El Ministerio de Hacienda anunció la terminación total de la operación de Total Return Swap (TRS) en francos suizos, lo que permitió reducir el costo del endeudamiento y llevar la deuda neta al 57% del PIB. La medida tiene efecto directo sobre la posición fiscal del Gobierno Nacional Central.
MinHacienda confirmó la cancelación del 100% del TRS en francos suizos, instrumento derivado que cubría parte del riesgo cambiario de la deuda externa. Según la cartera, la operación redujo el costo del endeudamiento y contribuyó a bajar la deuda neta al 57% del PIB, desde niveles de 59% reportados en el 1T26. La deuda interna, sin embargo, continúa en aumento: la deuda bruta total llegó a 61,2% del PIB según datos del BanRep. La apreciación del peso frente al dólar —acumulada en cerca de 17% frente a mayo de 2025— también explicó parte de la reducción de la deuda externa medida como proporción del PIB, que pasó de 40,17% a 26,59%. Para efectos contables y de análisis de riesgo soberano, esta novedad es sustantiva respecto al reporte del 28 de mayo que solo mencionaba la expectativa de cancelación.
La DIAN solicitó formalmente al Congreso priorizar la aprobación del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, advirtiendo que la falta de norma actualizada deja en incertidumbre jurídica operaciones de comercio exterior por alrededor de $7 billones. El vacío normativo afecta tanto a importadores como a exportadores.
El director de la DIAN expuso ante el Congreso la necesidad de agilizar el agendamiento del proyecto de Régimen Sancionatorio Aduanero, cuya aprobación lleva meses pendiente. Según Semana, representantes del sector de comercio exterior advierten que $7 billones en operaciones podrían quedar sin sustento jurídico adecuado si el marco sancionatorio no se actualiza. El Decreto 659 de 2024, ya cubierto en reportes anteriores, armonizó parcialmente las normas sustanciales y sancionatorias, pero no sustituyó la necesidad de una ley. La incertidumbre afecta en particular los procesos de fiscalización aduanera, los recursos de reconsideración y las garantías aduaneras vigentes. La DIAN ha condicionado la seguridad jurídica de operadores de comercio a la pronta acción legislativa.
Un nuevo fallo del Consejo de Estado estableció límites a las sanciones por omisión en la declaración del Impuesto de Industria y Comercio, en una decisión que podría beneficiar a miles de contribuyentes que enfrentan liquidaciones de aforo con multas excesivas. El pronunciamiento es relevante para empresas con presencia en múltiples municipios.
Valora Analitik reporta que el Consejo de Estado emitió un fallo que pone freno a multas desproporcionadas aplicadas por entidades territoriales cuando el contribuyente no presenta la declaración del ICA. La Sala Sección Cuarta precisó el alcance de la base sobre la cual se calcula la sanción por no declarar, limitando la discrecionalidad de los municipios para imponer cargas sancionatorias desmedidas. La decisión se suma al precedente previo sobre nulidad de actos de ICA de Emgesa vs. Guachené, reforzando la protección al contribuyente frente al poder de fiscalización municipal. Para asesores tributarios, este fallo es relevante en procesos de discusión de actos administrativos de ICA y en la evaluación de contingencias tributarias locales. No se ha publicado aún el número de radicación oficial del fallo.
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Empresarios del sector de alimentos advierten que el proyecto de Ley de Financiamiento en trámite en el Congreso incrementaría el IVA del café del 5% al 18%, con posibles efectos similares sobre el pan y otros productos básicos. El alza impactaría costos logísticos y precios al consumidor en un contexto de inflación ya por encima de la meta.
El presidente de BBI Colombia TOSTAO alertó que el ajuste del IVA al café, contemplado en el articulado de la Ley de Financiamiento, encarecería insumos y elevaría precios al consumidor final. El proyecto, que ya fue cubierto en sus lineamientos generales, incorpora esta novedad específica sobre tarifas diferenciales de IVA en alimentos de canasta familiar que no había sido detallada en reportes anteriores. El IPC anual a abril de 2026 ya se ubica en 5,68%, y una reforma que amplíe la base gravada del IVA en alimentos básicos añadiría presión inflacionaria adicional. La medida contrastaría con la política de cero IVA en canasta básica que estuvo vigente en años anteriores. El Congreso no ha definido fecha de votación del articulado correspondiente.
