La Corte Constitucional decretó la suspensión provisional de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y entidades en liquidación. Fenalco advirtió que la medida no exime a las demás empresas obligadas, incluyendo prestadoras de servicios públicos fuera de zonas de emergencia invernal.
La suspensión provisional aplica exclusivamente a universidades y otras entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, así como a entidades en proceso de liquidación. Fenalco señaló que el grueso de los contribuyentes del impuesto al patrimonio —incluidas empresas de servicios públicos no cobijadas por la emergencia invernal— continúa obligado al pago. El impuesto al patrimonio fue introducido por la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria) y recae sobre patrimonios líquidos superiores a $72.000 millones. La decisión judicial genera incertidumbre sobre el cronograma de recaudo y podría tener efecto en las proyecciones fiscales del Gobierno para 2026.
MinHacienda presentó a ponentes del Congreso una versión ajustada de la ley de financiamiento, reducida en $10 billones frente a la propuesta original, con meta de recaudo de $16,3 billones. Ante el riesgo de hundimiento, el Congreso analiza un mecanismo de normalización tributaria para activos no declarados con tarifas de entre 10% y 20%.
La versión ajustada elimina el IVA a los combustibles e incorpora medidas sobre activos digitales y normalización tributaria. Este es el segundo intento del Ejecutivo de tramitar una ley de financiamiento, luego del fracaso legislativo del año anterior. Analistas advierten que un nuevo proyecto presentado en julio tendría apenas un mes de vida útil en el Legislativo antes del cierre de sesiones ordinarias. El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, cuestionó la coherencia del anuncio con el Plan Financiero presentado días antes por MinHacienda. El mecanismo de normalización tributaria del Plan B escalaría entre 10% y 20% según el monto de activos declarados ante la DIAN.
La DIAN reportó que 126.000 contribuyentes se pusieron al día con sus obligaciones tributarias en el marco de los beneficios consagrados en el Decreto 0240 de 2026. El plazo para acceder a estos beneficios vence el jueves 30 de abril de 2026.
El Decreto 0240 de 2026 establece condiciones especiales para la normalización y pago de obligaciones tributarias en mora ante la DIAN. El recaudo acumulado a marzo de 2026 alcanzó $81 billones, creciendo 12% frente al mismo período de 2025; solo en marzo el recaudo fue de $25,86 billones, con un alza de 14% interanual. La masiva acogida —126.000 contribuyentes— refleja el efecto de los incentivos sobre reducción de sanciones e intereses previstos en el decreto. Los asesores tributarios deben verificar con sus clientes si aún pueden acogerse antes del cierre del 30 de abril, dado que no habrá prórroga anunciada.
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El Ministerio de Hacienda expidió un decreto que obliga a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a quien compre el 25% o más de las acciones de una empresa listada en la Bolsa de Valores de Colombia. La medida busca reforzar la protección de accionistas minoritarios.
El decreto establece que cualquier adquisición que alcance o supere el umbral del 25% del capital de una sociedad inscrita en bolsa deberá formalizarse mediante una OPA dirigida a todos los accionistas. La regulación de OPAs busca alinearse con estándares internacionales de gobierno corporativo y protección al inversionista. La Superintendencia Financiera de Colombia será la entidad de supervisión y sanción ante incumplimientos. El decreto impacta directamente a fondos de inversión, grupos económicos y adquirentes estratégicos activos en el mercado de capitales colombiano. No se indicó número de decreto ni fecha oficial de entrada en vigor en la información disponible.
El Ministerio de Hacienda ejecutó una operación de recompra de bonos globales denominados en dólares por un monto de US$4.560 millones, obteniendo descuentos de US$135 millones. La transacción generará ahorros estimados en intereses de US$6.214 millones.
La operación corresponde a una gestión activa del pasivo externo de la Nación, orientada a reducir el servicio de deuda de largo plazo. Los descuentos obtenidos en precio de recompra ascendieron a US$135 millones, reflejando condiciones favorables de mercado o negociación directa con tenedores. El ahorro proyectado en intereses de US$6.214 millones se distribuiría a lo largo de la vida remanente de los bonos recomprados. La operación se enmarca en un contexto de deuda bruta del Gobierno que ha crecido $410,5 billones durante la administración Petro (agosto 2022–marzo 2026), a un ritmo de $313.000–$319.000 millones diarios según distintas fuentes. El CARF proyecta un déficit primario de 3,7% del PIB al cierre de 2026, con deuda alcanzando 60,3% del PIB.
