Ecopetrol anunció la suspensión de su proceso de adquisición sobre la petrolera brasileña Brava Energía luego de recibir requerimientos de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM). La compañía no entregó detalles adicionales sobre el alcance de los cuestionamientos.
La CVM formuló requerimientos a Ecopetrol en el marco del proceso de oferta pública sobre Brava Energía, sin que la empresa colombiana revelara la naturaleza específica de las exigencias regulatorias. La suspensión implica una pausa en la estrategia de expansión internacional de Ecopetrol en Brasil, uno de sus mercados objetivo para diversificación de activos de upstream. La operación tenía relevancia fiscal para Ecopetrol dado que cualquier adquisición internacional afecta su estructura de precios de transferencia, financiamiento en moneda extranjera y consolidación de estados financieros bajo NIIF. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y en la NYSE, por lo que la novedad tiene implicaciones de revelación de información para inversionistas locales.
Según el Banco de Bogotá, los inversionistas extranjeros se han consolidado como los mayores acumuladores netos de Títulos de Tesorería (TES), desplazando a los fondos de pensiones obligatorias. El apetito se explica por las altas tasas de interés vigentes en Colombia.
El Banco de Bogotá destacó que existe un apetito sin precedentes por activos colombianos de renta fija, impulsado por el diferencial de tasas frente a economías desarrolladas. Los TES de largo plazo se han negociado en niveles cercanos al 12,33% en el mercado secundario, lo que los hace atractivos para flujos de capital extranjero en búsqueda de rendimiento. Este fenómeno contribuye a la revaluación del peso colombiano, que acumula la mayor apreciación frente al dólar en diez años. Para asesores tributarios, la acumulación de TES por no residentes activa obligaciones de retención en la fuente sobre rendimientos bajo el artículo 49 del Estatuto Tributario y los convenios de doble tributación vigentes. La tendencia también presiona a la baja la TRM, con efectos en la valoración de activos y pasivos en moneda extranjera de empresas colombianas.
La moneda colombiana acumula una apreciación histórica frente al dólar, explicada por el ingreso de capitales atraídos por altas tasas de interés, incremento de remesas y precios del petróleo. El fenómeno tiene efectos directos en la estructura de costos, deuda en dólares y declaraciones de renta de empresas con exposición cambiaria.
La revaluación acumulada del peso supera el 19,5% en doce meses, situando la TRM en niveles no vistos desde 2021. Las remesas —una de las fuentes de oferta de divisas— han crecido sostenidamente, mientras el diferencial de tasas entre Colombia (11,25% BanRep) y la Reserva Federal incentiva el carry trade. Para efectos tributarios, la apreciación genera diferencias en cambio favorables para deudores en dólares (ingreso gravable) y desfavorables para acreedores o exportadores. El acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán —que redujo el precio del petróleo Brent cerca de 5%— introduce un factor de riesgo sobre la sostenibilidad de esta tendencia, dado el peso del crudo en los ingresos externos del país.
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Los Credit Default Swaps (CDS) a 5 años de Colombia han cedido cerca de 70 puntos básicos desde el 29 de mayo, impulsados por expectativas de un gobierno más promercado tras la primera vuelta. Sin embargo, Colombia mantiene el spread soberano más elevado de América Latina.
Desde el 29 de mayo, dos días antes de la primera vuelta electoral, los CDS a 5 años han descendido aproximadamente 70 pbs, reflejando la incorporación de expectativas sobre el resultado del 21 de junio. A pesar de esta mejora, el riesgo país de Colombia continúa siendo el más elevado de la región, lo que encarece el financiamiento externo tanto para el Gobierno Nacional como para emisores corporativos. El 82% de los CEO colombianos considera que la elección presidencial representa más riesgos que las anteriores, según una encuesta citada por El Tiempo. Para asesores financieros, el nivel del riesgo país afecta las tasas de descuento en valoraciones de empresas, el costo de deuda en bonos internacionales y la percepción de contrapartes extranjeras en operaciones de M&A.
El precio del crudo Brent alcanzó mínimos de tres meses luego de que Trump confirmara la reapertura del estrecho de Ormuz tras el memorando de entendimiento con Irán, previsto para firmarse el 19 de junio. La caída tiene implicaciones fiscales directas para Colombia dado el peso del petróleo en los ingresos del Gobierno.