A vísperas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, Semana publicó un análisis de las propuestas tributarias de los tres candidatos con mayor intención de voto, con énfasis en renta, IVA, patrimonio y cargas empresariales. El resultado electoral determinará el rumbo de la política fiscal colombiana para el cuatrienio 2026-2030.
El análisis de Semana identifica diferencias sustanciales entre los programas tributarios de los candidatos líderes en encuestas: uno propone mantener la carga actual con ajustes en deducciones a personas naturales; otro plantea reducir impuestos a empresas y eliminar sobretasas sectoriales; el tercero promueve una reforma progresiva con mayor tributación a grandes patrimonios. Para asesores financieros y tributarios, el resultado de la elección define el riesgo de nuevas reformas al impuesto de renta, al IVA y a los dividendos en el corto plazo. El Congreso que acompañará al nuevo gobierno también será determinante para el trámite de la Ley de Financiamiento ya en curso. La primera vuelta se celebra el 31 de mayo de 2026 y, de no haber mayoría absoluta, la segunda vuelta sería el 21 de junio de 2026.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un borrador de decreto que otorgaría exenciones tributarias a proyectos de ensamble de vehículos eléctricos en Colombia, con el fin de atraer inversión extranjera directa. Los gremios respaldan la política pero piden ajustes al articulado.
El proyecto de decreto del MinCIT busca posicionar a Colombia como plataforma de ensamble de vehículos electrificados mediante incentivos fiscales, en el marco de la política de reindustrialización del Gobierno Petro. Las exenciones aplicarían a importaciones de partes y componentes y a impuestos de renta para las plantas de ensamble. Según Valora Analitik, gremios como Andemos respaldan el objetivo pero señalan que el texto necesita ajustes en materia de requisitos de contenido local y plazos de gracia. Tesla, por su parte, descartó la viabilidad económica de maquilar en Colombia en el corto plazo. El decreto aún está en etapa de comentarios y no tiene fecha de expedición oficial.
El EMBI de Colombia continúa ampliándose respecto a países comparables de la región, reflejando la presión que ejercen el deterioro fiscal y la elevada deuda interna sobre la percepción de riesgo soberano. La incertidumbre electoral del 31 de mayo mantiene la volatilidad en el mercado de deuda.
El Tiempo reporta que la prima de riesgo soberana de Colombia —medida por el EMBI— se sigue alejando de la de sus pares latinoamericanos a días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. La combinación de deuda bruta en 61,2% del PIB, servicio de deuda que absorbe cerca del 40% del recaudo y déficit fiscal estructural explican el deterioro relativo. Los TES de largo plazo han incorporado esta prima adicional, lo que encarece el costo de financiamiento del Gobierno y eleva las tasas de referencia para el sector privado. Aunque el peso colombiano ha mostrado fortaleza cambiaria en las últimas semanas, el mercado de renta fija registra señales opuestas. El resultado electoral será el principal catalizador de movimiento en spreads durante junio.
Un borrador de decreto promovido por el Gobierno busca modernizar la gestión de riesgos operativos y la administración de recursos en las entidades financieras colombianas, en línea con estándares internacionales de Basilea. La SuperFinanciera sería la entidad encargada de su supervisión.
Valora Analitik reporta que el borrador de decreto permitiría a las entidades financieras gestionar de manera más eficiente sus recursos operativos, incluyendo reglas actualizadas para la administración de riesgo de liquidez, crédito y operacional. El texto está alineado con las recomendaciones del Comité de Basilea y busca reducir la fragmentación regulatoria actual. La propuesta incluye ajustes a los requerimientos de capital y a los procedimientos de reporte ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Aún no tiene número de decreto asignado ni fecha de expedición definitiva. Para asesores de entidades vigiladas, esta reforma implicará revisión de manuales de riesgo y políticas internas.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la nulidad de los actos de determinación del ICA proferidos por el municipio de Guachené contra Emgesa S.A. E.S.P.
