El proyecto de ley de financiamiento contempla un capítulo de normalización dirigido a cerca de 100.000 deudores morosos de la DIAN, con descuentos de hasta el 90% en intereses, multas y sanciones. La Contraloría General estima que las obligaciones en mora ascienden a aproximadamente $22 billones.
El capítulo de normalización fiscal del proyecto de ley de financiamiento busca recaudar $16,3 billones en total. La Contraloría cifra el universo de deuda morosa en $22 billones, lo que implica que los descuentos ofrecidos podrían significar una condonación parcial significativa para el fisco. El mecanismo apunta a reactivar el cumplimiento voluntario de cerca de 100.000 contribuyentes con obligaciones vencidas ante la DIAN. El proyecto continúa su trámite en las comisiones del Congreso tras el aplazamiento del primer debate registrado la semana anterior por falta de quórum. Los asesores tributarios deben evaluar con sus clientes la conveniencia de acogerse a la normalización antes de que el proyecto sea aprobado o modificado.
Mediante el Auto A948-24, la Corte Constitucional negó la solicitud del Ministerio de Hacienda de limitar o aclarar los efectos de la Sentencia C-489 de 2023, que declaró inexequible la prohibición de deducir regalías del impuesto de renta en el sector minero-energético. La decisión es definitiva y favorece a los contribuyentes del sector.
El Ministerio de Hacienda estimó que el impacto fiscal acumulado para 2024 asciende a $6,65 billones, incluyendo efectos de las vigencias 2023 y 2024 agravados por el Decreto 261 del 24 de febrero de 2023. La Corte señaló que el Gobierno no acreditó de forma rigurosa el impacto alegado y que parte del recaudo de $3,4 billones proviene de incrementos en otros tributos distintos a las regalías. La C-489 de 2023 no admite modulación, por lo que los contribuyentes minero-energéticos que hayan pagado impuesto de renta sin deducir regalías tienen sustento jurídico para revisar sus declaraciones. Los asesores deben verificar si sus clientes del sector tienen correcciones o solicitudes de devolución viables dentro de los plazos del artículo 589 del ET. Este pronunciamiento tiene relevancia directa para Ecopetrol, Canacol y demás contribuyentes del sector extractivo.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal de Cundinamarca que anuló una liquidación oficial de revisión por adición de ingresos no debidamente soportada por la administración tributaria. El caso Tellus (Exp. 27906) sienta precedente sobre la carga probatoria de la DIAN y las autoridades locales en procesos de fiscalización.
La litis versó sobre la procedencia de la adición de ingresos efectuada durante una auditoría, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. El Consejo de Estado concluyó que la autoridad demandada no acreditó suficientemente la adición practicada, ratificando la declaración privada del contribuyente. No se impuso condena en costas conforme al artículo 365 del Código General del Proceso, al no haberse demostrado su causación. El fallo refuerza la posición de que la carga de la prueba en las liquidaciones oficiales de revisión recae en la administración cuando imputa ingresos no declarados. Los asesores tributarios deben documentar adecuadamente las fuentes de ingreso de sus clientes para resistir adiciones en auditorías tanto de DIAN como de autoridades distritales.
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Un análisis publicado por Valora Analitik revela que los créditos hipotecarios en Colombia han dejado de responder a los movimientos de la tasa de intervención del Banco de la República y en su lugar replican el comportamiento de los títulos de deuda pública (TES). El fenómeno tiene implicaciones directas para el cálculo de carga financiera en estructuraciones de crédito.
El desacople entre la tasa BanRep (actualmente en 11,25%) y las tasas hipotecarias sugiere que los bancos están incorporando la prima de riesgo soberano reflejada en los TES como referencia de costo de fondeo. Este comportamiento complica las proyecciones de flujo de caja para proyectos inmobiliarios y dificulta la planificación financiera de hogares con créditos variables en UVR o tasa fija. En un contexto de sector vivienda deprimido —VIS cayó 73% y Mi Casa Ya fue suspendido— el encarecimiento del crédito hipotecario agrava la contracción de la demanda. Los asesores financieros deben considerar este desacople al modelar el costo efectivo de financiación en operaciones inmobiliarias. No se han publicado cifras exactas de las tasas actuales en el artículo, pero la tendencia al alza de los TES de largo plazo anticipa mayor presión sobre los créditos de vivienda.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia aclaró que cuando el empleador garantiza un servicio de transporte propio, el trabajador que no lo utiliza no tiene derecho al pago del auxilio de transporte. El fallo tiene efectos directos en el cálculo de nómina y prestaciones sociales.
