El gobierno De la Espriella designó a Andrés Felipe Velásquez, abogado tributarista y socio fundador de Velásquez Osorio Abogados, como director general de la DIAN. El nombramiento se inscribe en el reordenamiento institucional del nuevo gabinete.
Velásquez es reconocido en el gremio jurídico por su trayectoria en derecho tributario corporativo y litigios ante la DIAN y el Consejo de Estado. Su designación fue formalizada mediante Decreto 1136 del 7 de agosto de 2026, que oficializó el gabinete ministerial completo. El perfil de Velásquez sugiere un enfoque técnico-legal en la administración tributaria, en contraste con perfiles más politizados de gestiones anteriores. El nuevo director asume con el recaudo acumulado a julio en $178,7 billones y la presión de definir la postura de la entidad frente a la reforma tributaria propia que prepara el Ejecutivo. Asesores deben anticipar posibles cambios en criterios de fiscalización y en la posición institucional frente a litigios tributarios activos.
El ministro de Hacienda Miguel Gómez declaró que el gobierno De la Espriella recibe 'el déficit fiscal más grande de nuestra historia' y reiteró el recorte de $20 billones como acción prioritaria. El funcionario señaló un 'ambiente positivo' para ejecutar el ajuste.
Gómez no entregó cifras actualizadas del déficit en sus declaraciones del 8 de agosto, pero su diagnóstico coincide con alertas previas de la Contraloría sobre cuatro hallazgos billonarios en el empalme. El ajuste de $20 billones implica revisión de funcionamiento, inversión y transferencias; el MinHacienda aún no ha publicado la distribución del recorte por sectores. Centro Democrático solicitó formalmente revisar $60,2 billones del Presupuesto General de la Nación 2027 presentado por el gobierno Petro, de los cuales $30,2 billones corresponden a ingresos contingentes sin fuente aprobada. El PGN 2027 podría ser devuelto al Ejecutivo para ajuste antes de su trámite en el Congreso. Asesores deben monitorear el impacto del recorte sobre contratos estatales y ejecución presupuestal en el segundo semestre de 2026.
Economistas y gremios calificaron como 'necesaria' y 'positiva' la eliminación del impuesto al patrimonio anunciada por el presidente De la Espriella en su discurso de posesión. El exdirector de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía argumentó que el tributo grava el capital sin considerar su rentabilidad real.
El impuesto al patrimonio vigente, establecido por la Ley de Financiamiento (Ley 2277 de 2022), aplica a personas naturales con patrimonio líquido superior a $72.000 UVT (aprox. $3.500 millones en 2026) con tarifas de hasta el 1,5% anual. Su eliminación requeriría reforma legal en el Congreso o decreto con fuerza de ley bajo estado de emergencia económica. Mejía señaló que el tributo desincentiva la acumulación de capital productivo y afecta la competitividad frente a otros países de la región. Fenalco y Andi coincidieron en respaldar la medida como señal pro-inversión del nuevo gobierno. Asesores deben advertir a clientes que la eliminación no es inmediata: requiere trámite legislativo y no aplicaría sobre declaraciones del año gravable 2025 (plazo de personas naturales desde el 12 de agosto).
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A partir del 12 de agosto de 2026 comienzan los plazos para que personas naturales presenten la declaración de renta del año gravable 2025 ante la DIAN, con ventana que se extiende hasta el 26 de octubre. La DIAN asigna fechas según los dos últimos dígitos del NIT.
El calendario aplica a personas naturales y sucesiones ilíquidas obligadas a declarar, incluyendo asalariados con ingresos superiores a 1.400 UVT, independientes con ingresos brutos superiores a 1.400 UVT, y quienes tengan patrimonio bruto mayor a 4.500 UVT al 31 de diciembre de 2025. El valor de la UVT para 2025 fue $49.799. Quienes declaren por primera vez deben verificar su clasificación como declarantes según los criterios del Estatuto Tributario, artículos 592 a 594-3. Asesores deben coordinar con clientes la recopilación de soportes de ingresos, retenciones, deducciones y patrimonio antes de la fecha asignada. La DIAN habilitará el formulario 210 en su portal de servicios en línea.
