El proyecto de Ley de Financiamiento recortaría deducciones para declarantes del impuesto de renta de personas naturales, mientras contempla beneficios para megaproyectos empresariales. Analistas y gremios critican la asimetría en la distribución de la carga tributaria.
El articulado del proyecto radicado formalmente ante el Congreso apunta a $16,3 billones en recaudo. Las deducciones aplicables a personas naturales serían reducidas, afectando principalmente a contribuyentes de ingresos medios y altos. En contraste, el texto incluye incentivos tributarios para megaproyectos de inversión empresarial, lo que ha generado señalamientos de inequidad horizontal. Fenalco y otros gremios han advertido que la reforma no corrige los problemas estructurales del impuesto al patrimonio, cuya validez constitucional sigue en disputa tras la inexequibilidad del decreto de emergencia. El primer debate fue aplazado por falta de quórum y el plazo legislativo vence el 20 de junio de 2026.
El Ministerio de Minas y Energía señaló que el precio de la gasolina podría aumentar en junio de 2026, en línea con la política de reducción gradual del subsidio a combustibles. La decisión tendría impacto directo en el IPC y en los costos operativos del transporte.
El ministro Edwin Palma indicó que el Gobierno revisará la fórmula tarifaria del combustible para junio, en el marco de la política de desmonte del subsidio que históricamente ha generado déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Un incremento en el precio de la gasolina impactaría directamente el IPC, que ya se ubica en 5,68% anual a abril de 2026, alejado de la meta del BanRep del 3%. El contexto incluye el rechazo de MinHacienda a reducir el IVA a combustibles de aviación del 19% al 5% por pérdidas fiscales estimadas de $4,6 billones. La decisión final dependerá del comportamiento del precio internacional del crudo, con el Brent cotizando alrededor de US$104 por barril.
La Superintendencia de Sociedades inició actuación administrativa contra Bre Colombia Hydro Investments por no inscribir oportunamente ante el registro mercantil su situación de control sobre Isagen. La norma obliga a reportar estas estructuras dentro de los 30 días siguientes a su configuración.
Conforme al artículo 30 de la Ley 222 de 1995, los controlantes están obligados a inscribir en el registro mercantil la situación de control dentro de un mes desde su configuración. SuperSociedades concluyó que Bre Colombia omitió este deber respecto a Isagen, generadora con capacidad instalada superior a 3.000 MW. La formulación de cargos abre un proceso que puede derivar en multas y medidas correctivas. Esta actuación es independiente del proceso de insolvencia transfronteriza de Canacol Energy también radicado ante SuperSociedades. El caso evidencia la vigilancia reforzada de la entidad sobre conglomerados con matrices extranjeras, tras el reporte de 737 grupos subordinados a matrices foráneas.
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La Superintendencia Financiera emitió alerta pública sobre entidades extranjeras que ofrecen productos de seguros en Colombia sin contar con la autorización de funcionamiento requerida por la normativa local. La práctica expone a los tomadores a riesgos de desamparo ante siniestros.
Conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y la regulación de la SuperFinanciera, solo las aseguradoras debidamente autorizadas pueden ofrecer seguros en Colombia. La entidad advirtió que los consumidores que contraten con operadores no autorizados carecen de las garantías del régimen de protección al consumidor financiero. La alerta se enmarca en el crecimiento del canal digital, que facilita la oferta transfronteriza de productos financieros sin supervisión local. Los asesores deben verificar la inscripción de cualquier aseguradora en el registro de entidades vigiladas de la SuperFinanciera antes de recomendar productos a sus clientes.
Las transferencias del Sistema General de Participaciones, la nómina pública, salud y pensiones concentran una proporción sin precedentes del presupuesto nacional, limitando el margen de maniobra fiscal del próximo gobierno. El fenómeno coincide con el debate sobre la reforma tributaria.
Según el análisis publicado, el costo laboral del Estado —incluyendo nómina, prestaciones y transferencias al SGP— ha alcanzado niveles históricos que comprometen la flexibilidad presupuestal. El CARF ha alertado que los gastos forzosos representan el 90% del presupuesto, dejando apenas un 10% para inversión discrecional. El servicio de deuda absorbe cerca del 40% del recaudo, el nivel más alto en más de dos décadas. Esta rigidez estructural hace que cualquier reforma tributaria deba resolver simultáneamente el déficit proyectado en 5,1% del PIB para 2026, según la Contraloría General.
