia). Empresas y contribuyentes en los nuevos territorios deberán verificar si quedan cobijados por los regímenes excepcionales vigentes. La salida de Putumayo implica que desde la fecha de la modificación cesan las medidas especiales para ese departamento. Asesores deben revisar con sus clientes la territorialidad de cada alivio aplicable.
El DANE publicó que la tasa de desocupación nacional en julio de 2026 fue 8,1%, con 2,16 millones de desocupados y 578.000 nuevos ocupados en doce meses. Siete de cada diez nuevos empleos correspondieron a trabajadores independientes.
La tasa de desocupación bajó 0,7 puntos porcentuales respecto al 8,8% de julio de 2025, consolidando varios meses en un solo dígito. La población ocupada llegó a 24,54 millones, un crecimiento de 2,4% anual. Sin embargo, la ANDI alertó sobre el riesgo de mayor informalidad en el suroccidente post-terremoto; la tasa de informalidad se mantuvo estancada en 54,5%. La generación de empleo formal sigue siendo el principal reto según los gremios. Los datos son parte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.
El Gobierno colombiano arrancó en septiembre de 2026 operaciones de canje de deuda interna (TES) para gestionar anticipadamente los vencimientos previstos desde enero de 2027. El plan también contempla endeudamiento externo por US$11.000 millones en 2026.
De los US$11.000 millones previstos para 2026, aproximadamente US$3.000 millones provendrían de mercados internacionales y el resto del mercado local de bonos. Los canjes buscan extender el perfil de vencimientos y reducir la presión de refinanciamiento en un contexto de tasas elevadas. El Presupuesto 2027 destina $94,42 billones solo al pago de intereses de deuda. La operación tiene impacto directo en el mercado secundario de TES y en los portafolios de fondos de inversión colectiva y pensiones obligatorias. Los detalles operativos serán definidos por la Dirección General de Crédito Público del MinHacienda.
Un grupo de concejales de Bogotá solicitó al alcalde Galán retirar el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 ante el impacto económico del terremoto. Paralelamente, otra propuesta busca reducir el ICA para bares y restaurantes y ampliar alivios fiscales en la reforma.
El proyecto original busca recaudar $1,2 billones anuales adicionales mediante ajustes en ICA y predial. La solicitud de retiro se sustenta en el efecto contractivo que la reforma tendría sobre sectores ya afectados por el sismo. La propuesta alternativa al Proyecto de Acuerdo 724 plantea tarifas diferenciales de ICA para el sector de alimentos y bebidas, así como plazos de pago más amplios. El calendario tributario 2026 de la SHD ya está vigente, con descuento del 10% en predial y recaudo proyectado de $16,8 billones. El debate en el Concejo continúa abierto sin fecha definida de votación.
La Bolsa de Valores de Colombia acumula un rendimiento de 17,27% entre enero y agosto de 2026, posicionándose como la segunda de mayor crecimiento en América Latina. Nueve acciones locales superan el índice principal, entre ellas Ecopetrol y Grupo Argos.
El desempeño bursátil contrasta con el deterioro en percepción de riesgo soberano (EMBI en 142 pbs) y la presión sobre la deuda pública. La encuesta de activos financieros de Davivienda evidenció una fuerte apuesta de inversionistas por acciones colombianas y una percepción creciente de que el dólar está barato. Ecopetrol y Grupo Argos lideran los retornos individuales en el mercado local. El dato es relevante para asesores en valoración de portafolios de renta variable y planeación tributaria de dividendos. La segunda posición regional refleja en parte la entrada de flujos de capital hacia activos de mayor riesgo/rendimiento.
Desde el 1 de septiembre de 2026 rige el programa obligatorio de ahorro de energía por fenómeno de El Niño. Los usuarios que consuman más del 10% por encima de su meta individual enfrentarán recargos de entre 30% y 70% en la tarifa.
