La Sala revocó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025, lo que obliga a las empresas a aplicar las nuevas tarifas de retención en la fuente y autorretención a partir del 1 de julio de 2026. Los pagadores deben actualizar tablas y sistemas de nómina y facturación antes de esa fecha.
El Consejo de Estado levantó la medida cautelar que mantenía en suspenso el Decreto 572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda para ajustar tarifas de retención en la fuente y autorretención en renta. Las nuevas tarifas entran en vigor el 1 de julio de 2026, lo que genera un impacto directo en la liquidez mensual de las empresas y en los saldos a favor que algunos contribuyentes venían acumulando. Los agentes retenedores deben revisar los conceptos y bases gravables afectados por el decreto antes del cierre de junio. El incumplimiento en la aplicación de las tarifas correctas genera sanciones por no retener y puede derivar en procesos de fiscalización de la DIAN. Se recomienda verificar si el decreto modificó tarifas específicas por sector o tipo de pago.
El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de la distribuidora de energía Air-e, empresa intervenida que atiende 1,3 millones de hogares en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Gremios del sector energético calificaron la medida de ilegal e irresponsable, alertando sobre una interrupción automática del servicio.
Air-e acumula una deuda con generadores y transmisores de $2,5 billones, según cifras de la Veeduría Ciudadana, que señaló que la liquidación carece de sustento jurídico. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que el Gobierno no ha identificado un operador sustituto, lo que haría inevitable un corte de suministro para la región Caribe. El presidente Petro argumentó que la medida busca crear una empresa común con los activos de Air-e. La liquidación de una empresa de servicios públicos domiciliarios requiere procedimientos establecidos en la Ley 142 de 1994 y supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El impacto fiscal y tarifario sobre los hogares de la Costa Caribe y sobre el mercado mayorista de energía es significativo.
A partir del 1 de julio de 2026 confluyen tres cambios normativos con impacto directo en la estructura de costos de las empresas colombianas: nuevas tarifas de retefuente, recargo dominical al 90% y entrada en vigor del decreto de tercerización. Los sectores más expuestos son comercio, restaurantes, hoteles y panaderías.
El recargo por trabajo en domingos y festivos sube al 90% desde el 1 de julio de 2026, conforme a la reforma laboral (Ley 2101 de 2021 y sus ajustes graduales), lo que encarece la operación continua en servicios. Simultáneamente, el Decreto 572 de 2025 sobre retención en la fuente queda reactivado por el Consejo de Estado. El decreto de tercerización laboral, ya cuestionado por Fenalco, impone nuevas obligaciones de verificación a contratantes. Analistas estiman que la combinación de estos tres factores puede incrementar los costos operativos hasta un 12% en empresas de sectores intensivos en mano de obra. La acumulación de cambios regulatorios en una sola fecha genera presión sobre la liquidez de medianas y pequeñas empresas.
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Un análisis de La República cuantifica en $22 billones el incremento acumulado en el gasto de nómina estatal durante el gobierno Petro, sumado a presiones en el sistema de salud y en la deuda pública. El coctel fiscal que recibirá el próximo mandatario incluye déficit en ascenso, reforma tributaria pendiente y obligaciones laborales crecientes.
El déficit fiscal proyectado para 2026 asciende a 5,3% del PIB según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, con necesidad de una nueva ley de financiamiento por $30 billones para 2027. El gasto en nómina estatal creció sostenidamente por aumentos de planta, salarios y prestaciones durante el cuatrienio. El sistema de salud quedó en situación de incertidumbre tras los intentos fallidos de reforma, con cartera sin pagar a clínicas y medicamentos. Los pagos de intereses de deuda alcanzarían $83,9 billones en 2027 según proyecciones de MinHacienda. El próximo gobierno deberá combinar ajuste fiscal, nueva tributaria y renegociación de compromisos laborales del Estado.
Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) alcanzaron un acuerdo en la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, poniendo fin al conflicto laboral colectivo. El consenso incluye protección de empleo y mejoras en condiciones laborales, con implicaciones para los costos operativos y la carga prestacional de la empresa.
El proceso de negociación requirió más de 990 espacios de reunión, según informaron ambas partes. Entre los puntos acordados se incluyen medidas de protección del empleo de trabajadores sindicalizados y condiciones laborales específicas no detalladas públicamente hasta el momento. Ecopetrol es el mayor contribuyente del impuesto de renta y dividendos al fisco colombiano, por lo que cambios en su estructura de costos laborales tienen implicaciones tributarias indirectas. La convención colectiva regula las condiciones de trabajo de miles de empleados directos y es referente para contratistas del sector. El acuerdo evita una huelga que habría afectado la producción de hidrocarburos y los ingresos fiscales derivados.