El auxilio de transporte vigente para 2026, incorporado al salario para el cálculo de cesantías, intereses sobre cesantías y prima de servicios, dejará de ser exigible cuando el empleador demuestre que ofrece una ruta empresarial disponible y funcional. La Corte señaló que el propósito del auxilio es sufragar el costo del desplazamiento al trabajo, de modo que si este es cubierto por el empleador mediante ruta propia, la causa del beneficio desaparece. Las empresas que cuenten con flotas de transporte deben documentar la oferta del servicio, la comunicación a los trabajadores y los registros de uso para respaldar la no liquidación del auxilio. Los asesores laborales deben revisar los contratos y reglamentos internos de sus clientes para evitar contingencias en inspecciones del Ministerio del Trabajo o la UGPP. La sentencia no modifica el auxilio para trabajadores que sí deben sufragar su desplazamiento.
A partir de mediados de julio de 2026 entrará en vigor la nueva jornada laboral máxima de 42 horas semanales en Colombia, última etapa de la reducción gradual establecida por la Ley 2101 de 2021. El cambio modifica el umbral a partir del cual se causan horas extra y el cálculo de recargos.
La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción escalonada de la jornada máxima de 48 a 42 horas semanales, con la etapa final prevista para julio de 2026. A partir de esa fecha, las horas trabajadas por encima de 42 semanales constituirán trabajo suplementario sujeto a los recargos del artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo (25% diurno, 75% nocturno). Los empleadores deben actualizar sus sistemas de nómina y los contratos individuales que hagan referencia a la jornada de 44 o 46 horas de etapas anteriores. El cambio también incide en el cálculo del trabajo en días de descanso obligatorio y en la liquidación de vacaciones proporcionales. Las empresas con turnos rotativos y actividades de alto volumen de personal deberán proyectar el incremento en costos laborales y ajustar sus presupuestos para el segundo semestre.
Fitch Ratings confirmó la calificación crediticia más alta para el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), incluyendo sus emisiones de bonos y papeles comerciales, con perspectiva estable. La decisión respalda el acceso de la compañía a financiamiento de largo plazo en condiciones favorables.
Fitch destacó la solidez del portafolio diversificado de GEB, que opera en Colombia, Perú, Brasil y otros mercados de la región. La perspectiva estable refleja la estabilidad regulatoria de los activos de transmisión y distribución de energía que conforman la base del negocio. La confirmación de la máxima calificación otorga a GEB ventajas competitivas en futuras emisiones de deuda en los mercados de capitales locales e internacionales. Para los asesores financieros, la calificación es relevante en la valoración de los papeles comerciales de GEB como activo de tesorería corporativa. La calificación también incide en los ponderadores de riesgo aplicables a las inversiones en títulos de GEB por parte de entidades vigiladas por la SuperFinanciera.
La tasa de desempleo nacional medida por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) se ubicó en 9,23% en febrero de 2026, frente al 10,86% del mismo mes de 2025. El dato confirma la solidez del mercado laboral, aunque también contribuye a las presiones inflacionarias que mantienen la tasa BanRep elevada.
El Banco de la República, en su Boletín de Indicadores Económicos (BIE), cita el dato del DANE con corte a febrero de 2026. La mejora de 1,63 puntos porcentuales interanuales refleja un mercado laboral más dinámico, sostenido por el consumo de los hogares y el crecimiento del sector servicios. Sin embargo, el BanRep ha señalado que el bajo desempleo y el fuerte consumo privado son factores que dificultan la convergencia de la inflación hacia la meta del 3%. Con IPC en 5,68% anual y tasa de intervención en 11,25%, el mercado laboral robusto reduce el margen para recortes de tasas en el corto plazo. Los asesores financieros deben incorporar este contexto al modelar el costo de capital de sus clientes para el segundo semestre de 2026.
