El Congreso dio luz verde al proyecto de ley que crea el nuevo régimen sancionatorio aduanero de la DIAN, evitando un vacío jurídico que habría afectado miles de procesos en curso. El presidente Petro debe sancionar la ley antes del 20 de junio de 2026.
La aprobación protege 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales que quedaban en riesgo ante la expiración del marco sancionatorio anterior. El nuevo régimen endurece los controles contra el contrabando y actualiza las sanciones aplicables en comercio exterior. La norma deberá ser sancionada por el Ejecutivo antes del 20 de junio de 2026, fecha límite para evitar el vacío jurídico. La iniciativa es resultado de la presión ejercida por la DIAN, que alertó sobre el impacto fiscal y jurídico millonario de no contar con un marco vigente.
El gravamen creado bajo la emergencia económica sumó $5,1 billones en sus dos primeras cuotas, con los sectores bancario y energético como mayores aportantes. La primera cuota generó $2,4 billones y la segunda $2,7 billones.
El impuesto al patrimonio derivado de la declaratoria de emergencia económica acumuló más de $5,1 billones recaudados a mayo de 2026. La primera cuota recogió alrededor de $2,4 billones y la segunda $2,7 billones, mostrando un ligero crecimiento entre pagos. Los sectores de banca y energía concentraron los mayores aportes. Este recaudo es relevante para evaluar el cumplimiento de las metas fiscales del Gobierno en el contexto del déficit proyectado que puede superar el 6,7% del PIB según las cifras oficiales.
En la primera semana de junio de 2026, un tercio de los requerimientos de gas del país se cubrió con importaciones a través de la terminal SPEC de Cartagena, única regasificadora operativa. La dependencia externa presiona tarifas y puede impactar el IPC en el segundo semestre.
El 32% de la demanda nacional de gas en la primera semana de junio se suplió con compras externas canalizadas por la terminal SPEC en Cartagena. Las plantas de regasificación de Ecopetrol y TGI acumulan retrasos, dejando al país con capacidad limitada ante el déficit estructural de producción interna. Agremgas llamó a acelerar la regulación y fortalecer la seguridad energética como prioridad para el próximo gobierno. La dependencia importadora presiona al alza las tarifas industriales y residenciales, con posibles efectos de segunda ronda sobre el IPC en el segundo semestre de 2026.
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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá incluyó a más de 93.000 contribuyentes en el boletín de deudores morosos del Gobierno Nacional, abriendo la vía a embargos y cobros coactivos. La medida afecta a personas naturales y jurídicas con obligaciones tributarias distritales en mora.
El reporte al boletín de morosos del Gobierno Nacional habilita a las autoridades tributarias a iniciar procesos de cobro coactivo, incluyendo embargos de cuentas bancarias y otros activos. Los contribuyentes reportados pueden enfrentar restricciones para contratar con entidades públicas y acceder a ciertos servicios financieros. La acción se enmarca en la estrategia de la Secretaría Distrital de Hacienda para reducir la cartera morosa por concepto de predial, ICA y otros tributos distritales. Los asesores deben verificar si sus clientes aparecen en el boletín y gestionar acuerdos de pago antes de que avance el cobro coactivo.
Una ley recientemente aprobada en Colombia establece responsabilidades directas para entidades financieras, fintech y operadores de telecomunicaciones ante fraudes por suplantación de identidad. Los montos reclamados por estas modalidades pasaron de $30.622 millones a $92.235 millones en dos años.
La nueva ley crea un marco de responsabilidad para bancos, compañías de financiamiento, fintech y telefónicas frente a casos de suplantación de identidad en canales digitales. Los reclamos por fraude telefónico y por mensajes de texto crecieron de $30.622 millones a $92.235 millones entre 2024 y 2026, evidenciando la magnitud del problema. Las entidades obligadas deberán implementar controles de autenticación reforzada y responder patrimonialmente ante fallos en sus sistemas de verificación. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ya expuso propuestas complementarias para combatir el fraude por canales digitales.
