La DIAN reportó un recaudo acumulado de casi $140 billones a mayo de 2026, equivalente al 7,3% del PIB proyectado, superando las metas trazadas por la entidad y el CARF. El crecimiento interanual fue de aproximadamente 10%.
El recaudo acumulado a mayo de 2026 alcanzó cerca de $139,8 billones, cifra que supera tanto la meta interna de la DIAN como la proyección del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). El crecimiento de ~10% interanual contrasta con el déficit fiscal del 7,4% del PIB advertido por el CARF para el cierre de 2026, lo que sugiere que el problema es de gasto y no exclusivamente de ingresos. Para los asesores tributarios, este dato es relevante porque reduce la urgencia inmediata de medidas recaudatorias de choque, aunque no despeja la necesidad de reforma estructural. El nuevo gobierno De la Espriella recibirá una base de recaudo sólida pero insuficiente frente al nivel de gasto comprometido.
El Ministerio de Hacienda ha utilizado $45,9 billones en subastas de TES y $20,4 billones en colocaciones directas a entidades públicas en lo corrido de 2026, prácticamente agotando el cupo autorizado. El gobierno entrante deberá gestionar un faltante estimado de $30 billones para el resto del año.
Según análisis del Banco de Bogotá, el gobierno Petro realizó mega subastas de bonos y operaciones de deuda con entidades públicas que consumieron casi la totalidad del cupo de endeudamiento autorizado para 2026. El nuevo gobierno De la Espriella tendría que solicitar al Congreso un cupo adicional para emisión de deuda, en un contexto donde la deuda bruta del GNC ya supera el 60% del PIB. Esta restricción limita el margen de maniobra fiscal del gobierno entrante para financiar el plan de choque de $10 billones anunciado. Los asesores deben anticipar presión sobre las tasas de los TES de largo plazo si el mercado percibe riesgo de sobreoferta de papeles soberanos.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, preparado por la administración saliente, deberá ser presentado y sustentado por el gobierno De la Espriella, que tomará posesión el 7 de agosto. Esto plantea tensiones técnicas y políticas en la transición.
Por mandato constitucional, el proyecto de presupuesto de 2027 debía ser elaborado por el gobierno Petro antes del 29 de julio, fecha límite para su radicación ante el Congreso. El gobierno entrante heredará un documento que reflejará las prioridades programáticas de la administración saliente, con posibles incompatibilidades frente al plan de ajuste fiscal y desregulación de De la Espriella. Para los asesores, el presupuesto 2027 será el primer escenario donde se concrete la magnitud real del ajuste de gasto y el espacio para reformas tributarias. La negociación en el Congreso será clave, dado el cuadro de fragmentación legislativa.
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La reunión de la Junta Directiva del Banco de la República del 30 de junio concentra la atención del mercado, con el consenso dividido entre mantener la tasa en 11,25% o subirla hasta 50-100 pbs ante la inflación en 5,84% y las presiones del nuevo gobierno. El período de silencio rige desde el 24 de junio.
La decisión del 30 de junio es la primera del segundo semestre y ocurre en un contexto de transición de gobierno, lo que añade una dimensión política a la deliberación técnica. La encuesta ANIF publicada previamente situó el techo del consenso en 11,75%, aunque algunos analistas apuntan a un escenario de pausa. El IPC anual a mayo de 2026 se ubicó en 5,84%, por encima de la meta del 3%, lo que justificaría una postura aún contractiva. El mercado de TES ya descuenta parte de un alza, con tasas de corto plazo en torno al 13%. Una subida de tasas encarecería aún más el crédito en un contexto donde las tasas al consumo y vivienda están en máximos de dos años.
La cadena chilena Cencosud confirmó la compra del 100% de la red mayorista Makro en Colombia mediante una inversión de aproximadamente US$158 millones. La transacción amplía significativamente la presencia del retail chileno en el país.