El fallo del 9 de noviembre de 2023 precisó que, anulado el título ejecutivo que sustentaba el cobro coactivo, no puede continuar el proceso ejecutivo con base en ese mismo acto. La Sala también aclaró que la exigencia de acreditar la admisión de la demanda ante el municipio era improcedente dado el resultado anulatorio. La decisión es relevante para contribuyentes que enfrenten cobros coactivos apoyados en liquidaciones oficiales de ICA posteriormente anuladas en vía contenciosa. Aplica a empresas del sector energético y de servicios públicos con operaciones en municipios pequeños.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó para comentarios un proyecto de decreto que establece incentivos tributarios para atraer inversión extranjera directa en el ensamble de vehículos eléctricos en Colombia. Los beneficios incluirían exenciones en importación de partes y posibles alivios en impuesto de renta para plantas de producción.
El proyecto se enmarca en la política de reindustrialización del Gobierno Petro y en la agenda de transición energética. Gremios del sector automotor respaldan el objetivo pero solicitan ajustes en requisitos de contenido local y en los plazos de aplicación. No tiene número de decreto asignado ni fecha de expedición definitiva.
El Gobierno Petro revivió un borrador de decreto que regula la prestación de servicios de pago a través de operadores postales, permitiéndoles ofrecer nuevas alternativas de pago digital en el marco del servicio postal de pago. La iniciativa había recibido críticas del sector financiero y de FinTechs por solapamiento con regulación de la SuperFinanciera.
El borrador establece condiciones técnicas, de seguridad y de supervisión para los operadores habilitados. Su expedición tendría impacto en la competencia del mercado de pagos y en la oferta de servicios financieros en zonas con baja bancarización. No tiene fecha de expedición oficial.
El Gobierno radicó para comentarios un borrador de decreto orientado a modernizar los marcos de gestión de riesgo operacional, de crédito y de liquidez de las entidades financieras bajo supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. El texto incorpora lineamientos del Comité de Basilea y busca unificar procedimientos dispersos en múltiples circulares.
Las entidades obligadas deberán actualizar sus manuales de riesgo, políticas internas y reportes periódicos a la SuperFinanciera. El decreto aún no tiene número asignado ni fecha de entrada en vigencia. Para bancos, fiduciarias y compañías de seguros, esta reforma implica revisión de estructuras de gobierno de riesgo.
Indicadores Macro
TRM (28 de mayo de 2026)$3.641 COP/USD (cierre jornada)+$15,06 vs TRM certificada del 28 de mayo ($3.626)
El dólar cerró la jornada del 28 de mayo en $3.641, por encima de la TRM certificada de $3.626, rompiendo la racha bajista de los días previos. Las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz —tras el ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán a una base aérea estadounidense— frenaron el rally del peso y presionaron el tipo de cambio al alza. El petróleo Brent subió más del 3% en la jornada, lo que suele favorecer al peso colombiano, pero la incertidumbre electoral también pesó sobre la divisa. La TRM certificada para el 29 de mayo, que rige las operaciones del día, refleja el promedio ponderado de la jornada del 28 de mayo.
Tasa de Interés de Política Monetaria (BanRep)11,25% nominal anualEstable (vigente desde 1 de abril de 2026)
La Junta Directiva del Banco de la República mantiene la tasa de intervención en 11,25%, nivel fijado el 1 de abril de 2026. La próxima reunión de política monetaria está programada para el 30 de junio de 2026. El MinHacienda ha advertido que este nivel de tasas generaría pérdida de hasta 48.000 empleos y $1,8 billones adicionales en intereses de la deuda pública. La inflación anual de 5,68% a abril de 2026 —muy por encima de la meta del 3%— justifica la postura restrictiva del Emisor. El resultado electoral del 31 de mayo podría condicionar las expectativas del mercado sobre el sendero de tasas para el segundo semestre.