El Banco de la República advirtió en su Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026 sobre la desaceleración del crédito y el aumento del endeudamiento de los hogares en relación con el ingreso disponible. Las empresas muestran cautela en la toma de nuevos pasivos.
El Reporte de Estabilidad Financiera I-2026 del BanRep señala que el sistema financiero mantiene indicadores de solvencia y liquidez adecuados, aunque la dinámica de crédito se ha moderado frente a 2025. El endeudamiento de los hogares en relación con el ingreso disponible registró un incremento, reduciendo el margen de maniobra ante choques externos. Las empresas, por su parte, han actuado con mayor prudencia en la contratación de nuevos créditos. El informe resalta que las presiones inflacionarias y las tasas de interés elevadas (11,25% nominal) siguen condicionando el comportamiento del sector.
La calificadora Moody's identificó como prioritarios la consolidación fiscal, la reducción del déficit y el manejo de la deuda pública para el gobierno que tome posesión en agosto de 2026. La calificación soberana de Colombia sigue condicionada a la trayectoria de ajuste fiscal.
Moody's señaló que el próximo gobierno deberá abordar de inmediato la reducción del déficit fiscal, que según estimaciones privadas podría superar el 8% del PIB en 2026. La calificadora destacó la necesidad de restablecer la confianza institucional y avanzar en reformas que garanticen la sostenibilidad de la deuda pública, que ya supera el 52% del PIB. La gestión de pasivos contingentes del sistema de salud y pensiones fue mencionada como un factor de riesgo adicional. El mercado de TES y el tipo de cambio han respondido favorablemente a las encuestas que proyectan un cambio de gobierno, pero Moody's advierte que los fundamentos fiscales requieren acción concreta.
El peso colombiano continuó su apreciación el 10 de junio, con el dólar tocando un mínimo intradía de $3.548,50 y cerrando cerca de ese nivel. Desde el 31 de mayo, la TRM acumula una caída de $90,06, reflejando el llamado 'efecto Abelardo' en los mercados.
En la jornada del 10 de junio de 2026, el dólar abrió en $3.575, alcanzó un máximo de $3.588,40 y cerró en un mínimo de $3.548,50, según datos de Valora Analitik. La TRM certificada para el 11 de junio quedó en $3.581,46 COP/USD, con una variación de -$6,63 (-0,18%) frente a la jornada previa. Desde el 31 de mayo hasta el 9 de junio, la TRM acumuló una caída de $90,06, atribuida por analistas al optimismo de mercado ante la probable victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Deutsche Bank señaló que el mercado descuenta dicho resultado y anticipa efectos negativos ante un eventual triunfo de Cepeda.
El Congreso aprobó el proyecto que crea el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero de la DIAN, blindando jurídicamente 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales que estaban en riesgo de nulidad. El presidente Gustavo Petro debe sancionar la ley antes del 20 de junio de 2026 para evitar un vacío normativo total en materia de infracciones aduaneras.
El régimen actualiza las sanciones aplicables a operadores de comercio exterior y endurece los controles contra el contrabando. Su entrada en vigor es inmediata tras la sanción presidencial.
El Consejo de Estado accedió parcialmente a las pretensiones de Clínica de Marly S.A. en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que modificaron su liquidación del impuesto sobre la renta por la vigencia 2002.
La demandante había declarado un saldo a favor de $537.817.000, devuelto mediante Resolución N° 608-3131 del 11 de septiembre de 2003, que fue posteriormente objetado por la División de Fiscalización de Grandes Contribuyentes. La apertura de investigación data del 10 de diciembre de 2003, evidenciando la duración de los procesos de fiscalización en materia de renta. La sentencia es relevante para contribuyentes que enfrenten modificaciones de liquidaciones privadas por parte de la Administración Especial de Grandes Contribuyentes de Bogotá.