El gremio transportador solicitó formalmente a la DIAN la suspensión de sanciones por vencimiento de plazos en tránsitos aduaneros, dado que los vehículos llevan días inmóviles por los bloqueos en la vía al Pacífico. Las pérdidas del sector transporte superan los $22.400 millones.
Colfecar reportó pérdidas de $22.400 millones tras cuatro días de bloqueo, con 17 cierres registrados en la vía a Buenaventura en lo corrido de 2026. Fenavi alertó que los costos de transporte se incrementaron hasta 240%, con un alza del 20% en el costo por tonelada de maíz. La vía al Pacífico moviliza diariamente cerca de 4.634 vehículos de carga, siendo estratégica para el comercio exterior colombiano. Fedetranscarga argumenta que el incumplimiento de plazos en tránsitos aduaneros es consecuencia directa del bloqueo, configurando fuerza mayor que impediría la imposición de sanciones por parte de la DIAN. La ANDI también se pronunció exigiendo medidas urgentes del Gobierno nacional.
El sistema financiero colombiano reportó moderación en utilidades durante el primer trimestre de 2026, aunque con señales positivas en calidad de cartera. Los fondos de pensiones privados generaron rendimientos por $54,8 billones para sus afiliados.
Según datos de la SuperFinanciera, las utilidades del sistema financiero totalizaron $18 billones en el 1T26, un 5% por debajo del mismo período del año anterior, afectadas principalmente por el impuesto al patrimonio. La cartera de microcrédito y vivienda lideró el crecimiento en colocaciones, mientras la morosidad general presentó tendencia a la baja. Los fondos de pensiones obligatorias generaron rendimientos por $54,8 billones, cifra relevante en el contexto del debate sobre el traslado de afiliados a Colpensiones antes del 16 de julio de 2026. La mejora en calidad de cartera contrasta con la presión que el impuesto al patrimonio ejerció sobre los resultados del sector bancario.
El Ministerio de Minas y Energía y la CREG anunciaron el cierre exitoso de una nueva subasta de energía firme que incorporará 15 proyectos, principalmente renovables, con inversiones por cerca de $16 billones. La adjudicación busca fortalecer el sistema ante el riesgo de El Niño.
Los 15 proyectos adjudicados entrarán en operación entre 2029 y 2030, contribuyendo a la seguridad del suministro eléctrico en un horizonte de mediano plazo. La subasta se realizó en el marco del mecanismo del cargo por confiabilidad administrado por la CREG. El sector privado, representado por CCEnergía, cuestionó aspectos del proceso, mientras el ministro Palma señaló que las hidroeléctricas acumulan $48 billones en pagos históricos por este mecanismo. El contexto energético es crítico: El Niño podría ser 'fuerte o muy fuerte' entre septiembre y noviembre de 2026, con el precio en bolsa proyectado en hasta $1.000 por kWh. Los parques solares ya representan el 11,7% de la matriz generadora nacional.
El Decreto 659 de 2024 establece la interpretación armónica entre el Decreto 1165 de 2019 (régimen aduanero sustancial) y el Decreto Ley 920 de 2023 (normas sancionatorias, decomiso y procedimiento aduanero). El Decreto Ley 920 de 2023 fue expedido en virtud de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, en respuesta a la Sentencia C-441 de 2021 de la Corte Constitucional.
Se precisa que el requisito de patrimonio líquido para inscripción, autorización o habilitación de actividades bajo control aduanero no aplica a entidades de derecho público. La norma elimina vacíos de aplicación entre el régimen sustancial vigente y las disposiciones sancionatorias reformadas, con relevancia directa para operadores de comercio exterior y usuarios aduaneros.
La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del artículo 150 de la Ley 2010 de 2019, que excluye del impuesto predial unificado los bienes de uso público, específicamente aeropuertos concesionados en distritos y municipios. El ICDT intervino apoyando la exequibilidad de la disposición.
La DIAN se abstuvo de rendir concepto por carecer de competencia sobre impuestos territoriales. La Corte evaluó la tensión entre la autonomía de las entidades territoriales para fijar el predial y las limitaciones impuestas por el legislador nacional, con implicaciones para administraciones tributarias locales y operadores aeroportuarios.
En el marco de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), los afiliados que cumplan los requisitos pueden solicitar el traslado de régimen pensional (AFP a Colpensiones o viceversa) antes del 16 de julio de 2026, con la obligación de recibir la doble asesoría gratuita que compara beneficios de los dos sistemas. El proceso es gratuito y debe ser adelantado por las entidades administradoras.