La reapertura del estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente una quinta parte del crudo mundial— redujo las primas de riesgo geopolítico incorporadas en el precio del Brent, que cayó cerca de 5% en la jornada del 15 de junio. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 proyectaba el crudo en US$74,9/barril para 2027; una caída sostenida presionaría los ingresos de Ecopetrol y los dividendos que este transfiere a la Nación, agravando el déficit fiscal ya proyectado en 5,3% del PIB para 2026. El gravamen especial al petróleo y carbón decretado en el marco de la emergencia económica también vería reducida su base de recaudo. El memorando EE.UU.-Irán se firmará el 19 de junio, lo que puede consolidar o revertir la tendencia según el avance de las negociaciones.
La Ley 2573 de 2026 introduce un enfoque penal en materia de compliance corporativo, generando nuevas obligaciones para las personas jurídicas en Colombia. El análisis publicado en Asuntos Legales advierte sobre su alcance en materia de responsabilidad empresarial.
La Ley 2573 de 2026 establece un marco de compliance corporativo con implicaciones penales para las personas jurídicas, ampliando el régimen de responsabilidad más allá del ámbito administrativo y tributario ya existente. La norma exige a las empresas implementar programas de cumplimiento que incluyan controles internos, canales de denuncia y mecanismos de debida diligencia. Su entrada en vigencia crea nuevas áreas de exposición legal para administradores, revisores fiscales y asesores jurídicos que acompañen estructuras corporativas. El incumplimiento puede derivar en sanciones penales a la persona jurídica, en desarrollo de la doctrina de responsabilidad penal empresarial que ha venido consolidándose en Colombia. Los asesores tributarios deben articular sus recomendaciones con los requisitos del nuevo régimen, especialmente en materia de operaciones con vinculados y revelación de información.
Carlos Betancourt, director de la DIAN, señaló que el nuevo régimen sancionatorio aduanero operará con un enfoque de 'zanahoria y garrote': beneficios para quienes cumplan y rigor para quienes incurran en fraude o falsedad. La entidad anticipa mayor fiscalización sobre importadores y agentes de aduana.
En declaraciones a Portafolio, Betancourt explicó que el nuevo régimen aduanero —cuya aprobación legislativa fue cubierta en el reporte del 11 de junio— permitirá a la DIAN discriminar entre infractores formales y defraudadores, aplicando sanciones más severas a estos últimos. El director enfatizó que se blindarán jurídicamente cerca de 11.180 procesos fiscales que estaban en riesgo por vacíos normativos del régimen anterior. La entidad también reforzará el control sobre subfacturación y contrabando, que según la DIAN restan $8 billones al fisco anualmente. Los operadores de comercio exterior, agentes aduaneros y empresas importadoras deben revisar sus procesos de declaración y valoración aduanera a la luz del nuevo marco sancionatorio.
Un análisis de Semana advierte que el gasto en pensiones a través de Colpensiones ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas colombianas, en el marco de la implementación de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional). La sostenibilidad fiscal del sistema es uno de los principales riesgos para el próximo gobierno.
La reforma pensional (Ley 2381 de 2024) redirige cotizantes de menores ingresos hacia el régimen de prima media administrado por Colpensiones, incrementando el pasivo pensional implícito del Estado. El gasto en pensiones públicas ya representa una porción significativa del Presupuesto General de la Nación, y las proyecciones actuariales apuntan a una escalada en la próxima década. Este contexto es relevante para asesores tributarios dado que el financiamiento del déficit pensional puede derivar en nuevas cargas tributarias para empresas y trabajadores de altos ingresos. La presión adicional se suma al déficit fiscal proyectado en 5,3% del PIB para 2026 y a la necesidad de una reforma tributaria de aproximadamente $30 billones para 2027.
Campetrol reportó 91 taladros activos al cierre de mayo de 2026, 22 menos que en el mismo mes de 2025, con 17 equipos bloqueados. La caída refleja el deterioro de la actividad exploratoria y tiene implicaciones directas en el recaudo fiscal petrolero.
El número de taladros activos llegó a su nivel más bajo desde noviembre de 2022, señalando una contracción significativa en la actividad de perforación. Según Campetrol, 17 de los equipos inactivos están bloqueados por factores externos, incluyendo conflictos sociales y restricciones de acceso. La reducción en actividad exploratoria compromete la reposición de reservas de Ecopetrol y de operadores privados, con efecto negativo sobre regalías y el impuesto sobre la renta del sector. Este indicador se suma a la caída del precio del Brent y a la suspensión de la adquisición de Brava por parte de Ecopetrol como señales de deterioro en el sector hidrocarburífero, clave para el recaudo del Gobierno Nacional.