Indicadores Macro
TRM$3.581,46 COP/USD-$6,63 (-0,18%) vs jornada anterior
La TRM certificada por la Superintendencia Financiera para el 11 de junio de 2026 es de $3.581,46 COP/USD. En el mercado intradía del 10 de junio el dólar tocó un mínimo de $3.548,50, rompiendo el soporte técnico de $3.550. Desde el 31 de mayo, el peso ha ganado $90,06 frente al dólar, en lo que analistas denominan el 'efecto Abelardo'. En casas de cambio la tasa de venta al público se ubica hasta $149 por encima de la TRM.
Petróleo BrentUS$91,24 por barril-0,23% vs jornada anterior
El petróleo Brent cerró el 10 de junio en US$91,24 por barril, con una caída de 0,23%, mientras el WTI retrocedió 0,16% hasta US$88,06. La escalada bélica entre EE.UU. e Irán y el anuncio del cierre del estrecho de Ormuz generaron volatilidad intradía, aunque el mercado cerró a la baja. Para Colombia, el nivel de precios sigue siendo favorable para los ingresos fiscales de Ecopetrol y las regalías petroleras.
Índice de Incertidumbre Económica Fedesarrollo (mayo 2026)253 puntos-4 puntos vs promedio 2025 (257); -5 puntos vs promedio 2024 (258)
Fedesarrollo reportó que el Índice de Incertidumbre Económica cayó a 253 en mayo de 2026, resultado inferior al promedio de los dos años anteriores. La reducción se atribuye al contexto electoral y a la expectativa de un cambio de gobierno que mejore el clima de negocios. A pesar de la mejora, el índice sigue en niveles elevados históricamente, reflejando las incertidumbres fiscales y de política económica que enfrentará el próximo gobierno. La confianza sectorial, sin embargo, retrocedió en mayo por alertas en transporte, construcción y agro.
Sector Empresarial
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SuperSociedades registró 391 empresas en liquidación en 2025, acumulando más de 1.256 cierres en cuatro años; Bogotá concentra la mayoría de los procesos.
Las 391 liquidaciones de 2025 representan una reducción frente a las 459 de 2024, pero duplican las 193 de 2022, reflejando el deterioro empresarial acumulado. Los sectores de servicios, comercio y manufactura son los más afectados según el Atlas de Insolvencia de SuperSociedades. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se presentaron 3.182 solicitudes de insolvencia en total. Los asesores deben considerar la activación temprana de mecanismos de reorganización bajo la Ley 1116 de 2006 antes de que el deterioro haga inviable la restructuración.
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Corte Constitucional ratifica en Sentencia T-137 de 2026 que la tutela no procede contra decisiones jurisdiccionales de SuperSociedades en insolvencia.
El fallo se originó en la liquidación judicial de Inversiones y Proyectos Inmobiliarios Colombia S.A.S. (Inproincol), donde acreedores intentaron vía tutela el reconocimiento de créditos laborales rechazados en la graduación. La Corte reafirmó que las actuaciones de SuperSociedades en funciones jurisdiccionales tienen carácter de cosa juzgada y solo pueden impugnarse por los recursos ordinarios del proceso concursal conforme a la Ley 1116 de 2006. La sentencia es relevante para acreedores que pretendan impugnar graduaciones de crédito por fuera de los cauces procesales.
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Grupo Aval transfirió su participación del 52,8% en Corficolombiana a Ficentro, consolidando la estructura del conglomerado financiero.
La operación implica que Grupo Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular conservan indirectamente el 100% del capital de Ficentro, que pasa a ser el vehículo de control sobre Corficolombiana. El movimiento tiene implicaciones en materia de precios de transferencia, consolidación financiera y declaración de grupos empresariales ante SuperFinanciera y DIAN. Los asesores de grandes grupos empresariales deben revisar las obligaciones de información de vinculados económicos y los efectos en la tributación consolidada.
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El Cóndor firmó adición N.° 6 al contrato del Túnel del Toyo por más de $39.000 millones para continuar obras del túnel más largo de América Latina.
El otrosí agrega recursos destinados a obras del Túnel del Toyo en Antioquia, un proyecto de infraestructura estratégico para la conectividad del occidente colombiano. La adición es relevante en el contexto del mecanismo de Obras por Impuestos y del seguimiento a contratos de concesión de cuarta generación. Los recursos adicionales no fueron detallados en cuanto a su fuente de financiamiento (vigencias futuras, recursos propios o crédito), aspecto que los asesores financieros de contratistas deben monitorear.