Con esta adquisición, Cencosud suma 21 tiendas mayoristas en 16 ciudades a su portafolio colombiano, que ya incluía los formatos Jumbo, Easy, Metro y centros comerciales. La operación debe surtir el proceso de revisión y eventual aprobación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dado su impacto en el mercado mayorista. Para efectos tributarios y contables, la transacción implicará procesos de valoración de activos, fusión de estructuras societarias y posibles impactos en el IVA de la cadena de distribución. Makro opera en Colombia bajo el modelo de ventas a comerciantes, restaurantes y empresas, lo que la ubica en un segmento diferente al retail de consumidor final.
El gobierno saliente prepara un paquete de medidas tributarias de emergencia que incluiría la ampliación del gravamen a movimientos financieros al 5x1000, un impuesto al patrimonio de personas jurídicas y un gravamen especial al sector de hidrocarburos y carbón. Las medidas se enmarcan en el deterioro de la calificación soberana.
Según Portafolio, las medidas tributarias de emergencia se relacionan con el marco de la emergencia económica y el deterioro de la calificación crediticia de Colombia por parte de Fitch Ratings. El 5x1000 representaría una ampliación del actual GMF (4x1000), impactando a todos los usuarios del sistema financiero y generando un costo adicional no deducible en renta para personas jurídicas en muchos casos. El impuesto al patrimonio empresarial, si se concreta, aplicaría a sociedades con patrimonios superiores a un umbral por definir, en línea con la tendencia de la reforma tributaria de 2022. Un gravamen especial a petróleo y carbón agregaría presión sobre la carga tributaria sectorial en un momento de precios del crudo por debajo de US$75 el barril. Los asesores deben monitorear si estas medidas se expiden mediante decreto legislativo de emergencia o se tramitan como proyecto ordinario ante el nuevo Congreso.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de nulidad parcial contra el parágrafo segundo del artículo 1.6.1.1.6.3. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2014, que regulaba la ineficacia de declaraciones de IVA presentadas en periodo incorrecto. El fallo tiene efectos directos sobre contribuyentes que hayan incurrido en errores de periodicidad.
La sentencia, con radicado 11001-03-27-000-2021-00059-00 (25666) y ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello, fue proferida el 7 de marzo de 2024 mediante sentencia anticipada, lo que indica resolución sin trámite ordinario completo. El objeto de la norma demandada era la figura de ineficacia automática cuando el contribuyente presentaba la declaración de IVA en una periodicidad distinta a la que le correspondía (bimestral, cuatrimestral o anual). La nulidad parcial implica que los efectos sancionatorios o de ineficacia derivados de esa disposición reglamentaria deben revisarse para los períodos en que se aplicó. Los asesores tributarios deben verificar si clientes tienen declaraciones afectadas por esta figura y evaluar la procedencia de correcciones o solicitudes de devolución de sanciones aplicadas con base en la norma anulada.
Fenalco advierte que las cifras de ocupación del DANE ocultan un deterioro estructural: la informalidad y la burocracia estatal sostienen el crecimiento del empleo, mientras el sector privado formal pierde terreno. El presidente del gremio exige políticas que incentiven el empleo digno sin afectar la competitividad.
Según el análisis de Fenalco sobre datos del DANE, el empleo por cuenta propia —proxy de informalidad— creció 4,8% en el período analizado, el empleo en el sector público aumentó 13,8%, y el empleo formal privado apenas avanzó 2,9%. La ocupación total creció 3,6%, cifra que Fenalco considera estadísticamente positiva pero cualitativamente engañosa. Este diagnóstico tiene implicaciones directas para los asesores en UGPP y parafiscales: una base de empleo informal ampliada eleva el riesgo de evasión de aportes al sistema de seguridad social. El contexto también es relevante para estructuras de nómina de clientes en el sector comercio, donde la reducción de jornada a 42 horas desde julio agrega presión adicional sobre los costos laborales.
