El dólar cerró el 4 de mayo en $3.707,72 COP, un alza de $70,21 frente a la jornada anterior, nivel no visto desde marzo de 2026. El peso colombiano fue la divisa emergente más depreciada en la sesión.
La TRM oficial vigente al 2 de mayo era $3.637,51 COP/USD, pero el mercado spot del 4 de mayo impulsó el precio hasta $3.707,72, acumulando una depreciación de ~$70 en una sola jornada. El movimiento estuvo influenciado por la decisión del BanRep de mantener la tasa en 11,25% —que sorprendió al mercado que esperaba alza— y por factores externos como el crudo Brent, que subió US$5,52 hasta US$113,69/barril. Analistas advierten que la semana estará marcada por el dato de empleo en EE.UU. y la evolución del petróleo. Para empresas con deuda o contratos en dólares, este nivel implica revisión de coberturas cambiarias y ajustes en declaraciones de cambio.
Tras recaudar solo $2,4 billones en la primera cuota frente a una meta de $8 billones, la segunda cuota venció el 4 de mayo y el faltante acumulado supera los $5 billones. La Corte Constitucional había suspendido provisionalmente esta cuota, pero la obligación se mantuvo para quienes no estaban amparados por la suspensión.
La primera cuota del impuesto al patrimonio recaudó $2,4 billones de una meta de $8 billones (déficit del 70%). Con el vencimiento de la segunda cuota el 4 de mayo de 2026, Portafolio reporta que aún faltarían más de $5 billones para cumplir la meta anual. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la segunda cuota para algunos contribuyentes (ver reporte del 29/04), pero esa medida no cobijó a todos los obligados. El impacto fiscal agrava el escenario de la ley de financiamiento, cuya ponencia de archivo fue radicada en el Congreso. Asesores deben verificar el estado individual de sus clientes respecto a la suspensión constitucional y los plazos vigentes.
El Ministerio de Hacienda publicó el borrador del Plan de Austeridad del Gasto para 2026, que busca reducir el pago a contratistas de prestación de servicios y eliminar nuevos pactos arbitrales internacionales. La medida también busca recortar el pago de horas extras en el sector público.
El borrador de decreto establece el Plan de Austeridad de Gasto para la vigencia del PGN de 2026, con restricciones en contratos de prestación de servicios y eliminación de nuevos arbitrajes internacionales, con el argumento de proteger recursos públicos frente a los altos costos de la defensa jurídica exterior. Semana reporta que el plan también incluye reducción del gasto por pago de horas extras, figura incorporada en la Reforma Laboral vigente. La medida se produce en un contexto de déficit primario proyectado en 3,7% del PIB para 2026 y deuda pública rozando el 60% del PIB. Los asesores en contratación pública y arbitraje deben monitorear el texto definitivo del decreto para evaluar el impacto en cláusulas compromisarias vigentes.
¿Qué tema te preocupa? Conversemos.
Si alguno de los puntos del briefing impacta a tu empresa, nuestro equipo puede acompañarte con análisis y asesoría especializada.
El gobierno de Ecuador anunció que a partir del 1 de junio reducirá la tasa de seguridad comercial aplicada a productos colombianos del 100% al 75%. Durante mayo, el arancel se mantiene en 100%.
Ecuador había impuesto aranceles del 100% a importaciones colombianas, medida que entró en vigor en mayo de 2026 y que Colombia respondió con aranceles de hasta 75% a 191 productos ecuatorianos (Decreto de MinComercio, ya cubierto). La reducción ecuatoriana al 75% aplicará desde el 1 de junio, lo que genera una asimetría temporal: Colombia ya ajustó su respuesta arancelaria mientras Ecuador mantiene el 100% en mayo. La Cámara de Comercio de Ipiales reporta que el flujo de tractomulas cayó de 300 a menos de 20 unidades diarias, con severo impacto en el corredor fronterizo. Exportadores e importadores con operaciones en la frontera sur deben anticipar una recuperación parcial del flujo comercial a partir de junio, sujeta a negociaciones bilaterales adicionales.
Laura Moisá, codirectora del Banco de la República, planteó públicamente que debe darse un debate sobre ampliar el rango de tolerancia de la meta de inflación, para evitar que su cumplimiento genere costos sociales excesivos. La postura abre un debate sobre la política monetaria colombiana.