El programa no implica un aumento formal de tarifa regulada, pero sí genera un mayor costo efectivo para usuarios residenciales y comerciales que no reduzcan su consumo. El mecanismo premia a quienes ahorren y penaliza los excesos, con impacto directo en el gasto operativo de empresas intensivas en energía. EPM ya inició racionamiento de agua en Medellín afectando cerca de 300.000 personas, lo que agrava el panorama del fenómeno climático. El precio de bolsa de energía promedia $1.047/kWh en agosto, un 30% más que en 2025. Asesores de empresas en sectores industriales deben incorporar este costo adicional en proyecciones de flujo de caja del segundo semestre.
El proyecto fue recortado en $10 billones frente a la propuesta original y contempla tres ejes: sobretasa al sector financiero, incremento en el impuesto a ganancias ocasionales e IVA sobre compras internacionales por internet. Las comisiones económicas del Congreso deben pronunciarse antes del 15 de septiembre de 2026.
El gobierno anterior (Petro) había radicado una tributaria por $21,9 billones que fue rechazada por el gobierno De la Espriella. La aprobación de esta versión ajustada es condición para cerrar parte del déficit fiscal estimado en 8,2% del PIB para 2026. Los sujetos obligados por el IVA a compras internacionales incluirían plataformas digitales y marketplaces con operación transfronteriza.
El Decreto 1348 redefine los 16 departamentos y 496 municipios cubiertos por la declaratoria de desastre nacional derivada del sismo del 10 de agosto de 2026. En los nuevos territorios incluidos (Caquetá y Santander) quedan vigentes las medidas excepcionales de gasto, contratación directa y alivios regulatorios ya expedidos por DIAN, SuperFinanciera y Asobancaria.
Para Putumayo, la exclusión implica el fin de los regímenes de excepción desde la fecha del decreto. Contribuyentes y empresas en los territorios afectados deben reverificar la aplicabilidad de los alivios tributarios (suspensión de términos DIAN) y financieros (Circular Externa 007 de 2026 de SuperFinanciera). El decreto fue expedido por el Gobierno De la Espriella en ejercicio de las facultades de emergencia económica.
La DIAN precisa que los consorcios y uniones temporales no son considerados residentes cambiarios conforme al artículo 2.17.1.2 del Decreto 1068 de 2015 y la Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 del Banco de la República. En operaciones de cambio por servicios o transferencias, la Declaración de Cambio debe registrar el número de identificación de uno de los partícipes.
El concepto aclara los requisitos de información del numeral 10.12 de la DCIP-83 para estas figuras asociativas. Es relevante para consorcios que ejecuten contratos públicos con pagos en divisas o reciban transferencias del exterior. El concepto tiene alcance vinculante para los partícipes en cuanto a sus obligaciones de canalización y reporte cambiario.
La Sección Cuarta unificó jurisprudencia sobre el término de firmeza de las declaraciones de IVA y retención en la fuente presentadas antes de la Ley 223 de 1995, estableciendo independencia y autonomía en el cómputo del término por cada declaración. El artículo 705-1 del Estatuto Tributario tiene carácter especial y aplicación preferente sobre las reglas generales de firmeza.
El fallo implica un cambio de precedente debidamente motivado, con fundamento en la Sentencia SU-406 de 2016 de la Corte Constitucional. La decisión delimita el alcance de la unificación de términos de firmeza de renta, ventas y retención en la fuente, con impacto en procesos de fiscalización y corrección actualmente en curso. Asesores deben revisar expedientes con declaraciones de períodos anteriores a 1996 que puedan estar sujetos a discusión de firmeza.
El Ministerio de Transporte prepara un borrador de decreto para ajustar los plazos de la revisión técnico-mecánica (tecnomecánica) de vehículos, en el marco de la hoja de ruta del nuevo gobierno. El ajuste busca reducir la carga regulatoria y el costo asociado para propietarios de vehículos.
La medida se vincula también a la revisión de las multas de tránsito, donde el gobierno prometió reducciones de hasta 50%. Aún no hay texto oficial ni fecha de expedición; el decreto está en fase de consulta interna. El impacto para asesores de flotas empresariales y sectores de transporte puede ser relevante en la estructura de costos operativos.