La Corte Constitucional negó la solicitud del Ministerio de Hacienda de modular o aclarar los efectos de la Sentencia C-489 de 2023, que declaró inexequible la prohibición de deducir regalías en el impuesto de renta para el sector minero-energético. La decisión confirma que la C-489 de 2023 tiene carácter definitivo sin posibilidad de modulación retroactiva, y que los contribuyentes afectados pueden revisar sus declaraciones de renta de las vigencias 2023 y 2024.
El Ministerio estimó un impacto fiscal de $6,65 billones acumulados para 2024, pero la Corte concluyó que el Gobierno no demostró rigurosamente esa cifra. Los contribuyentes del sector deben evaluar correcciones a declaraciones dentro del plazo del artículo 589 del ET y eventuales solicitudes de devolución o compensación ante la DIAN. El decreto 261 del 24 de febrero de 2023 sobre autorretención también es objeto de revisión en este contexto.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 22 de julio de 2022 que anuló la liquidación oficial de revisión practicada a Tellus, en la cual la administración tributaria adicionó ingresos sin sustento probatorio suficiente. El fallo ratifica que la carga de la prueba en las adiciones de ingresos recae en la autoridad fiscal, no en el contribuyente.
No se impuso condena en costas al no acreditarse su causación según el artículo 365 del Código General del Proceso. El precedente aplica tanto a procesos de fiscalización de la DIAN como a auditorías de autoridades distritales en materia de ICA. Los asesores deben documentar las fuentes de ingreso de sus clientes y conservar soportes contables que permitan desvirtuar adiciones administrativas.
El proyecto de ley de financiamiento radicado formalmente ante el Congreso incluye un capítulo de normalización fiscal que ofrecería descuentos de hasta el 90% en intereses, multas y sanciones a cerca de 100.000 deudores morosos de la DIAN, con un universo de obligaciones estimado en $22 billones por la Contraloría General. La meta de recaudo total del proyecto es $16,3 billones.
El mecanismo busca reactivar el cumplimiento voluntario antes de que las obligaciones sean objeto de cobro coactivo. El proyecto continúa su trámite en comisiones tras el aplazamiento del primer debate registrado la semana anterior. Los asesores deben identificar a sus clientes con obligaciones en mora ante la DIAN y evaluar la conveniencia de acogerse a la normalización en cuanto se apruebe.
Indicadores Macro
Tasa de Desempleo (GEIH — febrero 2026)9,23%-1,63 pp vs febrero 2025 (10,86%)
La tasa de desempleo nacional se ubicó en 9,23% en febrero de 2026, según la GEIH publicada por el DANE y referenciada en el BIE del Banco de la República. Representa la mayor mejora interanual reciente y refleja un mercado laboral robusto sostenido por el consumo de los hogares. El BanRep ha señalado que este dinamismo laboral contribuye a las presiones inflacionarias que mantienen la tasa de intervención en 11,25%. El dato es relevante para proyecciones de costos laborales y análisis de sostenibilidad fiscal de empresas intensivas en mano de obra.
TRM (25 de mayo de 2026)$3.667,06 COP/USDEstable (mismo valor certificado para el 24 de mayo; acumula caída de ~$130 en la semana)
La TRM vigente para el 25 de mayo se mantiene en $3.667,06 COP/USD, confirmando la tendencia de apreciación del peso que acumula cerca de $130 de ganancia frente a los niveles de mediados de mayo ($3.796,87). El fortalecimiento del peso responde a mejoras en el contexto global de riesgo, reducción de tensiones en Medio Oriente y flujos de portafolio hacia emergentes. Para empresas con pasivos en dólares o ingresos en moneda extranjera, el nivel actual ofrece una ventana de planificación cambiaria. La volatilidad preelectoral (primera vuelta el 31 de mayo) podría revertir parte de la apreciación en los próximos días.