La codirectora Moisá señaló que mantener la tasa de referencia en 11,25% —nivel que ya supera 19 meses en territorio restrictivo— impone costos reales sobre el empleo y el crédito. Su planteamiento coincide con una corriente académica internacional que cuestiona el modelo de inflación-objetivo como único ancla de política monetaria. La decisión de la Junta del 30 de abril de mantener la tasa (unánime, 11,25%) sorprendió al mercado que esperaba alza, y ya generó presión sobre el tipo de cambio. Para asesores tributarios, un eventual cambio en la meta de inflación afectaría el cálculo del interés de mora tributaria (art. 635 ET) y la proyección de la UVT para 2027.
La DIAN anunció un cambio radical en el régimen de importaciones para el archipiélago de San Andrés: el incumplimiento de la nueva disposición acarreará la prohibición de ingreso de mercancías. El detalle operativo del mecanismo está en proceso de publicación.
Valora Analitik reporta que la DIAN implementará condiciones especiales para las importaciones destinadas al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que goza de un régimen aduanero especial (Zona Libre de Puerto Libre). La nueva disposición establece sanciones de prohibición de ingreso de mercancías ante incumplimientos. El archipiélago tiene tratamiento diferenciado en IVA y arancel conforme al Decreto 2685 de 1999 y normas complementarias. Importadores y agentes de aduana con operaciones en San Andrés deben revisar los requisitos documentales y operativos que precise la resolución definitiva de la DIAN.
MinHacienda publicó borrador de decreto que crea un programa de crédito para mipymes afectadas por lluvias, con montos de hasta $210,1 millones y garantía del Fondo Nacional de Garantías de hasta el 90% del valor desembolsado. Los recursos podrán usarse para capital de trabajo, sustitución de pasivos e inversión.
El borrador de decreto, enmarcado en la declaratoria de emergencia económica, establece que los créditos para mipymes afectadas por lluvias podrán alcanzar $210,1 millones por empresa, con una cobertura de garantía del FNG de hasta el 90% sobre el saldo desembolsado. Los fondos son destinables a capital de trabajo, sustitución de pasivos financieros e inversión en activos productivos. La medida es consistente con las facultades extraordinarias del Ejecutivo en estado de emergencia (art. 215 CP) y complementa el plan de austeridad fiscal publicado en paralelo. Asesores financieros deben verificar condiciones de elegibilidad, tasas y plazos en el texto definitivo del decreto para orientar a clientes del sector real afectados.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, alertó que el alza en impuestos a licores ha reducido el recaudo departamental, pues los consumidores migraron de aguardientes, vinos y whiskys hacia la cerveza, que tributa de forma diferente.
El impuesto al consumo de licores en Colombia es un tributo cedido a los departamentos, regulado por la Ley 223 de 1995 y modificaciones posteriores. El alza de tarifas habría generado un efecto de sustitución hacia la cerveza, cuyo gravamen es menor o canalizado por vía diferente, reduciendo el ingreso departamental. Cundinamarca es uno de los principales receptores del impuesto a licores por su cercanía a Bogotá y su volumen de consumo. El fenómeno es relevante para asesores que estructuran tributación territorial, pues ilustra el riesgo de elasticidad negativa en impuestos al consumo de bienes con sustitutos cercanos. No se reportaron cifras de caída exacta en el recaudo.
La salida de Spirit Airlines —que deja 805.000 pasajeros en disputa— combinada con la carga fiscal al sector y el alza de combustibles presiona al alza el valor de los tiquetes en Colombia. Expertos advierten una reconfiguración del mercado aéreo.
Spirit Airlines salió del mercado colombiano dejando aproximadamente 805.393 pasajeros sin cobertura en un mercado de 24 millones de viajeros internacionales anuales. El precio de la gasolina subió $400/galón desde el 4 de mayo, encareciendo el combustible de aviación. Analistas señalan que la carga tributaria al sector —incluyendo IVA en tiquetes, tasas aeroportuarias e impuestos de salida— limita la competencia tarifaria. Avianca anunció aumento de frecuencias hacia EE.UU. para absorber parte de la demanda liberada. Para asesores de empresas del sector, el contexto exige revisar la deducibilidad de costos operacionales aéreos y el tratamiento del IVA en transporte internacional.
El Ministerio de Hacienda publicó el borrador de decreto que establece el Plan de Austeridad de Gasto para la vigencia del Presupuesto General de la Nación 2026. La medida prohíbe la suscripción de nuevos pactos arbitrales internacionales por parte de entidades del orden nacional y restringe el gasto en contratos de prestación de servicios.