Expertos advierten que aunque la reforma tributaria del nuevo gobierno no ha sido radicada en el Congreso, las empresas deben revisar desde ya su estructura de propiedad, dividendos y deducciones ante los cambios anunciados. La eliminación del impuesto al patrimonio y el diseño de la reforma propia son los ejes de mayor atención.
El gobierno De la Espriella anunció una reforma tributaria propia que reemplazaría parcialmente la Ley de Financiamiento de 2022, con foco en eliminar el impuesto al patrimonio, reducir cargas a personas naturales y revisar el tratamiento de dividendos. Expertos consultados por Valora Analitik recomiendan auditar contratos entre vinculados, revisar la composición accionaria antes de cualquier redistribución de utilidades, y evaluar la conveniencia de anticipar o diferir inversiones según el tratamiento fiscal esperado. La reforma aún no tiene texto oficial ni fecha de radicación; el gobierno tiene 100 días legislativos para presentar proyectos prioritarios. Asesores deben documentar la situación patrimonial y tributaria actual de sus clientes como línea base para el análisis comparativo cuando se conozca el articulado. El riesgo de retroactividad es bajo, pero no descartable en impuestos como el de industria y comercio o las sobretasas sectoriales.
La bancada del Centro Democrático solicitó formalmente devolver el Presupuesto General de la Nación 2027, presentado por el gobierno Petro, argumentando inconsistencias en $60,2 billones de ingresos. De ese total, $30,2 billones dependen de iniciativas legislativas aún no aprobadas.
El PGN 2027 fue radicado por el gobierno Petro en sus últimas semanas y asciende a una cifra que los legisladores no han hecho pública en su totalidad; la bancada opositora señala que los $30,2 billones contingentes incluyen proyecciones de una reforma tributaria que no fue aprobada y recaudos extraordinarios sin soporte legal. Si el presupuesto es devuelto, el gobierno De la Espriella tendría que presentar uno nuevo o ajustar el radicado antes del 15 de septiembre, plazo constitucional. Un PGN 2027 sin aprobación antes del 1° de diciembre implicaría prorrogar el presupuesto de 2026, lo que limitaría gasto de inversión. El ministro Gómez deberá coordinar con el Congreso la viabilidad del ajuste en el contexto del recorte de $20 billones ya anunciado. Este escenario añade incertidumbre al perfil fiscal de Colombia, relevante para calificadoras de riesgo.
El Ministerio del Interior emitió circular que suspende la celebración de nuevos contratos de prestación de servicios y nombramientos desde el 7 de agosto hasta el 20 de agosto de 2026. La medida busca ordenar la transición administrativa del nuevo gobierno.
La circular rige desde el 7 de agosto y aplica a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el Ministerio del Interior. No se especificó si la medida se extenderá a entidades adscritas o vinculadas. La suspensión es coherente con la instrucción general del gobierno De la Espriella de revisar la contratación heredada y con el decreto de congelamiento del gasto anunciado en posesión. Contratistas y proveedores del Estado que tengan contratos en trámite en esa entidad deben verificar el estado de sus procesos antes del 20 de agosto. Asesores jurídicos deben revisar si circulares similares se extienden a otras carteras ministeriales en los próximos días.
El Banco de la República señaló que nuevas alzas en la tasa de intervención producirían un fortalecimiento adicional del peso colombiano, en un contexto donde el Comité ya ejecutó compras de dólares por US$319,4 millones. El mensaje añade complejidad al debate sobre el próximo movimiento de tasa.
