El presidente De la Espriella formalizó la emergencia económica y anunció el 'Fondo Milagro' como vehículo de canalización de recursos para familias, comerciantes y pequeños empresarios afectados. El mecanismo operará con recursos del crédito del Banco Mundial y aportes público-privados.
La emergencia económica fue decretada formalmente la noche del 12 de agosto de 2026, habilitando al gobierno para expedir decretos con fuerza de ley en materia fiscal y presupuestal. El 'Fondo Milagro' se perfila como el instrumento central de reconstrucción, de forma análoga al FOREC creado tras el terremoto de 1999. Fenalco propuso adicionalmente el 'Fondo Fénix', un mecanismo público-privado inspirado en el mismo antecedente. El Banco Mundial tiene aprobada una línea inicial de hasta US$200 millones, escalable; representantes del organismo se reunieron con el gobierno el 13 de agosto. El exministro Juan Camilo Restrepo estima que la reconstrucción total podría costar entre $20 y $40 billones.
El ministro de Hacienda Miguel Gómez reiteró que el gobierno no subirá impuestos para financiar la reconstrucción y que el ajuste se hará recortando burocracia en el PGN. El cupo de deuda interna disponible para lo que resta de 2026 es de apenas ~$2 billones tras el agotamiento del margen por el gobierno Petro.
En entrevista con El Tiempo, Gómez señaló que el presupuesto 'está lleno de burocracia' y que el ajuste de $20 billones anunciado se ejecutará por la vía del gasto. El cupo de endeudamiento doméstico para 2026 está prácticamente agotado, lo que obliga al gobierno a recurrir a fuentes externas como el Banco Mundial y el CAF —que anunció movilización de US$48 millones— para atender la emergencia. El PGN 2027 fue devuelto por el Congreso y será radicado el 26 de agosto, lo que añade presión al calendario fiscal. La reforma tributaria propia del gobierno se radicará en septiembre; por ahora no se contemplan nuevos tributos.
Andrés Felipe Velásquez, recién posesionado como director de la DIAN, criticó públicamente el fracaso de la ley de financiamiento del gobierno Petro y reclamó una reforma tributaria que revise exenciones con análisis costo-beneficio. La postura marca el tono técnico de la nueva dirección de la entidad.
Velásquez —abogado de la Universidad Nueva Granada con maestría en fiscalidad internacional— fue oficializado como director de la DIAN el 12 de agosto de 2026 mediante decreto del gobierno De la Espriella. En sus primeras declaraciones públicas criticó que Colombia no puede sostener beneficios tributarios indefinidos sin revisión periódica. La posición es coherente con la agenda del nuevo MinHacienda, que proyecta radicar una reforma tributaria en septiembre con meta de $26,3 billones. La DIAN acumula un recaudo de $178,7 billones a julio de 2026, pero el gobierno heredó un déficit fiscal que exige ajustes adicionales estimados por el CARF en hasta $30,2 billones en ingresos.
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La DIAN y expertos tributarios precisaron que las donaciones realizadas a entidades certificadas con destino a las víctimas del terremoto del 10 de agosto generan un descuento en el impuesto de renta del 37% o 25% según el tipo de bien donado. Congresistas además proponen eliminar temporalmente el IVA a materiales de construcción.
El descuento del 37% aplica a donaciones en dinero a entidades del régimen tributario especial o entidades sin ánimo de lucro calificadas; el del 25% aplica a donaciones en especie, conforme al artículo 257 del Estatuto Tributario. Las donaciones deben canalizarse a destinatarios certificados por la DIAN para ser deducibles. Un congresista presentó iniciativa para suprimir temporalmente el IVA (tarifa general del 19%) a materiales de construcción requeridos en la reconstrucción, aunque aún no está radicada formalmente. El decreto de aplazamiento de vencimientos tributarios en nueve ciudades afectadas ya fue expedido por MinHacienda el 12 de agosto.
El decreto de emergencia modifica los plazos de presentación de la declaración de renta para personas naturales domiciliadas en los municipios afectados por el sismo del 10 de agosto. El aplazamiento evita sanciones e intereses para quienes cumplan la condición territorial.
Las fechas ordinarias de declaración de renta para personas naturales AG 2025 iniciaron el 12 de agosto de 2026 y cierran el 26 de octubre. Para contribuyentes en los municipios cubiertos por el decreto, el plazo se extiende hasta un mes adicional según las cédulas afectadas. La condición para evitar multas e intereses es acreditar domicilio fiscal en las zonas declaradas en emergencia. Los asesores deben verificar si sus clientes califican según el NIT y domicilio registrado ante la DIAN. Los contribuyentes no cobijados por el decreto mantienen sus fechas originales.