Indicadores Macro
TRM (1 de septiembre de 2026)$3.213,97 COP/USD+$11,18 vs jornada anterior (+0,35%)
La TRM certificada por la Superintendencia Financiera para el 1 de septiembre de 2026 se ubicó en $3.213,97, con un incremento de $11,18 frente al día previo. El dólar en mercado spot cerró $11,48 por encima de la TRM, reflejando presión alcista impulsada por la escalada en el Medio Oriente y la aversión al riesgo global. En lo que va de agosto el peso acumuló una depreciación significativa, revirtiéndose parte de la apreciación de semanas anteriores. El nivel actual representa un incremento de más de $150 frente a la TRM de finales de julio. La presión cambiaria eleva el costo de importaciones y deuda externa denominada en dólares para empresas colombianas.
Tasa de Desocupación Nacional (julio 2026)8,1%-0,7 p.p. vs julio 2025 (8,8%)
El DANE reportó una tasa de desocupación nacional de 8,1% en julio de 2026, con 2,16 millones de desocupados, 160.000 menos que un año atrás. Los ocupados llegaron a 24,54 millones, un aumento de 578.000 personas en doce meses. Siete de cada diez nuevos empleos fueron generados por trabajadores independientes, lo que mantiene la preocupación por la calidad del empleo. La informalidad se mantiene estancada en 54,5%, con alertas de la ANDI por posible deterioro en zonas afectadas por el terremoto. Los datos corresponden a la Gran Encuesta Integrada de Hogares publicada el 31 de agosto de 2026.
Tasa de Usura (septiembre 2026)29,24% efectivo anual-42 pbs vs agosto 2026 (29,66%)
La Superintendencia Financiera certificó la tasa de usura en 29,24% efectivo anual para el mes de septiembre de 2026, la primera reducción en el año. Itaú, Coltefinanciera y Banco Unión registraban tasas de 29,62%, 29,54% y 29,53% respectivamente, superando el nuevo techo, y deberán ajustar sus productos de crédito de consumo y ordinario de inmediato. La reducción responde parcialmente al inicio del ciclo desinflacionario esperado, aunque la inflación anual aún se ubica en 6,03%. La tasa rige para créditos de consumo y ordinario conforme al artículo 884 del Código de Comercio. Una caída adicional en los próximos meses dependerá de la trayectoria de la inflación núcleo.
Utilidades Banco de la República (acumulado a julio 2026)$9,11 billones (proyección revisada al cierre 2026)-39,2% vs mismo período 2025
El Banco de la República reportó que sus utilidades acumuladas a julio de 2026 cayeron 39,2% frente al mismo período del año anterior. La entidad revisó su proyección de ganancias totales para el cierre de 2026 a $9,11 billones, frente a la meta de $9,7 billones fijada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El menor desempeño impacta las transferencias al Gobierno Nacional, una fuente de financiamiento del presupuesto. La primera asistencia del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, a la Junta Directiva del Emisor se dio en la reunión del 31 de agosto, donde se ratificó la tasa en 12%. Las cifras son publicadas mensualmente por el BanRep en sus informes financieros.
Sector Empresarial
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Fitch advierte presión fiscal en gobiernos locales de zonas afectadas por el terremoto; el impacto en entidades con bajo margen fiscal puede afectar obligaciones tributarias y contractuales locales.
La calificadora Fitch Ratings señaló que gobiernos municipales con debilidad institucional o escaso margen fiscal en las zonas del sismo enfrentan riesgo de incumplimiento en sus obligaciones. El impacto macroeconómico del terremoto se estima en hasta $42,1 billones (2,3% del PIB), con Valle del Cauca concentrando el 65% de los daños. Las aseguradoras han pagado $42.992 millones en indemnizaciones sobre 66.370 reclamaciones recibidas en tres semanas, cifra que se multiplicó 3,8 veces frente al balance anterior. Empresas con contratos con entidades territoriales deben monitorear la capacidad de pago de sus contrapartes públicas. El análisis de Fitch no modifica la calificación soberana pero sí advierte sobre riesgo subnacional.