La Ley 2573 de 2026 establece obligaciones de cumplimiento corporativo (compliance) con consecuencias penales para personas jurídicas en Colombia, ampliando el marco de responsabilidad empresarial más allá del ámbito administrativo. Exige la implementación de programas internos de cumplimiento que incluyan controles, canales de denuncia y mecanismos de debida diligencia.
Los administradores, revisores fiscales y asesores jurídicos quedan expuestos a responsabilidad derivada del incumplimiento de estos programas. La norma tiene impacto sobre estructuras de gobierno corporativo, especialmente en grupos empresariales con operaciones en sectores de alto riesgo de corrupción o lavado de activos.
La normativa vigente establece que las empresas con hasta 500 empleados deben contar con al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. El plazo para acreditar avances en la implementación de esta obligación vence el 25 de junio de 2026.
El incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas por parte del MinTrabajo. Las empresas deben documentar sus acciones afirmativas y reportar ante la autoridad laboral competente. Asesores de recursos humanos y compliance deben verificar el cumplimiento antes del vencimiento del plazo.
Indicadores Macro
IPC anual (mayo 2026)5,84%Sin variación reportada vs abril; 2,84 pp por encima de la meta del 3%
El DANE reportó una variación anual del IPC de 5,84% a mayo de 2026, según publica el Banco de la República. La inflación se mantiene por encima del rango meta del BanRep (3%), lo que sostiene la presión sobre la tasa de política monetaria. El IBR overnight se ubica en 10,516% nominal al 12 de junio de 2026. Analistas como XP Investments anticipan un posible incremento de tasa en la reunión del 30 de junio de 2026. Para efectos tributarios, el nivel de inflación incide en el ajuste por inflación de activos y pasivos, así como en la indexación de contratos y arrendamientos.
Tasa BanRep11,25% nominal anualEstable desde el 1 de abril de 2026
La Junta Directiva del Banco de la República mantiene inalterada la tasa de intervención en 11,25% desde el 1 de abril de 2026. La próxima decisión de política monetaria está programada para el 30 de junio de 2026. El Gobierno Nacional ha cuantificado el costo de esta tasa en 48.000 empleos menos y $1,8 billones adicionales en servicio de la deuda pública. La persistencia de la inflación en 5,84% anual reduce el espacio para recortes. El mercado descuenta la posibilidad de un aumento ante las presiones inflacionarias de mayo.
Petróleo Brent~US$83 por barril (estimado post-caída 15 jun)Caída de aproximadamente 5% el 15 de junio tras acuerdo EE.UU.-Irán
El acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y la confirmación de reapertura del estrecho de Ormuz generaron una caída cercana al 5% en el precio del Brent el 15 de junio de 2026, llevándolo a mínimos de tres meses. El memorando de entendimiento se firmaría el 19 de junio. Una caída sostenida del crudo comprometería los ingresos fiscales colombianos derivados de regalías, impuesto de renta de Ecopetrol y el gravamen especial decretado en la emergencia económica. El Marco Fiscal de Mediano Plazo proyectaba el crudo en US$74,9/barril para 2027.
Sector Empresarial
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Ecopetrol suspende proceso de adquisición sobre Brava Energía en Brasil ante requerimientos de la CVM; la operación queda en pausa indefinida.
La Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) formuló requerimientos a Ecopetrol en el marco de la oferta pública sobre Brava Energía, sin que la empresa precisara su naturaleza. La suspensión afecta la estrategia de expansión internacional de Ecopetrol y puede tener efectos en su valoración bursátil en la BVC y la NYSE. La operación hubiera implicado análisis de precios de transferencia y consolidación bajo NIIF para el grupo.
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Taladros activos en Colombia caen a 91 en mayo de 2026, el nivel más bajo desde noviembre de 2022, con 17 equipos bloqueados según Campetrol.
La cifra implica una reducción de 22 taladros frente a mayo de 2025, reflejando contracción en la inversión exploratoria del sector hidrocarburo. El bloqueo de 17 equipos por conflictos sociales y restricciones de acceso agrava el panorama de reposición de reservas. La tendencia tiene impacto directo en el recaudo de regalías y en la base gravable del impuesto de renta de operadores privados y Ecopetrol.