Las remesas hacia Colombia completaron 24 meses superando el umbral mensual de US$1.000 millones, consolidándose como una fuente de divisas más estable que la inversión extranjera directa. En mayo de 2026 crecieron 8,5% interanual, aunque el acumulado enero-mayo muestra una leve caída frente al mismo período de 2025.
En lo corrido de 2026, por cada dólar de inversión extranjera directa (IED) que ingresa al país, entran US$1,56 en remesas, lo que subraya el peso de este flujo en la estabilidad del mercado cambiario y en la apreciación del peso. El mes de mayor monto en 2026 fue marzo, con US$1.225 millones. La apreciación del peso colombiano —TRM cercana a $3.435— reduce el valor en pesos de las remesas recibidas por los hogares beneficiarios, afectando su poder adquisitivo. Para los asesores, las remesas son relevantes en la declaración de renta de personas naturales receptoras y en el cumplimiento de obligaciones cambiarias ante el Banco de la República.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello, declaró la nulidad parcial del parágrafo segundo del artículo 1.6.1.1.6.3. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2014.
La norma demandada establecía la figura de ineficacia automática de las declaraciones de IVA presentadas en una periodicidad distinta a la asignada al contribuyente (bimestral, cuatrimestral o anual). La sentencia fue proferida el 7 de marzo de 2024 de forma anticipada. Los contribuyentes que hayan recibido sanciones o cuyas declaraciones hayan sido declaradas ineficaces con base en esta disposición pueden evaluar acciones de corrección o de revocatoria directa ante la DIAN. Los asesores deben revisar el alcance temporal del fallo y su aplicación a períodos no prescritos.
El Ministerio de Hacienda alista un conjunto de medidas tributarias de emergencia en el marco del deterioro fiscal y la rebaja de calificación soberana por Fitch Ratings. Las tres medidas identificadas son: (i) ampliación del gravamen a los movimientos financieros del 4x1000 actual al 5x1000; (ii) creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas; y (iii) gravamen especial al sector de petróleo y carbón.
Aún no se ha definido el vehículo normativo (decreto legislativo de emergencia económica o proyecto de ley ordinario). Los plazos y umbrales de cada medida están por concretarse. Su aprobación o expedición antes del 7 de agosto implicaría que el gobierno entrante las herede como cargas tributarias vigentes.
El Ministerio de Hacienda aclaró mediante concepto las condiciones bajo las cuales un municipio puede condonar legalmente los intereses moratorios del impuesto predial a sus contribuyentes. No todos los entes territoriales tienen esta facultad de forma automática; se requiere acto administrativo motivado y habilitación normativa local.
El concepto es relevante para asesores que asesoran empresas con carteras prediales en mora en municipios que han anunciado programas de alivio tributario. La condonación de intereses no implica la extinción del capital del impuesto adeudado.
Mediante decreto del 11 de junio de 2026, el gobierno nacional estableció condiciones especiales para el ensamble nacional de vehículos híbridos y eléctricos. La medida busca incentivar la producción local en un contexto de creciente adopción de movilidad eléctrica.
Para asesores tributarios, el decreto puede implicar beneficios arancelarios e incentivos en IVA o renta para las ensambladoras habilitadas. Los detalles técnicos de los requisitos de contenido nacional mínimo y los tratamientos arancelarios aplicables a partes y componentes son aspectos críticos a revisar en el texto final.
Indicadores Macro
TRM$3.451 COP/USD (cierre 26-jun)+$44,86 vs TRM oficial 23-jun ($3.406,14)
El dólar frenó su racha bajista el 26 de junio, cerrando en torno a $3.451 luego de tocar un mínimo intradía de $3.425 y un máximo de $3.461. La moderación en las expectativas de alza de tasas de la Reserva Federal contribuyó al rebote. El crudo Brent cayó US$2,61 (3,47%) a US$72,65 por barril en la misma jornada, lo que añade presión sobre los ingresos fiscales petroleros de Colombia. La TRM oficial certificada por la SuperFinanciera para el 26 de junio fue de $3.435 COP/USD según datos de mercado.