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Asointermedias propone usar el mecanismo de Obras por Impuestos y activos de la SAE para financiar la reconstrucción post-terremoto.
La asociación planteó ante el Congreso y el Gobierno la activación del mecanismo de Obras por Impuestos (Ley 1819 de 2016, modificada por la Ley 2010 de 2019) para canalizar recursos privados hacia la reconstrucción en zonas de desastre. Adicionalmente, propuso incorporar activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como respaldo patrimonial para proyectos de infraestructura en los 16 departamentos cubiertos por la emergencia. El mecanismo permitiría a contribuyentes del impuesto de renta ejecutar obras de infraestructura como pago anticipado del tributo. La propuesta complementa los US$150 millones de CAF y Banco de Occidente ya anunciados para reactivación empresarial. Su viabilidad depende de la reglamentación expedida por MinHacienda y la DIAN.
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Ecopetrol confirma cambios en dos vicepresidencias tras sesión extraordinaria de junta; proceso de renovación gerencial continúa antes de la asamblea del 15 de septiembre.
Ecopetrol anunció cambios en las vicepresidencias Corporativa de Ciencia, Tecnología e Innovación y Ejecutiva de Energías para la Transición, en lo que constituye la segunda ronda de ajustes gerenciales desde que el Gobierno De la Espriella convocó la asamblea extraordinaria del 15 de septiembre. Los cambios en alta gerencia son relevantes para la dirección estratégica de la compañía en exploración y transición energética. La asamblea deberá elegir nueve candidatos a junta directiva propuestos por el Gobierno. El proceso de renovación tiene implicaciones para los accionistas minoritarios y para la estructura de gobierno corporativo de la empresa más grande del país. Ecopetrol es a su vez la principal fuente de dividendos y regalías del Estado colombiano.
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Sector de hidrocarburos podría aportar $695 billones en ingresos fiscales en 25 años si Colombia reactiva la exploración; sin nuevos proyectos, las importaciones de gas llegarían al 65% de la demanda en 2035.
Naturgas y gremios petroleros advirtieron que las reservas probadas actuales de Colombia se agotarán hacia 2035 sin nuevas exploraciones, lo que elevaría las importaciones de gas al 65% de la demanda y de petróleo a más del 90% hacia 2045. Entre 2025 y 2050, los aportes fiscales por regalías, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol podrían sumar $695 billones si se reactiva el sector. La producción petrolera cayó 27,3% entre 2015 y julio de 2026, y la de gas descendió 31,8% en el mismo período. El primer proyecto de fracking estaría listo en 18 meses y aportaría hasta 100 millones de pies cúbicos de gas, insuficiente para cubrir el déficit proyectado. El debate tiene impacto directo en el recaudo fiscal de largo plazo y en la sostenibilidad del gasto social.
Banca y FinTech
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Tasa de usura de septiembre obliga a tres entidades a ajustar tarifas; el nuevo techo de 29,24% es la primera señal de alivio en el costo del crédito de consumo en 2026.
Itaú Colombia, Coltefinanciera y Banco Unión deberán reducir sus tasas de interés en productos de crédito de consumo y ordinario al nuevo techo de 29,24% efectivo anual certificado por la SuperFinanciera. La reducción de 42 pbs es la primera del año y coincide con el inicio de la temporada de mayor consumo (septiembre-diciembre), relevante para el volumen de cartera de consumo. La tasa de usura opera como límite máximo según el artículo 884 del Código de Comercio; su incumplimiento puede generar sanciones de la SuperFinanciera. El ajuste puede generar oportunidades para renegociación de créditos vigentes por parte de deudores.
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Nuevo decreto laboral reglamenta protecciones frente al acoso laboral, violencia y discriminación en el trabajo; impacto en obligaciones de empleadores.