Adicionalmente, busca reducir el pago de horas extras en el sector público, beneficio incorporado en la Reforma Laboral vigente. El decreto se enmarca en el esfuerzo por reducir el déficit primario proyectado en 3,7% del PIB para 2026. Las entidades públicas deberán ajustar sus procesos contractuales una vez se expida el decreto definitivo.
El borrador de decreto habilita un programa de préstamos para mipymes afectadas por lluvias, con montos individuales de hasta $210,1 millones y cobertura del Fondo Nacional de Garantías (FNG) de hasta el 90% sobre el valor desembolsado. Los recursos pueden destinarse a capital de trabajo, sustitución de pasivos financieros e inversión.
La medida se fundamenta en las facultades del Ejecutivo en el marco de la emergencia económica (artículo 215 de la Constitución Política). Los plazos de amortización, tasas de interés máximas y entidades financieras habilitadas serán definidos en el texto definitivo. Su expedición es inminente según el cronograma de la emergencia.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado conoció la demanda de Bavaria S.A. contra la Liquidación Oficial de Revisión de la DIAN que modificó la declaración de renta del año gravable 2012 (formulario 110160332106, presentada el 29 de enero de 2013).
La sociedad solicitó la nulidad del acto oficial y que se declarara que no adeudaba impuesto ni sanción. Las normas invocadas incluyen el artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 105, 107, 115, 142 y 143 del Estatuto Tributario, relacionados con deducibilidad de gastos y depreciaciones. El fallo tiene relevancia para contribuyentes que enfrentan liquidaciones de revisión sobre deducciones por impuestos pagados (art. 115 ET) y activos depreciables (arts. 142-143 ET). La decisión debe consultarse para determinar precedentes aplicables a revisiones de renta de grandes contribuyentes.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado reiteró la doctrina de la Corte Constitucional (Sentencia C-1114 de 2003) según la cual la remisión de los tributos territoriales a las normas sancionatorias del Estatuto Tributario nacional constituye una interferencia razonable del legislador orientada a garantizar procedimientos equitativos. La Sala precisó que las facultades de los entes territoriales para reducir sanciones y simplificar procedimientos deben respetar la proporcionalidad respecto del monto del impuesto y la naturaleza del tributo.
El fallo tiene incidencia directa en la liquidación de sanciones por ICA, predial y otros gravámenes municipales o departamentales. Asesores que gestionen requerimientos o sanciones ante secretarías de hacienda territoriales deben verificar la aplicación de los límites de proporcionalidad fijados.
La Junta Directiva del Banco de la República precisó que la DIAN es la entidad competente para vigilar, controlar y sancionar a las personas que ejerzan de manera profesional la compra y venta de divisas, conforme al régimen cambiario vigente. La DIAN está facultada para definir los aspectos operativos de dicho control y para imponer sanciones ante incumplimientos.
Las operaciones autorizadas, requisitos y obligaciones de estos profesionales se encuentran regulados en los numerales 2 y 3 del artículo 75 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. El concepto es relevante para asesores de casas de cambio y operadores cambiarios informales que deben reportar a la DIAN y no exclusivamente al BanRep.
El concepto de la Junta Directiva del Banco de la República precisa que las SICSFE (antes denominadas casas de cambio) se rigen, desde el ámbito cambiario, por la Resolución Externa 1 del 25 de mayo de 2018 (Título II) en concordancia con la Ley 1328 de 2009. Estas entidades están habilitadas para actuar como Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) y deben cumplir las operaciones y obligaciones allí consagradas, incluyendo sistemas de información adecuados.
Las SICSFE también pueden realizar operaciones adicionales bajo los términos expresamente autorizados. El concepto es de utilidad para asesores que estructuran operaciones cambiarias a través de estas entidades y deben verificar el cumplimiento normativo ante la DIAN y el BanRep.
Indicadores Macro
TRM (4 de mayo de 2026 — precio de mercado spot)$3.707,72 COP/USD+$70,21 vs. TRM oficial anterior ($3.637,51 del 02/05/2026)
El dólar cerró el 4 de mayo en $3.707,72, nivel no visto desde marzo de 2026, impulsado por la decisión del BanRep de mantener la tasa en 11,25% (contrario a las expectativas de alza) y por el fortalecimiento global del dólar. El crudo Brent subió 5,1% hasta US$113,69/barril en la misma jornada. La semana estará determinada por el dato de nómina no agrícola de EE.UU. y la evolución del petróleo. Para declaraciones de cambio, conversiones patrimoniales y contratos en moneda extranjera, los asesores deben usar la TRM oficial certificada por la Superintendencia Financiera para la fecha de la operación.