Los empleadores y asesores deben informar a sus trabajadores sobre este derecho, que tiene consecuencias definitivas sobre las condiciones de pensión. La SuperFinanciera investiga a las AFP por demoras en traslados de recursos a Colpensiones.
Un proyecto de ley en trámite obligaría a bancos y operadores de información a suspender inmediatamente los cobros y los reportes negativos a centrales de riesgo (Datacrédito, TransUnion) cuando el deudor notifique una posible suplantación de identidad. La medida invierte la carga probatoria, requiriendo a la entidad financiera verificar la deuda antes de continuar el proceso de cobro.
El proyecto responde a la creciente incidencia de fraude en apertura de productos financieros digitales. Su aprobación impactaría los procesos internos de las entidades vigiladas por la SuperFinanciera en materia de gestión de cartera y reporte de información.
Indicadores Macro
TRM (23 de mayo de 2026)$3.696,51 COP/USD-$34,28 vs TRM certificada del 22 de mayo ($3.730,79)
El dólar cerró la semana del 22 de mayo a la baja, con el precio spot operando por debajo de la TRM certificada. El Brent cotizó alrededor de US$104,24 por barril (+1,6% en la jornada), mientras el WTI se ubicó en US$97,46. La apreciación del peso se da en contexto preelectoral con baja volatilidad cambiaria. Los mercados seguirán atentos al resultado de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, que podría generar presiones cambiarias adicionales.
Remesas a Colombia (abril 2026)Crecimiento inferior al 1% mensual; acumulado enero-abril: US$4.449 millones+5,2% vs mismo período 2025
Las remesas hacia Colombia mostraron una marcada desaceleración en abril de 2026, con crecimiento menor al 1% frente a abril de 2025. En el acumulado del año, las transferencias suman US$4.449 millones, un 5,2% más que en 2025. La moderación coincide con un entorno de mayor incertidumbre migratoria en Estados Unidos y Europa. Para efectos tributarios, las remesas recibidas por personas naturales residentes en Colombia son ingreso gravable en renta si superan los umbrales establecidos en el Estatuto Tributario.
Prima de servicios — inyección estimada a la economía (junio 2026)$17,7 billonesReferencia nueva (no reportada antes)
Asofondos estimó que alrededor de 10,5 millones de trabajadores formales recibirán su prima de servicios de mitad de año en junio de 2026, con una inyección total a la economía de aproximadamente $17,7 billones. La prima equivale a 15 días de salario por semestre trabajado, conforme al artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Los empleadores del sector privado deben pagar la prima entre el 15 y el 30 de junio; el incumplimiento genera intereses moratorios. Los trabajadores del servicio doméstico por días tienen derecho al pago proporcional.
Sector Empresarial
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Cementos Argos inicia programa de readquisición de acciones con reserva superior a $73.380 millones.
Cementos Argos confirmó el lanzamiento formal de su programa de recompra de acciones, respaldado por una reserva de $73.380 millones aprobada por la asamblea de accionistas. La operación se enmarca en el programa más amplio del Grupo Argos, que anunció recompras por hasta $500.000 millones en tres años. La readquisición de acciones propias tiene tratamiento tributario específico bajo el Estatuto Tributario colombiano, sin constituir dividendo para el accionista vendedor siempre que se cumplan los requisitos del artículo 36-3 ET.
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Banco Caja Social emite bonos subordinados por $400.000 millones, ampliando su base de capital regulatorio.
Banco Caja Social colocó exitosamente bonos subordinados por $400.000 millones en el mercado de capitales colombiano. La entidad cerró 2025 con una cartera de $18,3 billones y más de 2,39 millones de clientes activos. Los bonos subordinados computan como capital de nivel 2 (Tier 2) bajo las reglas de Basilea III implementadas por la SuperFinanciera, fortaleciendo el índice de solvencia de la entidad. La emisión se suma a la de Davivienda, que colocó $182.317 millones en días anteriores.
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Renault-Sofasa anuncia plan de aumento de inversiones y nuevas tecnologías en ensambladora de Envigado.
El Grupo Renault señaló que Colombia ha fortalecido sus mecanismos para atraer inversión extranjera, y anunció un plan orientado a ampliar la capacidad tecnológica de su planta en Envigado (Antioquia). La inversión en el sector automotriz tiene incentivos tributarios bajo el régimen de zonas francas y contratos de estabilidad jurídica vigentes. La ensambladora de Envigado es una de las pocas plantas de producción automotriz de Colombia con exportaciones regionales, relevante para el seguimiento de operaciones vinculadas con matrices extranjeras bajo las reglas de precios de transferencia.