Sector Empresarial
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ANI confirma no renovación de Autopistas del Café: múltiples concesionarias entran en competencia por el corredor vial del Eje Cafetero.
Tras la confirmación de la ANI de que no renovará la concesión Autopistas del Café, actores del sector de infraestructura vial han iniciado gestiones para acceder al nuevo proceso de adjudicación del corredor. El corredor tiene implicaciones contractuales y tributarias relevantes dado el proceso de reversión al Estado ya iniciado. Los asesores deben monitorear la estructuración del nuevo contrato de concesión, los tratamientos tributarios aplicables a los activos revertidos y las posibles contingencias laborales del proceso de transición.
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Impuesto al patrimonio del gobierno Petro impactó materialmente los estados financieros de los principales emisores del índice Colcap.
Un análisis de Valora Analitik revela que los emisores del índice MSCI Colcap destinaron recursos significativos al pago del impuesto al patrimonio incluido en el decreto de emergencia económica, hoy declarado inexequible por la Corte Constitucional. Las compañías que pagaron el tributo sobre la base de una norma posteriormente declarada inválida podrán explorar acciones de devolución o compensación ante la DIAN, sujetas a los plazos de prescripción del ET. El impacto es especialmente relevante para grupos empresariales con patrimonios superiores a $72.000 millones, umbral del impuesto. Los asesores deben revisar si sus clientes realizaron el pago y si está dentro de los términos para solicitar devolución.
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Auge de procesos de insolvencia empresarial en Colombia: construcción y comercio concentran los mayores incrementos bajo la Ley 1116.
Según análisis de Holland & Knight, los sectores de construcción y comercio registraron el mayor incremento de procesos de insolvencia en Colombia en 2024, en un contexto de altas tasas de interés y contracción de la demanda interna. El fenómeno impone cargas adicionales a asesores en materia de tratamiento de pasivos fiscales, créditos en reorganización y responsabilidad de matrices frente a subordinadas insolventes. Los procesos bajo la Ley 1116 de 2006 tienen implicaciones tributarias específicas en cuanto a la causación y pago de obligaciones fiscales durante el período de reorganización. La tendencia es relevante considerando que Canacol Energy también se encuentra en proceso de insolvencia transfronteriza reconocida por SuperSociedades.
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Ecopetrol advierte ante autoridades estadounidenses que el robo de combustibles, disparado en 2025, 'puede impactar su reputación'.
Ecopetrol reportó un incremento significativo en los barriles de petróleo no producidos o sustraídos por ataques a su infraestructura durante 2025, y lo comunicó formalmente ante reguladores en Estados Unidos dado el riesgo reputacional asociado. El robo de combustibles tiene implicaciones tributarias para la empresa en cuanto a la deducibilidad de las pérdidas por ilícitos y el tratamiento del inventario faltante en el impuesto de renta y el IVA. Las compañías del sector deben documentar adecuadamente las pérdidas por hechos ilícitos para soportar las deducciones ante eventuales cuestionamientos de la DIAN. La denuncia ante autoridades extranjeras también activa posibles obligaciones de reporte bajo normas de gobierno corporativo y transparencia.
Banca y FinTech
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SuperFinanciera publica listado de siete entidades obligadas a prestar transferencias inmediatas en virtud del Decreto 1069 de 2025, base del ecosistema Bre-B.
Las entidades obligadas son: Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA Colombia, Banco Caja Social, Davivienda, Nu Colombia y Movii S.A. (SEDPE), todas con más de 1.500.000 productos de depósito a la vista activos según el criterio del artículo 2.17.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010 modificado. La inclusión de Movii como SEDPE confirma que Bre-B abarcará tanto bancos tradicionales como entidades especializadas en depósitos electrónicos. Este universo mínimo de participantes deberá estar conectado al riel único de pagos inmediatos desde la entrada en operación plena del sistema. Las empresas con cuentas en entidades no listadas deben verificar su cronograma de incorporación para planificar la transición de sus flujos de tesorería.