ANIF — Proyección deuda neta Gobierno Nacional CentralSuperar 71% del PIB en tres añosDeuda bruta actual: ~60% del PIB (2026)
ANIF proyecta que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría superar el 71% del PIB en un horizonte de tres años si no se adoptan medidas de consolidación fiscal. El centro de pensamiento identifica la rigidez del gasto público como el factor estructural determinante del deterioro fiscal, más que el nivel de ingresos. La deuda bruta ya roza el 60% del PIB en 2026, con un ritmo de acumulación de $319.000 millones diarios durante el mandato actual. Este nivel condiciona el acceso al mercado de capitales y la calificación soberana, con efectos sobre las tasas de referencia para el sector financiero.
Sector Empresarial
—
Ecopetrol firmó acuerdo con Parex Resources para invertir US$250 millones en campos del Magdalena Medio durante cinco años.
La alianza contempla el desarrollo conjunto de los campos Casabe, Casabe Sur, Peñas Blancas y Llanito. Los US$250 millones serán aportados íntegramente por Parex Resources (empresa canadiense), mientras Ecopetrol ejecutará los términos operativos del acuerdo por cinco años. En paralelo, Parex obtendría los activos de Frontera Energy en Colombia —incluyendo exploración, producción y una planta de tratamiento de agua— durante el segundo trimestre de 2026. Para asesores tributarios, las alianzas operativas entre Ecopetrol y privados tienen implicaciones en el régimen de regalías, deducciones por inversión en activos productivos y precios de transferencia.
—
Supersociedades reconoció formalmente el proceso de insolvencia transfronteriza de Canacol Energy iniciado en Canadá, con financiamiento DIP de US$67 millones.
La Superintendencia de Sociedades reconoció las órdenes extranjeras vinculadas al financiamiento postconcursal (DIP) por US$67 millones y al proceso de venta e inversión (SISP) de Canacol Energy. Cualquier decisión adoptada en audiencias canadienses deberá ser sometida a reconocimiento ante Supersociedades para producir efectos en Colombia, incluyendo la enajenación de activos locales. La entidad descartó que el proceso implique suspensión del suministro de gas. La nueva superintendente encargada, Nini Johana Castañeda (Decreto 0423 del 23 de abril de 2026), asumió la conducción en medio de este proceso de alta visibilidad.
—
El Cóndor ganó demanda arbitral contra la ANI por congelamiento de peajes: fallo billonario a favor de la concesionaria.
El Tribunal de Arbitramento falló a favor de El Cóndor en un proceso iniciado en junio de 2023 por incumplimientos contractuales atribuidos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) relacionados con el congelamiento de tarifas de peaje. El monto exacto del laudo no fue divulgado, pero la fuente lo califica como billonario. El fallo tiene relevancia tributaria para el tratamiento de ingresos por indemnizaciones en concesiones y para el registro contable del pasivo contingente en la ANI. La decisión se produce en el mismo contexto en que el borrador del Plan de Austeridad busca eliminar nuevos arbitrajes internacionales.
—
Grupo Cibest (Bancolombia) reportó utilidades de $1,5 billones en el primer trimestre de 2026, con una caída del 16% frente al mismo período de 2025.
El holding financiero —que agrupa a Bancolombia y sus filiales en Colombia y Centroamérica— reportó utilidades de $1,5 billones en Q1 2026, lo que representa una reducción del 16% respecto al primer trimestre de 2025. Juan Carlos Mora, presidente del Grupo, atribuyó los resultados a la estrategia de integración regional. La cartera consolidada mostró crecimiento en Colombia y Centroamérica pese a la caída en utilidades. Para analistas y asesores, la reducción de rentabilidad del mayor banco del país refleja el impacto del entorno de altas tasas y menor dinamismo crediticio sobre los márgenes del sistema financiero.
—
SuperServicios inicia evaluación integral a EPM sobre operación, tarifas y prestación de servicios públicos domiciliarios.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) activó una inspección integral a EPM que cubre los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas combustible. La acción busca verificar el cumplimiento de la normativa y los marcos regulatorios aplicables, e incluye la revisión de temas tarifarios. La inspección se produce después de que EPM obtuvo un fallo favorable en su disputa por el pago de subsidios pendientes a cargo del Gobierno Nacional. El contexto de alerta por el posible fenómeno de El Niño en 2026 agrega urgencia a la evaluación de la capacidad operativa de la empresa en el sector energético.