La advertencia del BanRep sobre el efecto cambiario de nuevas alzas es relevante porque el Comité está dividido (4-3 en la pausa de julio) y hay presión inflacionaria que podría justificar un incremento. Un peso más fuerte beneficia a importadores y deudores en dólares, pero perjudica a exportadores cafeteros, floricultores y mineros. La tasa de intervención se mantiene en 12,00% desde la reunión de julio. El BanRep proyecta inflación del 6,9% al cierre de 2026, por encima de la meta del 3%. La próxima reunión del Comité de Política Monetaria está prevista para finales de agosto; asesores financieros deben preparar escenarios con tasa estable y con alza de 25 pbs.
El Decreto 1136, firmado el 7 de agosto de 2026, formalizó el nombramiento de los 18 ministros del gobierno De la Espriella, incluyendo a Miguel Gómez en Hacienda y Crédito Público. El decreto habilita legalmente el inicio de funciones del nuevo equipo de gobierno desde el 7 de agosto de 2026.
Adicionalmente, el primer día del gobierno incluyó otros decretos de orden institucional cuyo contenido se está sistematizando. La designación de Andrés Felipe Velásquez como director de la DIAN se produjo en el marco de este reordenamiento, aunque su decreto específico no ha sido publicado en el Diario Oficial al cierre de esta edición. Asesores deben verificar en el Diario Oficial los decretos de delegación de funciones y de modificación de estructuras internas de las entidades tributarias y de supervisión.
La circular del Ministerio del Interior, vigente desde el 7 de agosto de 2026, suspende la celebración de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como nuevos nombramientos, hasta el 20 de agosto. La medida aplica en principio al Ministerio del Interior y busca ordenar la revisión de la contratación heredada del gobierno anterior.
No se ha confirmado si otras carteras emitirán circulares equivalentes, aunque el espíritu del decreto de congelamiento del gasto apuntaría en esa dirección. Contratistas con procesos en curso deben suspender trámites de perfeccionamiento hasta esa fecha. La medida no afecta contratos ya suscritos y en ejecución.
Indicadores Macro
Tasa de Intervención BanRep12,00%Estable — nueva señal: alza reforzaría el peso
El BanRep reiteró que nuevas alzas en la tasa de intervención producirían un fortalecimiento adicional del peso colombiano, complejizando la decisión del Comité. La tasa se mantiene en 12,00% tras la pausa dividida de julio (4-3). La inflación proyectada al cierre de 2026 es del 6,9%, muy por encima de la meta del 3%. La próxima reunión del Comité de Política Monetaria se realizará a finales de agosto. El mercado descuenta un escenario de tasa estable o alza moderada de 25 pbs.
Sector Empresarial
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Ventas de gas de Ecopetrol cayeron 22,1% en Q2 2026, perdiendo participación en el portafolio comercial de la compañía frente a combustibles líquidos.
El descenso en ventas de gas refleja la caída estructural de la producción doméstica del energético, que lleva más de dos años en retroceso. Ecopetrol compensó parcialmente con mayores volúmenes de gasolina, diésel, jet fuel, GLP y petroquímica. El déficit de gas tiene implicaciones directas sobre el costo de generación eléctrica y sobre industrias que utilizan gas como insumo productivo, con efecto potencial en costos deducibles y en el IVA de servicios públicos industriales. El nuevo gobierno De la Espriella incluyó la seguridad energética y la recuperación de Ecopetrol como prioridades del cuatrienio.
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Superservicios termina intervención de Essmar y devuelve a Santa Marta la operación administrativa del acueducto tras cinco años de toma de posesión.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios emitió resolución oficial que pone fin a la toma de posesión de Empresas de Servicios Municipales de Santa Marta (Essmar), iniciada hace cinco años por incumplimiento de indicadores de calidad y gestión financiera. La devolución implica que el municipio de Santa Marta retoma el control administrativo y operativo del servicio de acueducto y alcantarillado. Desde el punto de vista tributario y corporativo, la salida de intervención implica la normalización de la personería jurídica de Essmar y la reanudación de sus obligaciones fiscales autónomas. Las empresas proveedoras y contratistas de Essmar deben verificar el estado de sus acreencias durante el período de intervención.