Sector Empresarial
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Grupo Argos recompró cerca de $12.000 millones en acciones entre el 15 y el 27 de mayo, como respuesta a la caída bursátil por el rechazo gubernamental a los peajes de Odinsa.
Entre el 15 y el 27 de mayo de 2026, Grupo Argos adquirió 393.580 acciones ordinarias y 502.770 acciones preferenciales en la BVC, por un monto total cercano a $12.000 millones. El programa de recompra fue activado tras la decisión del Gobierno de rechazar la operación de peajes de Odinsa en el Eje Cafetero, que generó una caída en las acciones de Grupo Argos y Cementos Argos. La recompra es una señal de confianza de la administración en el valor intrínseco de los títulos y busca dar soporte al precio de mercado. Cementos Argos mantiene adicionalmente un programa de recompra por $450.000 millones aprobado previamente.
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Davivienda completó la colocación del segundo lote de su duodécima emisión de bonos ordinarios por $249.510 millones, con demanda 1,8 veces superior a la oferta.
La entidad financiera cerró exitosamente la operación de su segundo lote de bonos ordinarios en la BVC, sumando $249.510 millones a los $182.317 millones del primer lote colocado días antes. La demanda total superó 1,8 veces el monto ofrecido, reflejando el apetito del mercado por deuda corporativa de alta calidad. Los plazos de colocación se distribuyeron entre 30, 36 y 108 meses. Esta es la doceava emisión de Davivienda en el mercado de capitales colombiano y forma parte de su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento en el marco de la integración de activos de Scotiabank.
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ANI avanza en estructuración del megaproyecto vial Villeta–Guaduas–El Korán por cerca de $8 billones en Cundinamarca.
El vicepresidente de Estructuración de la ANI, Julián Rueda, confirmó que el proyecto vial Villeta–Guaduas–El Korán, valorado en cerca de $8 billones, está en fase avanzada de estructuración. El corredor es estratégico para la conectividad de Cundinamarca con el interior del país y se espera que salga a licitación en los próximos meses. La iniciativa es relevante en el contexto de la pérdida de proyectos como la Conexión Centro ($7 billones), que la ANI rechazó recientemente. Para asesores de estructuras de financiación de infraestructura y project finance, este proyecto representa una oportunidad de participación en el mercado de concesiones 5G.
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GoldMining inicia programa de exploración en el proyecto Yarumalito (oro y cobre) en Antioquia, cerca de Marmato.
La empresa canadiense GoldMining Inc. anunció el inicio formal de su programa de exploración en el proyecto Yarumalito, ubicado en Antioquia, en proximidad a la mina Marmato de Aris Mining. El proyecto apunta a recursos de oro y cobre en una zona de alto potencial geológico. Para el sector tributario, esta actividad reactiva el debate sobre la tributación minera, las regalías y la aplicación del régimen especial de estabilidad jurídica para proyectos de exploración. El inicio de exploración es relevante también para el análisis del potencial exportador de cobre de Colombia, estimado en hasta US$1.500 millones anuales según proyecciones recientes.
Banca y FinTech
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Banco de Bogotá lanza seguro digital para transacciones Bre-B, con cobertura de hasta $1.300.000 por evento.
Banco de Bogotá introdujo una póliza de seguro digital específica para cubrir transacciones realizadas a través del ecosistema Bre-B, contratada de forma digital por la Banca Virtual. La cobertura es de hasta $1.300.000 por evento y busca responder a las alertas de fraude que han surgido en el sistema de pagos inmediatos. La iniciativa es la primera de su tipo en el ecosistema Bre-B colombiano y puede marcar un estándar para otras entidades. Para asesores de empresas con alta transaccionalidad en pagos inmediatos, este producto representa una herramienta de gestión de riesgo operacional relevante.
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Infraestructura tecnológica de Bre-B está lista para ampliar servicios más allá de pagos P2P, según operadores del sistema.