Tasa BanRep (decisión 30-jun-2026)11,25% (vigente); decisión el 30-junConsenso dividido: entre mantener y subir hasta 50 pbs
La reunión de la Junta Directiva del Banco de la República del 30 de junio de 2026 es la primera del segundo semestre y se produce con la tasa en 11,25%, nivel vigente desde el 1 de abril de 2026. El mercado descuenta un escenario bimodal: pausa o alza de 50 pbs hasta 11,75%, según la encuesta ANIF. La inflación de mayo en 5,84% anual y las presiones de la transición de gobierno —con posibles medidas fiscales expansivas— refuerzan la postura hawkish de parte del comité. El período de silencio institucional rige desde el 24 de junio.
Remesas (mayo 2026)Superior a US$1.000 millones+8,5% interanual en mayo; acumulado enero-mayo en leve caída vs. 2025
Las remesas completaron 24 meses consecutivos por encima del umbral mensual de US$1.000 millones. El pico del año fue marzo de 2026 con US$1.225 millones. En lo corrido de 2026, por cada dólar de IED recibida ingresan US$1,56 en remesas. La apreciación del peso reduce el equivalente en COP para los hogares receptores, aunque sostiene la oferta de divisas en el mercado.
Sector Empresarial
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Cencosud adquiere el 100% de Makro en Colombia por US$158 millones, sumando 21 tiendas mayoristas en 16 ciudades a su portafolio local que ya incluye Jumbo, Easy y Metro.
La transacción debe pasar por revisión de la SIC dado su impacto en el mercado mayorista de alimentos y productos de consumo masivo. Makro opera bajo el modelo business-to-business, atendiendo restaurantes, comerciantes y empresas, segmento distinto al retail de consumidor final. Para efectos tributarios, la operación implicará procesos de due diligence fiscal, valoración de activos y eventual fusión de estructuras societarias con impacto en IVA y renta.
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Gremios energéticos alertan que la deuda del Gobierno Nacional en subsidios supera $3,6 billones, comprometiendo el flujo de caja de empresas del sector.
De los $3,6 billones adeudados, $2,6 billones corresponden a subsidios de energía eléctrica y $1 billón a gas. ANDEC y otros gremios del sector advierten riesgo de interrupciones en el suministro y deterioro en la capacidad de inversión. Para asesores financieros, el incumplimiento gubernamental puede generar deterioro de cartera, necesidad de provisiones adicionales y efectos negativos en la valoración de compañías del sector en la BVC.
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Fiduprevisora registra su quinto cambio de presidente bajo el gobierno Petro: Rosa Dory Chaparro asume como encargada tras la declaratoria de insubsistencia de Diego Salcedo.
La Procuraduría General había solicitado frenar una licitación de la entidad por $33.127 millones para adquisición de computadores, advirtiendo riesgos en el proceso. Fiduprevisora hace parte del Grupo Bicentenario y administra recursos públicos en sectores como educación y pensiones. La inestabilidad directiva en la entidad agrega incertidumbre sobre la continuidad de los contratos y la gestión de los recursos fideicomitidos.
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Fenalco alerta que el empleo informal creció 4,8% y el empleo público 13,8%, mientras el empleo formal privado avanzó apenas 2,9%, revelando un deterioro estructural del mercado laboral.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, señaló que la tasa de ocupación global de 3,6% es estadísticamente positiva pero cualitativamente engañosa. Para los asesores en UGPP y parafiscales, una base informal creciente eleva el riesgo de evasión de aportes. Este diagnóstico se suma a la entrada en vigencia de la jornada de 42 horas desde julio, que presionará aún más los costos laborales del sector formal.
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El próximo gobierno De la Espriella deberá ampliar el cupo de emisión de deuda ante el Congreso: el gobierno Petro utilizó $66,3 billones en subastas y colocaciones directas en lo corrido de 2026.