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Adjudicación del megaproyecto del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali tiene fecha definida; inversión prevista: casi $5 billones.
Las autoridades concesionales definieron la fecha de adjudicación del contrato de concesión del aeropuerto de Cali, con una inversión proyectada de cerca de $5 billones para transformar su capacidad operativa. La operación se estructurará como una concesión de obra pública bajo el esquema de APP (Ley 1508 de 2012), lo que implica un tratamiento tributario específico en IVA, renta y estampillas para el concesionario. El proyecto es el de mayor envergadura en infraestructura aeroportuaria del país en el actual período de gobierno.
Banca y FinTech
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Bre-B integra más de cien entidades financieras y consolida el riel único de pagos inmediatos en Colombia; Transfiya se incorporará bajo una sola marca.
El sistema Bre-B del Banco de la República agrupa bancos, neobancos, billeteras digitales y fintechs de pagos, incluyendo Bancolombia, Davivienda, Nu Colombia, Nequi, Daviplata y PayU. ACH Colombia confirmó que Transfiya —que durante cinco años procesó pagos interoperables entre 26 entidades y más de 22 millones de usuarios— se integrará a Bre-B bajo una única marca. Redeban opera su nodo 'Entre Cuentas', al que ya se conectó Nu Colombia con límite de COP 5.000.000 por transacción. Comercios vinculados reportan crecimientos de ventas superiores al 270% mensual promedio, señal de profundización financiera relevante para el análisis de bancarización y bases tributarias.
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NCR Atleos y Bancoomeva lanzarán CashZone para ampliar el acceso a efectivo en regiones con baja bancarización.
CashZone es la red de NCR Atleos que opera más de 200.000 cajeros automáticos en cinco continentes. La alianza con Bancoomeva busca extender el acceso a efectivo en zonas donde la infraestructura bancaria es limitada, en línea con los objetivos de inclusión financiera promovidos por la SuperFinanciera. El lanzamiento es relevante en el contexto del avance de Bre-B como sistema de pagos digitales, dado que amplios segmentos de la población aún dependen del efectivo para transacciones cotidianas.
Breves
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Superservicios concluyó que Enel distorsionó la formación de precios en el Mercado de Energía Mayorista mediante Betania.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determinó que Enel habría distorsionado el despacho ideal del sistema y la formación eficiente de precios en el MEM a través de la operación de la hidroeléctrica Betania. Esta conclusión puede dar lugar a sanciones administrativas y a la revisión de los contratos de energía involucrados. El caso se suma al cuestionamiento del ministro Palma sobre el esquema de cargo por confiabilidad, que ha generado pagos acumulados de $48 billones a generadoras hidroeléctricas.
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Procuraduría exige a Superservicios balance financiero verificado de 19 meses de intervención de Air-e, que aún carece de estados financieros auditados.
El Ministerio Público alertó que tras 19 meses de intervención de Air-e, la Superintendencia de Servicios Públicos no ha publicado estados financieros plenamente verificados ni informes de auditoría. La ausencia de información contable auditada impide evaluar el impacto fiscal de la intervención y los recursos públicos comprometidos. Air-e atiende a más de un millón de usuarios en la Costa Caribe y su situación financiera es relevante para el cálculo de tarifas y posibles aportes de la nación.
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Gobierno lanza plataforma de trazabilidad de minerales para conocer en tiempo real quién extrae recursos en Colombia.
La Agencia Nacional de Minería (ANM), bajo la presidencia de Lina Franco, habilitó una plataforma digital de trazabilidad minera que permitirá identificar en tiempo real a los extractores, títulos mineros activos y volúmenes producidos. La herramienta busca fortalecer la legalidad y reducir la minería ilegal, con implicaciones para el control fiscal y el seguimiento de regalías. El sistema es relevante para los asesores de empresas del sector extractivo en materia de cumplimiento normativo (Ley 685 de 2001) y reporte de beneficiarios reales.
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Encuesta Invamer: 6 de cada 10 colombianos perciben el gasto público como una amenaza de crisis fiscal.
La más reciente encuesta de Invamer reveló que el 60% de los colombianos considera que el nivel de gasto público representa una amenaza de crisis económica. El resultado coincide con las alertas del CARF, la Contraloría y analistas privados sobre la insostenibilidad fiscal de mediano plazo. La percepción ciudadana sobre el riesgo fiscal podría influir en el debate político de la reforma tributaria y en las expectativas de los mercados de deuda pública en el período postelectoral.
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