La junta directiva de Davibank aprobó la transferencia de activos a Davivienda equivalentes a hasta el 30% de las acciones de HDI Seguros, operación sujeta al concepto de no objeción de la Superintendencia Financiera de Colombia. La transacción se enmarca en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
La operación fue avalada por los organismos de gobierno corporativo de ambas entidades y debe superar el filtro regulatorio de la SuperFinanciera antes de materializarse. HDI es una compañía de seguros filial del Grupo Bolívar cuya participación accionaria se redistribuiría dentro del conglomerado financiero. Este tipo de transferencias intragrupo tienen tratamiento especial bajo las normas de valoración de inversiones y pueden generar efectos en el impuesto de renta y en la declaración de dividendos. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) regula las condiciones bajo las cuales los establecimientos de crédito pueden transferir activos a entidades vinculadas. La SuperFinanciera tiene un plazo regulatorio para emitir su concepto de no objeción.
El Gobierno expidió un decreto que establece lineamientos técnicos y normativos en materia de empresas y derechos humanos, generando incertidumbre entre empresarios sobre su alcance y obligatoriedad. El decreto se suma a la preocupación ya planteada por Fenalco frente al decreto de tercerización.
La norma introduce obligaciones de debida diligencia en derechos humanos para empresas, siguiendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Principios Ruggie). Su alcance, las empresas sujetas y las sanciones por incumplimiento no están claramente delimitados en la versión publicada, lo que genera inseguridad jurídica. El decreto se expide en el marco de la política de empresas responsables del Gobierno Petro. Para los asesores, la norma puede derivar en nuevas obligaciones de reporte, auditoría de cadena de suministro y responsabilidad solidaria. Su compatibilidad con el régimen sancionatorio comercial y laboral vigente deberá ser evaluada por la SuperSociedades y el MinTrabajo.
El Consejo de Estado revocó la medida cautelar que había suspendido el Decreto 572 de 2025 expedido por el Ministerio de Hacienda, que ajusta las tarifas de retención en la fuente y autorretención en el impuesto sobre la renta. Las nuevas tarifas entran en vigor el 1 de julio de 2026, por lo que los agentes retenedores tienen hasta el 30 de junio para actualizar sus sistemas.
Las empresas que venían aplicando las tarifas anteriores deberán recalcular retenciones para pagos realizados desde el 1 de julio. El incumplimiento en la aplicación de tarifas correctas está sancionado bajo el artículo 675 del Estatuto Tributario. Se recomienda revisar específicamente los conceptos de salarios, honorarios, servicios y compras afectados por el decreto.
El MFMP 2026 contempla para 2027 una desaceleración del PIB a 2,2%, un dólar promedio de $3.859 COP/USD y un precio del petróleo de US$74,9 por barril, parámetros que son referencia para la planeación tributaria y presupuestal de empresas con exposición cambiaria o petrolera. Para 2026, el dólar promedio proyectado es $3.757 y la inflación convergerá gradualmente hacia el 3% en el mediano plazo.
Estos supuestos son la base oficial para calcular el recaudo esperado de impuestos sobre utilidades en dólares, dividendos de Ecopetrol y rentas del capital. El déficit proyectado de 5,3% del PIB para 2026 implica mayor necesidad de financiamiento vía TES, con presión sobre tasas de interés de largo plazo. El MFMP fue presentado al Congreso antes del cierre de legislatura.
La Resolución 162 de 2023 establece las obligaciones de reporte de información exógena para la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa Mercantil de Colombia, con base en los artículos 625 y 631-2 del Estatuto Tributario. Las entidades obligadas deben informar el valor total acumulado de adquisiciones y enajenaciones del año gravable, tanto por cuenta propia como de terceros, mediante el Formato 1041 Versión 6.
El reporte debe incluir NIT, dígito de verificación, razón social, dirección y codificación territorial del comisionista. El artículo 14 de esta resolución fue posteriormente compilado como artículo 1.3.4.6.1 en la Resolución 227 de 2025, que es el texto vigente de referencia. Los asesores de portafolios y comisionistas de bolsa deben verificar el cumplimiento de estos reportes en los plazos fijados para la información exógena del año gravable 2025.
Indicadores Macro
TRM$3.513,54 COP/USD-$53,57 (-1,50%) vs jornada anterior
La TRM del 13 de junio de 2026 refleja la continuación de la tendencia revaluacionista del peso colombiano, que acumula una apreciación de 19,5% en doce meses. El peso se ha fortalecido impulsado por el resultado electoral de primera vuelta, el debilitamiento global del dólar y el diferencial de tasas de interés. El MFMP proyecta un dólar promedio de $3.757 para 2026 y $3.859 para 2027, lo que sugiere que el nivel actual está por debajo del promedio oficial proyectado. La revaluación afecta el recaudo de renta por dividendos de empresas con ingresos en dólares y reduce el valor en pesos de las exportaciones. La próxima decisión de BanRep el 30 de junio podría moderar o ampliar el diferencial de tasas.
Petróleo BrentUS$87,51 por barril-US$5,67 (-6,1%) vs cierre previo reportado (US$93,18)
La caída del Brent de 6,1% en la jornada responde a la señal de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán que reduciría las tensiones geopolíticas y aliviaría restricciones al estrecho de Ormuz. Para Colombia, un Brent por debajo de US$90 reduce los ingresos de Ecopetrol y el recaudo por impuesto de renta y dividendos de la petrolera estatal. El MFMP proyecta un crudo de US$74,9 para 2027, por lo que la tendencia a la baja está en línea con las proyecciones oficiales de mediano plazo. La caída también presiona a la baja los ingresos por regalías y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Los asesores del sector energético deben monitorear el impacto en la valoración de activos petroleros y en la rentabilidad de proyectos con supuestos de precio más altos.