MinHacienda empleó $45,9 billones en subastas de TES y $20,4 billones en colocaciones directas a entidades públicas, agotando prácticamente el cupo autorizado. La deuda pública bruta del GNC alcanzaría el 61% del PIB en 2026, nivel histórico. Un cupo adicional requeriría aprobación legislativa en un Congreso fragmentado, lo que añade incertidumbre sobre el financiamiento del déficit para el segundo semestre.
Banca y FinTech
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Nequi avanza en su transformación a compañía de financiamiento: habilitación ante SuperFinanciera permitiría captar CDT y ampliar intermediación crediticia.
Bancolombia, matriz de Nequi, debe acreditar ante la Superintendencia Financiera el cumplimiento de los requisitos para obtener el certificado de autorización como compañía de financiamiento. Una vez habilitada, Nequi podría captar depósitos a término fijo (CDT), ampliando su modelo más allá de la billetera digital. Este cambio regulatorio profundiza la competencia en captación minorista frente a bancos tradicionales y otros neobancos como Lulo Bank.
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Fondos Voluntarios de Pensión (FVP) como destino de la prima de mitad de año: reducen base gravable y retención en la fuente para empleados con contratos laborales.
Los aportes voluntarios a FVP son deducibles de la base de retención en la fuente hasta el 30% del ingreso laboral (con tope de 3.800 UVT anuales sumando aportes obligatorios y voluntarios a pensión y cuentas AFC). La prima de servicios de junio constituye ingreso laboral gravable; canalizarla hacia un FVP puede reducir significativamente la retención del mes. El beneficio aplica siempre que el retiro no se realice antes de 10 años, salvo causales de ley. Los asesores deben verificar que el cliente no supere los topes anuales acumulados.
Breves
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MinTrabajo advierte sanciones para empresas que no hayan ajustado sus contratos y turnos a la jornada laboral de 42 horas, que entra en vigor desde julio de 2026.
La reducción de jornada de 44 a 42 horas semanales es la última etapa del proceso gradual iniciado con la reforma laboral. El incumplimiento puede acarrear multas del Inspector de Trabajo de hasta 5.000 SMMLV según la gravedad. Las modalidades atípicas de contratación y los turnos rotativos son los escenarios de mayor riesgo de incumplimiento inadvertido. Los salarios no pueden reducirse como consecuencia del ajuste horario.
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Procuraduría pide frenar licitación de la Fiduprevisora por $33.127 millones para adquisición de computadores, por presuntos riesgos en el proceso.
La Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión del proceso licitatorio argumentando irregularidades en los pliegos o en la estructuración del contrato. La Fiduprevisora administra recursos públicos críticos del sistema educativo y pensional. El cambio simultáneo de presidente encargado (Rosa Dory Chaparro) y la alerta del ente de control añaden incertidumbre sobre la continuidad del proceso.
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Convenios internacionales de seguridad social permiten a colombianos cotizar en el exterior y acceder a pensión proporcional en Colombia.
Colombia tiene convenios vigentes con varios países que permiten totalizar semanas cotizadas en el exterior para efectos del reconocimiento pensional. El trámite exige la presentación de documentos apostillados o legalizados que acrediten las semanas o períodos de cotización en el sistema extranjero. Para los asesores de colombianos en el exterior, es relevante verificar qué países tienen convenio vigente y cuál es el procedimiento ante Colpensiones o los fondos privados.
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ADRES anunció adición de $2 billones al presupuesto del sector salud para 2026, elevando los recursos disponibles de $100 billones a $115 billones.
El director de la ADRES confirmó que los recursos del sector salud aumentaron de $100 billones a $115 billones durante el último año, equivalentes al 20% del presupuesto nacional. La adición de $2 billones busca cubrir parte de la deuda con IPS y EPS que ha generado la crisis de liquidez del sector. Sin embargo, la deuda acumulada con prestadores supera los montos anunciados según reportes de las propias clínicas.
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