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Pensionados colombianos cuentan con mecanismo para reclamar a Colpensiones la revisión y reliquidación de su mesada pensional.
Colpensiones tiene habilitado un proceso administrativo para que pensionados soliciten la revisión de su mesada, incluso cuando ya han recibido pagos bajo la liquidación actual. El mecanismo aplica cuando el pensionado considera que la base de cotización, el IBL (Ingreso Base de Liquidación) o el tiempo de servicios fue calculado incorrectamente. La reclamación puede hacerse de forma virtual a través del portal de Colpensiones o presencialmente; el plazo de respuesta de la entidad es de 15 días hábiles. Asesores previsionales deben revisar con sus clientes el historial de cotizaciones en la historia laboral de Colpensiones antes de iniciar el trámite. Las diferencias entre el régimen de prima media (RPM) y el de ahorro individual (RAIS) son determinantes para establecer si procede la reclamación.
Banca y FinTech
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Repartidores de plataformas como Rappi enfrentarían cambios en obligaciones de seguridad social bajo decreto expedido en el último día del gobierno Petro; gremios alertan impacto en el empleo informal.
El decreto sobre seguridad social para repartidores de aplicaciones, firmado en las últimas horas del gobierno Petro, generó controversia por su impacto en trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual ($1.423.500 en 2026). Las plataformas y gremios del sector solicitaron al gobierno De la Espriella derogarlo, argumentando que encarece el modelo de negocio y podría reducir el número de repartidores activos. Desde la perspectiva de seguridad social y UGPP, el decreto implicaría nuevas bases de cotización y responsabilidades para las plataformas como intermediarias. El gobierno De la Espriella no ha anunciado aún una decisión formal sobre la derogatoria.
Breves
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Escándalo por contratos de última hora en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR): el gobierno Petro habilitó trabajo en sábado y teletrabajo para suscribir contratos en sus últimas horas.
Según Semana, funcionarios de la ADR trabajaron el sábado previo al cambio de gobierno para sacar adelante contratos de prestación de servicios bajo condiciones irregulares. La situación está bajo escrutinio de la Contraloría General y podría derivar en investigaciones disciplinarias y fiscales. Este tipo de contrataciones de fin de período son objeto de revisión prioritaria por los organismos de control en las transiciones de gobierno. Asesores jurídicos de contratistas del Estado deben verificar la validez de contratos suscritos en las últimas 72 horas del gobierno Petro.
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EE. UU. prepara paquete de ayuda de US$1.000 millones para Colombia con foco en seguridad, inversión y cooperación económica.
El anuncio, articulado con el Congreso estadounidense, distribuiría los recursos entre programas de seguridad, desarrollo alternativo y facilitación de inversión privada en sectores como infraestructura y energía. El paquete se enmarca en el giro de política exterior del gobierno De la Espriella hacia mayor alineación con Washington. Para asesores de inversión extranjera, el anuncio podría acelerar proyectos en sectores beneficiarios y mejorar condiciones de financiamiento externo para Colombia. No se han definido los instrumentos legales ni los plazos de desembolso.
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ANDI advierte que el nuevo gobierno recibe una economía en 'estado crítico' y pide priorizar estabilización fiscal y seguridad como condiciones para la reactivación.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, señaló que los desafíos prioritarios son el déficit fiscal, la seguridad jurídica para la inversión y la crisis del sistema de salud. El gremio respalda el ajuste fiscal anunciado por el MinHacienda pero advierte que los recortes no deben afectar programas de reactivación productiva. Mac Master mencionará estos puntos en el congreso anual de la ANDI, previsto para las próximas semanas. La posición coincide con la de Fenalco, que calificó de 'desbarajustado' el país recibido por el nuevo gobierno.
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