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Plataformas de dólares digitales (ARQ, Wise, Payoneer, Global66) compiten por el mercado colombiano de manejo de divisas.
La República analiza el mercado emergente de plataformas que ofrecen cuentas y transferencias en dólares digitales, donde ARQ (antes DolarApp) compite con Wise, Payoneer, GrabrFi y Global66 en Colombia. Este mercado tiene implicaciones regulatorias y tributarias relevantes: las operaciones en moneda extranjera realizadas a través de estas plataformas deben reportarse a la DIAN conforme al umbral de $65,8 millones y están sujetas a las normas cambiarias del Banco de la República. Los asesores deben orientar a sus clientes sobre el correcto reporte de estas operaciones en la declaración de renta y la declaración de activos en el exterior si aplica. La SuperFinanciera ha advertido previamente sobre entidades no vigiladas que operan en el mercado cambiario sin autorización.
Breves
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Deuda pública colombiana bajo el gobierno Petro se convierte en termómetro del mercado: TES reflejan crecientes dudas fiscales y mayor costo de financiamiento.
Bloomberg Línea analiza cómo los bonos soberanos colombianos han pasado a ser el principal indicador del mercado sobre la gestión fiscal del gobierno Petro, con tasas de los TES que replican la incertidumbre sobre el cumplimiento de la meta de déficit del 5,1% del PIB. El aumento en los rendimientos de los TES de largo plazo encarece el costo de financiamiento del Estado y, por transmisión, eleva las tasas activas del sistema financiero incluyendo las hipotecarias. Para asesores de portafolios de tesorería corporativa, el contexto de mayor riesgo soberano implica revisar los ponderadores de riesgo de los títulos de deuda pública en los portafolios de las entidades vigiladas.
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Cámara de Comercio de Bogotá lidera el sistema cameral en ingresos y matrículas mercantiles; análisis de SuperSociedades revela concentración en tres ciudades.
Según un balance de SuperSociedades, las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín y Cali concentran la mayor parte de los ingresos y matrículas mercantiles del sistema cameral colombiano. La información es relevante para asesores que gestionan constituciones, reformas estatutarias y renovaciones de matrícula de empresas con operaciones en múltiples jurisdicciones. La concentración geográfica también refleja la distribución territorial del tejido empresarial formal del país. Los cambios tarifarios en matrículas y renovaciones que pudieran derivarse de la modernización del sistema cameral deben monitorearse para presupuestar costos de cumplimiento corporativo.
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Proceso pensional: a mes y medio del cierre de la ventana de oportunidad (16 de julio de 2026), solo el 12% de los habilitados ha tramitado el traslado de AFP a Colpensiones.
La ventana de oportunidad para el traslado del régimen de ahorro individual (RAIS) a Colpensiones, establecida en la reforma pensional, vence el 16 de julio de 2026. Hasta la fecha solo el 12% de los habilitados ha utilizado el beneficio, pese a que la reforma se encuentra en un limbo jurídico. Los asesores financieros deben informar a sus clientes sobre los riesgos del traslado —incluida la pérdida del saldo acumulado en los fondos privados y las condiciones para acceder a la garantía de pensión mínima en Colpensiones— antes de que venza el plazo. La doble asesoría obligatoria exigida por el Congreso es un requisito procedimental que los asesores deben documentar formalmente.
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Precio de la gasolina subiría en junio: MinMinas revisa variables del FEPC y podría decretar nuevo ajuste en las estaciones de servicio.
El Ministerio de Minas y Energía analiza las variables financieras del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y el comportamiento del precio internacional del crudo antes de definir un ajuste para junio de 2026. El ministro había señalado que 'no vamos a seguir subsidiando combustibles', lo que anticipa una decisión al alza. Un incremento en el precio de la gasolina impacta directamente los costos de transporte, distribución y logística de las empresas, con efectos sobre el IPC y sobre los cálculos de deducibilidad de gastos de combustible en renta. Las empresas con flotas propias o contratos de transporte a precio variable deben presupuestar este riesgo para el segundo semestre.
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