Banca y FinTech
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ePayco lanzó ePayco Payouts, herramienta de automatización de pagos masivos a proveedores y nómina con integración directa a los principales bancos colombianos.
La solución se integra con Davivienda, Daviplata, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AV Villas, Bancolombia, Nequi y BBVA, permitiendo dispersión simultánea de fondos a múltiples beneficiarios. Según ePayco, la adopción puede reducir aproximadamente 11% de los gastos operativos de gestión de pagos, que representan entre 4,1% y 4,4% del total de egresos empresariales. El producto es relevante para empresas con obligaciones recurrentes de pago masivo y para asesores que busquen optimizar los costos de tesorería de sus clientes.
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Fasecolda alerta por proyecto de ley que crearía póliza obligatoria de Responsabilidad Civil Extracontractual asociada a la licencia de conducción, incluidas motos.
El gremio asegurador pidió la eliminación del artículo que instituye el nuevo seguro obligatorio, argumentando que duplicaría coberturas del SOAT y elevaría los costos para los conductores. La medida afectaría a todos los propietarios de vehículos motorizados, incluidas las motos, cuyo mercado proyecta ventas históricas en 2026. Bancadas del Congreso también solicitaron la eliminación del requisito. Los asesores tributarios y de nómina deben monitorear si el proyecto avanza, dado el impacto en costos de flotas empresariales.
Breves
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Plazo para traslado pensional bajo Ley 2381 de 2024 vence el 16 de julio de 2026; más de 200.000 afiliados de Porvenir aún pueden cambiar de régimen.
Porvenir confirmó que más de 200.000 de sus afiliados cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas para ejercer el traslado entre el régimen de ahorro individual y Colpensiones antes del 16 de julio. La ventana de traslado es irrevocable una vez cerrada, por lo que los asesores previsionales deben garantizar que sus clientes evalúen la conveniencia del cambio con suficiente anticipación. La Ley 2381 de 2024 regula las condiciones específicas de elegibilidad y los efectos del traslado en la historia laboral del afiliado.
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Confianza sectorial retrocede en mayo 2026 por alertas en transporte, construcción y agro; sectores que concentran alta exposición tributaria territorial.
El deterioro de la confianza en estos tres sectores coincide con presiones de costos laborales (reforma laboral), alza en tarifas de energía y reducción de la demanda interna. Para asesores con clientes en construcción y agro, el contexto de menor confianza puede anticipar solicitudes de aplazamiento de obligaciones tributarias o procesos de reestructuración. La confianza sectorial, medida por una firma privada, complementa el Índice de Incertidumbre Económica de Fedesarrollo que cayó a 253 en mayo.
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Bavaria recibe pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas prácticas contrarias a la libre competencia.
La SIC formuló pliego de cargos contra Bavaria, la mayor cervecera de Colombia y filial de AB InBev, aunque los detalles específicos de la conducta investigada no fueron revelados públicamente. Este tipo de actuaciones pueden derivar en sanciones económicas significativas y en la imposición de medidas correctivas que afectan la estructura comercial de la empresa. Para asesores de grandes empresas del sector consumo masivo, el caso subraya la importancia de revisar prácticas de distribución exclusiva, fijación de precios y acceso a canales comerciales.
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MinMinas lanzó subasta de energía limpia con contratos de hasta 15 años para diversificar la matriz y reducir dependencia del gas importado.
La subasta busca atraer inversión en proyectos de energías renovables y almacenamiento energético mediante contratos de largo plazo que ofrezcan certeza de ingresos a generadores. La iniciativa es parte de la respuesta del Gobierno al déficit estructural de gas natural que ya obliga a importar el 32% de la demanda. Los contratos de hasta 15 años también son relevantes para estructuras de financiamiento de proyecto (project finance) y para el mecanismo de Obras por Impuestos en zonas de alta irradiación o viento.
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