En julio de 2026, MinHacienda y los fondos de pensiones privados (AFP) fueron los principales compradores netos de Títulos de Tesorería (TES), mientras los fondos de capital extranjero revirtieron su posición compradora por primera vez desde abril. El giro marca un punto de inflexión relevante para el mercado de deuda pública.
Los fondos extranjeros habían acumulado compras netas sostenidas de TES durante tres meses consecutivos, impulsados por la apreciación del peso y las expectativas de política monetaria. En julio realizaron sus primeras ventas netas, posiblemente influenciados por la incertidumbre fiscal post-sismo y el agotamiento del cupo de deuda interna. Las AFP, con mandato de inversión en deuda pública local, absorbieron parte de esa oferta. La tasa de los TES a un año había caído 123 pbs desde las elecciones, de 13,9% a 12,67%, según datos previos. El comportamiento del mercado secundario será clave para estimar el costo de la deuda en el PGN 2027.
El Congreso eligió a Jorge Eliécer Laverde Vargas como nuevo Contralor General de la República el 12 de agosto de 2026, con 269 votos. La elección se realizó pese al terremoto, evitando posibles vicios procesales por el aplazamiento.
Laverde Vargas asume la Contraloría General para el período 2026-2030, relevando al contralor saliente. La elección se llevó a cabo el mismo día del decreto de emergencia económica, lo que le dará al nuevo contralor un papel central en la fiscalización del gasto de reconstrucción. El organismo de control tendrá bajo su vigilancia los recursos del 'Fondo Milagro', los créditos del Banco Mundial y el CAF, y los contratos de reconstrucción. El hallazgo fiscal de $824.960 millones contra la ANI por el corredor Chirajara-Fundadores es uno de los expedientes pendientes que heredará.
Asobancaria coordinó un protocolo de protección financiera para clientes de las zonas afectadas por el terremoto, que incluye periodos de gracia de hasta 12 meses, trámites simplificados y atención prioritaria. BBVA, Caja Social y Banco de Occidente también reanudaron operaciones en sus oficinas revisadas.
El protocolo de Asobancaria contempla tres niveles de alivio: periodos de gracia en capital e intereses, modificación de condiciones de crédito y atención prioritaria en sucursales habilitadas. Los casos de mayor afectación podrán acceder al periodo máximo de 12 meses sin penalidades. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) activó coberturas de seguro y habilitó tres tipos de alivios crediticios tramitables en línea. Davivienda informó que las zonas afectadas representan el 6% de su cartera de préstamos, dato relevante para estimar el impacto en provisiones del sector. Los bancos mantienen canales digitales activos para la totalidad del país.
El presidente Abelardo De la Espriella decretó formalmente la emergencia económica el 12 de agosto de 2026 en virtud del artículo 215 de la Constitución Política, habilitando la expedición de decretos legislativos en materia fiscal, presupuestal y financiera. El 'Fondo Milagro' fue anunciado como el vehículo central para canalizar recursos hacia familias, comerciantes y pequeños empresarios afectados.
El decreto complementa el de desastre nacional expedido el 11 de agosto y el de aplazamiento de vencimientos tributarios. Los decretos legislativos derivados de la emergencia económica tienen fuerza de ley durante el término de la declaratoria y deben ser revisados por la Corte Constitucional. Se espera que en los próximos días se expidan decretos sobre alivios tributarios adicionales, acceso a crédito de fomento y contratación directa para la reconstrucción.
Un congresista presentó ante el Congreso de la República una propuesta para suspender temporalmente el IVA (tarifa del 19%) sobre materiales de construcción destinados a la reconstrucción de inmuebles en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La iniciativa aún no ha sido radicada formalmente como proyecto de ley; su viabilidad jurídica dependería de si se tramita como decreto legislativo en el marco de la emergencia económica o como proyecto ordinario.
El impacto fiscal de una medida similar en 1999 (post Armenia) fue absorbido parcialmente por el FOREC. El Gobierno no ha respaldado oficialmente la propuesta, que podría colisionar con el compromiso de no crear nuevos alivios tributarios no estructurales.