El Gobierno expidió un decreto que amplía las rutas de protección para trabajadores víctimas de acoso laboral, violencia y discriminación en el lugar de trabajo, en desarrollo de la Ley 1010 de 2006 y la reforma laboral de 2025. Los empleadores deberán actualizar sus reglamentos internos y protocolos de atención a víctimas conforme a los nuevos lineamientos. El incumplimiento puede derivar en investigaciones de la UGPP y el Ministerio de Trabajo, así como en sanciones administrativas. El decreto también establece medidas de protección reforzada para trabajadores en zonas de emergencia por el terremoto. Asesores de recursos humanos y tributaristas deben revisar la deducibilidad de los costos asociados a la implementación de estos programas.
Breves
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Contraloría Distrital detectó hallazgo por $7.906 millones en cartera tributaria de la Secretaría de Hacienda de Bogotá correspondiente a vigencias 2017-2019.
La SHD explicó que las obligaciones observadas corresponden a cartera en cobro coactivo de los años 2017, 2018 y 2019, y que los procesos de recuperación están en curso conforme a los procedimientos del Estatuto Tributario Distrital. El hallazgo no implica pérdida definitiva de recursos, pero sí evidencia rezagos en la gestión de cobro. Para asesores, el caso es relevante como referencia de los plazos y riesgos en procesos de cobro coactivo distrital. La Contraloría Distrital tiene facultades de advertencia y seguimiento sobre la gestión fiscal de la SHD.
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Iván Sánchez es nombrado nuevo director de la ADRES, entidad responsable del flujo de recursos del sistema de salud colombiano.
Sánchez Arango asume la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad clave en el giro de recursos a EPS, IPS y prestadores. Su llegada se da en un contexto de presión sobre los flujos de caja del sistema, con Nueva EPS en proceso de inyección de más de $1 billón para pagos a prestadores. El nombramiento es relevante para empresas del sector salud con cuentas por cobrar ante la ADRES. La ADRES maneja anualmente más de $60 billones en recursos del sistema de salud.
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María Rocío Cortés, superintendente de Industria y Comercio, asume también como Superservicios encargada.
La designación encarga a Cortés de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de forma simultánea a su rol en la SIC, en el marco de los ajustes institucionales del nuevo gobierno. La Superservicios tiene un papel crítico en la supervisión de empresas de energía, agua y gas, sectores con alta exposición al contexto de El Niño y la emergencia por terremoto. El encargo es temporal mientras se designa un titular. Para empresas de servicios públicos, la figura de encargo puede generar incertidumbre regulatoria en decisiones de tarifas y sanciones.
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Incendios forestales en Tolima dejan 50.000 hectáreas y 28.000 productores afectados, con pérdidas superiores a $134.000 millones en el sector agropecuario.
La Gobernación de Tolima reportó 332 incendios desde el 1 de agosto de 2026, afectando 22.000 cabezas de ganado y más de 28.000 productores. Las pérdidas estimadas superan los $134.000 millones, cifra revisada al alza frente a los $50.000 millones reportados inicialmente. El gobierno anunció recursos de emergencia para recuperar cultivos, aunque no se han precisado montos ni mecanismos de distribución. Para efectos tributarios, las pérdidas por fuerza mayor en activos agropecuarios pueden ser deducibles conforme al artículo 148 del Estatuto Tributario, previa certificación. El fenómeno de El Niño agrava la situación hídrica y aumenta el riesgo de nuevos incendios en otras regiones.
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Bogotá publica calendario tributario 2026: predial con 10% de descuento; recaudo distrital proyectado en $16,8 billones.
La Secretaría Distrital de Hacienda publicó el calendario tributario 2026, que establece fechas y condiciones para el pago de predial unificado (con descuento del 10% por pago oportuno), impuesto de vehículos e ICA. El distrito proyecta un recaudo total de $16,8 billones en impuestos durante el año. El calendario es relevante para asesores de personas naturales y jurídicas con obligaciones tributarias distritales. Las fechas límite para aprovecharse del descuento en predial no han sido precisadas en los materiales disponibles; se recomienda consultar directamente la SHD. El contexto del debate sobre la reforma tributaria distrital (Proyecto 724 de 2026) puede modificar algunas tarifas hacia 2027.
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