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El 82% de los CEO colombianos considera que la elección presidencial del 21 de junio representa más riesgos que procesos anteriores, según encuesta sectorial.
El estudio, citado por El Tiempo, revela cómo el sector privado está gestionando el riesgo político en el ciclo electoral vigente. La percepción de riesgo elevado incide en decisiones de inversión, contratación y expansión del sector empresarial formal. El resultado de la segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella determinará el rumbo de la política tributaria, fiscal y regulatoria para el período 2026-2030.
Banca y FinTech
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Inversionistas extranjeros superan a fondos de pensiones como principales acumuladores de TES, impulsados por el diferencial de tasas colombiano.
El Banco de Bogotá reportó un apetito sin precedentes por activos colombianos de renta fija, con los extranjeros liderando la acumulación de TES. Las tasas de los títulos en el mercado secundario rondan el 12,33% para plazos largos, generando oportunidades de carry trade. Para entidades financieras, la mayor participación extranjera en TES implica mayor exposición del mercado a salidas de capital ante cambios en el entorno político o macroeconómico post-electoral.
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Estudio de la Universidad de Antioquia reabre debate sobre la metodología del DANE para medir el mercado laboral, al detectar diferencias con registros de la UGPP.
La investigación encontró discrepancias entre los datos del GEIH del DANE y los registros de cotizantes de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), lo que cuestiona la precisión de indicadores como la tasa de informalidad y el nivel de empleo formal. Para asesores y auditores, las diferencias entre fuentes tienen implicaciones en la calibración de obligaciones parafiscales y en la supervisión de evasión de aportes al sistema de seguridad social. La UGPP utiliza sus propios registros para cruces de información y determinación de bases de cotización.
Breves
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Aumento del 23% del salario mínimo para 2026 habría generado estancamiento salarial en la escala formal y reducción del ingreso real de informales, según nuevo informe.
Un análisis publicado por El Tiempo concluye que el incremento 'desproporcionado' del salario mínimo a $1.423.500 para 2026 no se tradujo en una mejora proporcional para el resto de la escala salarial del sector formal. En el sector informal, el alza habría comprimido los márgenes de contratación, reduciendo el ingreso efectivo de trabajadores que no tienen acceso a la formalidad. Las implicaciones tributarias incluyen mayor base de liquidación de prima de servicios (vencimiento 30 de junio), cesantías y parafiscales, con presión adicional sobre la nómina empresarial.
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Remesas que ingresan a Colombia enfrentan tres riesgos ocultos identificados por Insilab: lavado de activos, dependencia estructural y volatilidad cambiaria.
El análisis de Insilab advierte que el auge de remesas —uno de los factores de revaluación del peso— conlleva riesgos de uso para lavado de activos, alta dependencia de hogares vulnerables y exposición a fluctuaciones del tipo de cambio. Para asesores tributarios y entidades financieras, las remesas están sujetas a controles cambiarios, declaraciones de cambio y potenciales reportes a la UIAF bajo el sistema de prevención de lavado de activos (SIPLAFT). La SuperFinanciera y la DIAN monitorean flujos inusuales de divisas.
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MinMinas anuncia proyecto de interconexión eléctrica con Venezuela desde Vichada mediante planta solar El Merey de 5 MW.
La planta solar El Merey, con capacidad instalada de 5 MW, beneficiará a 1.600 usuarios en la zona de frontera con Venezuela. La interconexión implicará acuerdos de carácter regulatorio y tarifario entre los dos países, con potencial impacto en el esquema de subsidios y la estructura de ingresos del Fondo de Energía No Convencional (FENOGE). Para el sector empresarial de la región, la disponibilidad de energía puede modificar condiciones de operación y costos deducibles en el impuesto de renta.
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CMS constituye el Grupo Iberoamericano de Arbitraje para disputas comerciales, con liderazgo en Colombia a cargo de socios de CMS Rodríguez-Azuero.
La nueva práctica regional de CMS se enfocará en la negociación de convenios arbitrales y en la representación en disputas comerciales internacionales con conexión iberoamericana. Para empresas colombianas con contratos transfronterizos, la disponibilidad de mecanismos arbitrales especializados es relevante en materia de resolución de controversias tributarias y contractuales. La práctica opera bajo el marco del arbitraje comercial internacional, incluyendo reglas CIADI, ICC y UNCITRAL.
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