El Ministerio de Minas y Energía aprobó la licencia para ampliar la capacidad de importación de gas natural licuado (GNL) de la terminal de regasificación de Cartagena operada por SPEC LNG, con el fin de garantizar el suministro ante el fenómeno de El Niño y la reducción de reservas de gas. Esta decisión es relevante para empresas con contratos de suministro indexados al precio del gas de importación, que podría trasladarse a tarifas industriales.
Las reservas de gas de Colombia se redujeron 54,6% entre 2018 y 2025, según la ANH. Más de 10.100 familias en zonas afectadas por el terremoto permanecen sin servicio de gas, lo que añade urgencia al abastecimiento. El nuevo director de la ANH, Ernesto Forero, tendrá como mandato prioritario aumentar las reservas.
El Ministerio del Trabajo habilitó la modalidad de trabajo remoto temporal para los funcionarios de seis sedes institucionales ubicadas en municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La medida busca garantizar la continuidad de los servicios de inspección laboral, atención al ciudadano y tramitación de prestaciones en las regiones siniestradas.
Esta habilitación se da en el marco del Decreto 555 de 2022 que regula el teletrabajo y el trabajo remoto en entidades públicas. Los empleadores privados con instalaciones dañadas en zonas de emergencia pueden aplicar la misma figura sin requerir autorización adicional, conforme al Código Sustantivo del Trabajo. El MinTrabajo también ordenó avanzar con 209 nombramientos de carrera administrativa pendientes.
Indicadores Macro
TRM$3.121,07 COP/USD-$23,07 vs cierre del 12 ago ($3.144,14)
La TRM del 13 de agosto de 2026 se ubica en $3.121,07, continuando la tendencia bajista del peso que acumula una caída de $317,51 en lo corrido de agosto y más de $630 desde enero de 2026. El dólar rebotó levemente en la jornada del 12 de agosto cerrando en $3.121,07 tras tensiones geopolíticas en Medio Oriente. BanRep ha comprado US$385,9 millones para frenar la apreciación, pero el peso sigue fortaleciéndose. La revaluación continúa generando presión sobre exportadores y sobre la cuenta corriente.
IBR Overnight11,179% nominal-0,008 pp vs dato previo (11,187%)
El IBR Overnight se situó en 11,179% con fecha de referencia 12 de agosto de 2026, según publicación del Banco de la República. El indicador mantiene una brecha de aproximadamente 82 pbs por debajo de la tasa de política del 12%, reflejando condiciones de liquidez interbancaria holgadas. La próxima decisión de la Junta Directiva del BanRep está programada para el 30 de septiembre de 2026. El IBR es referencia para créditos de consumo, hipotecarios y corporativos de tasa variable en Colombia.
Sector Empresarial
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Construcciones El Cóndor revierte pérdidas: margen operacional pasa de -17,49% en H1 2025 a +17,93% en H1 2026, una mejora de más de 35 puntos porcentuales.
Los ingresos operacionales de El Cóndor en Q2 2026 ascendieron a $322.611 millones. La mejora en rentabilidad se atribuye a la normalización de la ejecución de obra y control de costos. La compañía sigue expuesta a proyectos de infraestructura vial que podrían verse afectados o beneficiados por el plan de reconstrucción post-sismo.
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Cementos Argos supera $2 billones en ingresos en H1 2026 y proyecta exportar hasta 8.000 toneladas mensuales a Venezuela.
Los ingresos del primer semestre superaron los $2 billones, con Q2 aportando más de $1 billón. La compañía proyecta crecimiento en el mercado colombiano impulsado por obras como Quora y el nuevo estadio El Campín. Las exportaciones a Venezuela podrían crecer significativamente en el contexto de la reactivación de la agenda económica bilateral. La plataforma Argos Materials en EE.UU. completó su tercer embarque de prueba a Tampa.
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Odinsa aumentó 36% su utilidad en H1 2026 e ingresos crecieron, en paralelo a su evolución hacia plataforma de gestión de activos con meta de US$5.000 millones en cinco años.
La compañía avanza en su transformación hacia Grupo Argos Asset Management, que estructurará proyectos de infraestructura, atraerá inversionistas institucionales y administrará portafolios de concesiones. Grupo Argos será el inversionista ancla del nuevo vehículo. La acción preferencial de Grupo Argos ingresó al índice MSCI Small Cap en la revisión de agosto de 2026, y la ordinaria acumula un alza del 18% desde el anuncio del plan ACE 1.0.
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ANDI y empresas afiliadas lanzan plan 'Empresas Unidas por Colombia' con más de $9.100 millones donados en el primer día del Congreso Empresarial Colombiano.