Valora Analitik reporta que la infraestructura tecnológica del sistema Bre-B ya tiene capacidad para soportar nuevos servicios como pagos B2B, pagos de impuestos y nóminas, más allá de las transferencias persona a persona que actualmente concentran su operación. Los operadores del sistema señalan que la expansión requiere ajustes regulatorios de la SuperFinanciera y acuerdos de interoperabilidad adicionales entre entidades. Esta ampliación potencial es clave para la digitalización del pago de tributos, incluyendo retenciones en la fuente y pagos a la DIAN. El sistema ya cuenta con más de 100 millones de llaves registradas y supera los 100 participantes.
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Sociedades comisionistas de bolsa registran más de 557.000 inversionistas en 2026; Asobolsas advierte que el reto es escalar hacia el aparato productivo.
Asobolsas reportó que las sociedades comisionistas de bolsa en Colombia administran portafolios de más de 557.000 inversionistas activos a 2026, una cifra que refleja el crecimiento de la inversión bursátil retail. Sin embargo, el gremio advierte que el desafío central es canalizar ese crecimiento hacia el financiamiento productivo de empresas medianas y grandes a través del mercado de capitales. El dato es relevante para asesores que trabajan con clientes en la estructuración de inversiones en valores y en el cumplimiento de obligaciones tributarias asociadas (gravamen a dividendos, impuesto de ganancias ocasionales en cesiones de acciones). La BVC y la SuperFinanciera están impulsando mecanismos para ampliar la base de emisores.
Breves
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Superservicios inició vigilancia especial del servicio eléctrico de Celsia en Valle del Cauca y Tolima ante incumplimientos regulatorios.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió una inspección especial sobre Celsia en sus áreas de prestación del servicio eléctrico en Valle del Cauca y Tolima, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los marcos regulatorios aplicables. La medida se da en un contexto de alertas sistémicas por el sistema eléctrico ante el inicio anticipado de El Niño. La vigilancia especial puede derivar en medidas de control de gestión o instrucciones específicas si se constatan incumplimientos.
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MinAgricultura habilitará $67.272 millones en subsidios para seguros agropecuarios ante riesgo de El Niño.
El Ministerio de Agricultura anunció la disponibilidad de $67.272 millones en subsidios para la contratación de seguros agropecuarios, orientados a proteger a productores ante los efectos del fenómeno de El Niño. Adicionalmente, cerca de 6.183 caficultores ya están cubiertos bajo pilotos de aseguramiento con activación automática. La medida es relevante para asesores de empresas del sector agroindustrial en materia de gestión de riesgos y deducibilidad de primas de seguro en el impuesto de renta.
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MinTransporte revocó 7,5 millones de fotomultas expedidas entre 2018 y 2024; Superintendencia de Transporte investiga 760 cámaras.
El Ministerio de Transporte anunció la revocatoria de 7,5 millones de fotomultas emitidas entre 2018 y 2024, mientras la Superintendencia de Transporte adelanta investigaciones sobre 760 cámaras de fotomultas en el país. El superintendente Alfredo Piñeres confirmó que la investigación está activa y que las multas siguen vigentes mientras no sean formalmente revocadas por el ente competente. Para empresas con flotas vehiculares, esta situación genera incertidumbre sobre obligaciones de pago pendientes y la procedencia de la deducción fiscal de estas multas en renta.
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La inclusión laboral de personas con discapacidad deja de ser voluntaria: obligaciones para empleadores entran en vigor desde junio de 2026.
Semana reporta que la normativa de inclusión laboral de personas con discapacidad pasa a ser obligatoria para empresas a partir de junio de 2026, con requisitos mínimos de contratación y ajustes razonables en el puesto de trabajo. Los empleadores que incumplan podrán ser objeto de sanciones del Ministerio de Trabajo. Para asesores de nómina y recursos humanos, esta obligación implica revisar las políticas de contratación, los contratos de trabajo y los reportes ante el SENA y el Ministerio de Trabajo.
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