Sector Empresarial
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Ecopetrol y la USO firmaron la nueva Convención Colectiva de Trabajo tras un proceso de 990 reuniones, evitando una huelga en el sector petrolero.
El acuerdo protege el empleo de trabajadores sindicalizados y mejora condiciones laborales, sin que se hayan revelado los costos adicionales para Ecopetrol. La convención colectiva tiene vigencia plurianual y afecta la estructura de costos operativos de la empresa, que en 2025 reportó un índice de reposición de reservas de 1,21 barriles. Para los asesores, el acuerdo reduce el riesgo de paralización de la producción que habría impactado el recaudo fiscal por renta y dividendos.
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Se registraron 3.182 solicitudes de insolvencia empresarial ante SuperSociedades entre enero de 2024 y septiembre de 2025, con mayor concentración en servicios, comercio y manufactura.
El Atlas de Insolvencia de SuperSociedades evidencia una presión estructural sobre la liquidez empresarial colombiana. Desde la perspectiva tributaria, los procesos de insolvencia activan la calificación y graduación de créditos fiscales de la DIAN como acreedores en el proceso. Los asesores deben advertir a sus clientes que la activación tardía del proceso de reorganización deteriora la posición crediticia y reduce las opciones de acuerdo con acreedores, incluida la DIAN.
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SuperSociedades publicó informe sobre el desempeño financiero de las Cámaras de Comercio en Colombia, fechado el 29 de mayo de 2026.
El documento forma parte de los estudios de inteligencia corporativa de la Superintendencia de Sociedades y analiza la salud financiera de una red que gestiona millones de matrículas mercantiles a través del RUES. Las Cámaras de Comercio son actores clave en la constitución, modificación y disolución de sociedades, con implicaciones directas en el cumplimiento de obligaciones de reporte ante la DIAN y la UGPP. El informe no detalla cifras agregadas en el resumen público disponible.
Banca y FinTech
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Nu Colombia se integró a la red Redeban y se convierte en la primera fintech del país en ofrecer transferencias gratuitas e ilimitadas previo a Bre-B.
Los usuarios de Nu Colombia pueden transferir sin costo hacia Nequi, Daviplata, Dale!, Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas, Occidente, Popular y BBVA, con límite por transacción de COP $5.000.000. Nu Colombia aclaró que esta integración es complementaria a Bre-B, al que considera su prioridad estratégica de innovación. La medida amplía la competencia en el mercado de pagos digitales y puede afectar los ingresos por comisiones de transferencia de entidades tradicionales.
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Davivienda transfiere hasta el 30% de acciones de HDI Seguros a Davibank, operación pendiente de concepto de no objeción de la SuperFinanciera.
La transacción se enmarca en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y en las normas de conglomerados financieros supervisados por la SuperFinanciera. Las transferencias intragrupo de participaciones accionarias pueden generar efectos en el impuesto de renta por valoración de inversiones y en la distribución de dividendos al interior del conglomerado. La SuperFinanciera tiene competencia para objetar operaciones que afecten la solidez del grupo financiero o generen conflictos de interés.
Breves
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Fenalce reporta más de 10.600 hectáreas de maíz afectadas por sequía en el Tolima y pide al Gobierno declarar emergencia agropecuaria con alivios de deuda bancaria.
La afectación de cultivos de maíz por la sequía asociada al adelanto de El Niño impacta directamente a productores con créditos en el Banco Agrario y en bancos comerciales. Una declaratoria de emergencia agropecuaria habilitaría mecanismos de alivio tributario y financiero como los previstos en la Ley 101 de 1993. Los asesores de empresas agroindustriales deben monitorear el impacto en costos de materias primas y en la valoración de inventarios.
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Gobierno expide medidas para garantizar suministro de gas durante el mantenimiento de la regasificadora SPEC, programado del 30 de julio al 3 de agosto de 2026.
La regasificadora SPEC LNG en Cartagena es uno de los nodos críticos del sistema de gas natural colombiano, que importa el 32% de su demanda. El mantenimiento temporal aumenta el riesgo de desabastecimiento para sectores industriales y residenciales, con posible impacto en tarifas de energía y costos de producción. Los asesores de empresas con alta dependencia de gas natural deben evaluar coberturas contractuales de suministro y cláusulas de fuerza mayor.
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OIT adopta el primer convenio internacional sobre trabajadores de plataformas digitales, con potencial impacto en la regulación laboral colombiana de gig economy.
El convenio de la Organización Internacional del Trabajo busca ampliar protecciones laborales a millones de trabajadores de plataformas como Rappi, Uber e InDriver. Colombia, como miembro de la OIT, deberá evaluar la ratificación del convenio, lo que implicaría ajustes en la legislación laboral y en las obligaciones de seguridad social para plataformas. Para los asesores tributarios, la eventual reclasificación de trabajadores independientes de plataformas como dependientes tendría efectos en retención en la fuente y aportes parafiscales.
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