El sector privado movilizó recursos en efectivo, alimentos, medicamentos, materiales y logística desde el primer día del Congreso de la ANDI el 12 de agosto. Alquería anunció donación de $500 millones. Las donaciones corporativas pueden generar descuentos en renta del 37% o 25% si se canalizan a entidades certificadas por la DIAN. El plan contempla también capacidad de ejecución directa de empresas constructoras y de logística para la fase de reconstrucción.
Banca y FinTech
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Davivienda revela que las zonas afectadas por el sismo representan el 6% de su cartera de préstamos; el banco está pendiente de aprobaciones regulatorias para la transferencia de activos y pasivos entre entidades del grupo.
La exposición del 6% de la cartera de Davivienda en municipios afectados implica un riesgo de deterioro de cartera que deberá monitorearse en los estados financieros de Q3 2026. El banco reportó utilidad neta de $1,2 billones en H1 2026. La SuperFinanciera deberá aprobar la transferencia de activos y pasivos entre Davivienda y Banco Davivienda prevista para el segundo semestre, un proceso de reorganización interna relevante para el grupo.
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DaviPlata alcanza 19 millones de clientes y 2,7 millones de usuarios en su segmento empresarial Mi Negocio, consolidando el liderazgo del ecosistema digital de Davivienda.
Nequi y DaviPlata mantienen el liderazgo del mercado de neobancos en Colombia, aunque enfrentan competencia creciente de plataformas digitales de bancos tradicionales e internacionales. La inclusión financiera en Colombia pasó del 67,2% en 2012 al 92,3% en 2022, impulsada por la regulación de finanzas abiertas y la modernización de infraestructura de pagos (Bre-B). Bancos tradicionales están lanzando plataformas digitales propias mientras actores internacionales buscan capturar participación en el mercado local.
Breves
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DANE publicó cifras de pobreza monetaria 2025: uno de cada diez colombianos vivió en pobreza extrema; Chocó, La Guajira y Sucre lideran la incidencia con más del 50% de su población bajo la línea de pobreza ($482.041/mes per cápita).
Los datos de pobreza monetaria son insumo directo para el cálculo de subsidios, focalización del gasto social y diseño de beneficios tributarios diferenciales. La línea de pobreza extrema se sitúa por debajo de los $482.041 mensuales per cápita. Los departamentos más afectados por el terremoto (Chocó, Valle del Cauca) coinciden con los de mayor vulnerabilidad socioeconómica, lo que agrava el desafío fiscal de la reconstrucción.
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Gobierno De la Espriella alista decreto de retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados, en línea con la Ley 1821 de 2016 que fijó la edad de retiro forzoso en 70 años.
El decreto en preparación busca aplicar el retiro forzoso a funcionarios que ya sean beneficiarios de pensión de vejez o invalidez, independientemente de su edad, como medida de ajuste burocrático. La Ley 1821 de 2016 elevó la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años en cargos públicos, pero no eliminó la causal por pensión. La medida tendría impacto en la planta de personal de entidades del orden nacional y podría generar litigios ante el Consejo de Estado por interpretación de derechos adquiridos.
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BanRep advierte que el servicio de la deuda explica la mayor parte del crecimiento del PGN 2027, con riesgos fiscales que el CARF estima en un desvío del 2,2% del PIB respecto a las metas oficiales.
El Banco de la República señaló que el gasto en intereses es el principal impulsor del incremento del Presupuesto General de la Nación 2027, comprometiendo el espacio para inversión y gasto social. El CARF estima que, sin ajustes, el gasto podría superar en 2,2 puntos del PIB las metas oficiales, exigiendo correcciones equivalentes al 3,7% del PIB para cumplir el déficit primario objetivo. Esta advertencia se produce mientras el nuevo gobierno negocia el crédito de emergencia con el Banco Mundial y prepara el nuevo PGN para radicación el 26 de agosto.
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Arriendos post-terremoto: la ley colombiana permite reducir el canon o terminar el contrato si el inmueble resulta afectado estructuralmente por el sismo.
Según la Ley 820 de 2003, el arrendatario puede solicitar la terminación anticipada del contrato sin penalidad si el inmueble presenta daños que impidan su uso o habitabilidad, o si las autoridades ordenan su desalojo. Si el daño es parcial, procede la reducción proporcional del canon. El arrendador debe tramitar el avalúo de daños ante el respectivo curador urbano o autoridad competente. Los asesores deben revisar cláusulas de fuerza mayor en contratos corporativos de arrendamiento en las zonas de emergencia.
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