Banca y FinTech
—
Bre-B habilita débitos automáticos con llaves para pagos recurrentes: Druo es el primer actor en implementar la funcionalidad.
El sistema de pagos inmediatos Bre-B incorporó una nueva funcionalidad que permite asociar llaves de pago a débitos automáticos para obligaciones recurrentes como servicios públicos y suscripciones. Druo se convirtió en el primer operador en implementar la integración, que no requiere tarjetas de crédito ni débito. La medida amplía el alcance de Bre-B —que supera 21 millones de llaves registradas— hacia el segmento de pagos regulares de hogares y empresas, con potencial impacto en la reducción del uso de efectivo. Para asesores de empresas de servicios y FinTech, la novedad implica actualizar los flujos de caja y los esquemas de conciliación contable.
—
BBVA Colombia financió más de $290.000 millones para el proyecto de energía solar El Campano en Córdoba (128,8 MWdc).
BBVA Colombia estructuró y desembolsó financiamiento por más de $290.000 millones para el proyecto fotovoltaico El Campano, desarrollado por Atlas Renewable Energy en el departamento de Córdoba, con una capacidad instalada de 128,8 MWdc. La operación es una de las mayores financiaciones bancarias en energía renovable en Colombia en 2026. Para asesores tributarios, los proyectos de energía solar en Colombia pueden acceder a beneficios en renta (exclusión de renta, art. 235-2 ET), IVA y arancel bajo la Ley 1715 de 2014 y sus modificaciones. El financiamiento bancario de largo plazo para renovables señala un cambio en el apetito de riesgo del sistema financiero hacia este sector.
Breves
—
Calendario tributario DIAN mayo 2026: Semana publicó el resumen de vencimientos clave del mes para personas naturales y jurídicas.
La DIAN tiene programados en mayo de 2026 vencimientos para grandes contribuyentes, personas jurídicas y naturales en IVA bimestral, retención en la fuente, INC y el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio (venció el 4 de mayo). Asesores deben verificar los NIT de sus clientes en el calendario oficial publicado mediante Resolución DIAN para evitar sanciones por extemporaneidad (art. 641 ET). El incumplimiento genera intereses de mora a la tasa del artículo 635 ET, actualmente referenciada a la IBR.
—
Vivienda usada en Colombia registró su mayor valorización en 12 años en 2025, según el Banco de la República.
El Banco de la República reportó que los precios de la vivienda usada crecieron por encima de la inflación en 2025, registrando la mayor valorización real en doce años. Este fenómeno impacta la base gravable del impuesto predial en municipios que actualizan avalúos catastrales por referencia al mercado, así como la determinación del costo fiscal de inmuebles en declaraciones de renta de personas naturales. Para asesores en planeación patrimonial, la valorización eleva la exposición al impuesto al patrimonio de clientes con activos inmobiliarios significativos.
—
SuperIndustria sancionó a una estación de servicio y a una empresa de gas natural por conductas anticompetitivas o irregularidades en precios.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SuperIndustria) impuso sanciones a una estación de servicio y a una empresa de gas natural, sin que Semana detallara el monto exacto ni las normas infringidas en el resumen disponible. Las sanciones de SuperIndustria en el sector de combustibles y gas suelen relacionarse con prácticas restrictivas de la competencia (Ley 1340 de 2009) o con el incumplimiento de las condiciones de autorización de precios máximos fijados por el Gobierno. Para asesores del sector energético, las multas de SuperIndustria pueden ser deducibles como gasto en renta según el artículo 107 ET si cumplen los criterios de relación de causalidad y proporcionalidad.
—
Fenalce alerta que el arancel cero a la cebada importada podría hacer desaparecer el cultivo en Boyacá, Nariño y Cundinamarca.
Fenalce advirtió que la medida gubernamental de fijar arancel cero a la importación de cebada eliminaría la competitividad del cultivo nacional, concentrado en Boyacá, Nariño y Cundinamarca. La cebada es insumo clave para la industria cervecera y maltera. La eliminación arancelaria tiene implicaciones en el IVA a insumos agropecuarios y en los regímenes de estabilidad jurídica para contratos de abastecimiento de la industria de alimentos y bebidas. El caso se enmarca en la discusión más amplia sobre política arancelaria agropecuaria del Gobierno Petro.
Más allá del briefing, somos un equipo a tu disposición.
30 años de experiencia en auditoría, tributación y consultoría empresarial en Colombia. Cuéntanos qué necesitas.