El Ministerio de Hacienda publicó un decreto que establece la obligación de realizar una OPA cuando se adquiera el 25% o más del capital de una sociedad inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia. La medida tiene como objetivo la protección de accionistas minoritarios y el fortalecimiento del gobierno corporativo en el mercado de valores.
La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá la supervisión del cumplimiento. El decreto aplica a personas naturales, jurídicas, fondos de inversión y vehículos de propósito especial que ejecuten adquisiciones que alcancen o superen dicho umbral. La fecha de entrada en vigor y el número oficial del decreto no fueron precisados en la información disponible.
El Ministerio de Trabajo expidió un decreto que diferencia formalmente entre la vinculación formativa y el contrato de aprendizaje, obligando a las empresas a ajustar sus contratos existentes con base en esta distinción. Las compañías deberán revisar sus esquemas de prácticas y aprendizaje para determinar cuáles califican como contrato de aprendizaje bajo el SENA y cuáles como vinculación formativa bajo otras modalidades.
El decreto tiene impacto directo en la liquidación de la cuota de aprendizaje y en las obligaciones parafiscales de las empresas con aprendices. No se precisó número de decreto ni plazo de adaptación en la información disponible.
El Decreto 0240 de 2026 estableció condiciones especiales para que contribuyentes con obligaciones tributarias en mora ante la DIAN puedan regularizar su situación con beneficios en sanciones e intereses. Al 29 de abril de 2026, 126.000 contribuyentes se habían acogido al mecanismo.
El plazo definitivo para acceder a los beneficios vence el 30 de abril de 2026, sin prórroga anunciada. Los asesores tributarios deben verificar la situación de sus clientes antes del cierre de este plazo para evitar la pérdida del beneficio.
MinHacienda presentó a los ponentes del Congreso una versión revisada de la ley de financiamiento, reducida en $10 billones respecto a la propuesta inicial, con una meta de recaudo de $16,3 billones. El proyecto elimina el IVA a los combustibles e incorpora disposiciones sobre activos digitales y normalización tributaria.
Paralelamente, se analiza un Plan B de normalización de activos no declarados por personas naturales, con tarifas del impuesto especial entre 10% y 20% según el monto. El calendario legislativo presiona la aprobación, ya que un proyecto radicado en julio tendría apenas un mes de debate antes del cierre de sesiones. El fracaso del proyecto comprometería las metas fiscales de 2026, dado que el CARF proyecta un déficit primario de 3,7% del PIB.
El Consejo de Estado suspendió parcialmente el Decreto 415, que regulaba el traslado de ahorros pensionales de los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones. Como resultado, el giro previsto se redujo de $25 billones a $5 billones.
Colpensiones deberá recalcular los traslados de recursos conforme a la nueva instrucción judicial. El fallo genera tensión con el Gobierno Petro, que cuestionó la decisión y busca sostener el traslado masivo como eje de la reforma pensional. Asofondos había solicitado la suspensión total del decreto, pero el Consejo de Estado optó por una suspensión parcial.
Indicadores Macro
IPC — Variación anual (marzo 2026)5,56% anual / 0,78% mensual+0,47 pp vs marzo 2025 (5,09%); mensual -0,30 pp vs febrero 2026 (1,08%)
El IPC de marzo de 2026 registró una variación mensual de 0,78% y acumuló 3,07% en el año corrido. La variación anual de 5,56% supera en 0,47 pp la de marzo de 2025 y se aleja de la meta del 3% del Banco de la República. Las divisiones con mayor incidencia mensual fueron Alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles, y Alimentos y bebidas no alcohólicas. La división Información y comunicación presentó la mayor variación mensual individual con 2,96%. El dato fue publicado por el DANE el 9 de abril de 2026.
Tasa de intervención — Banco de la República11,25%+1,00 pp vs período anterior
La Junta Directiva del Banco de la República fijó la tasa de intervención en 11,25% con vigencia desde el 1 de abril de 2026, revertiendo el ciclo de recortes previo. El alza responde al exceso de demanda, a la inflación por encima del 5% y al fuerte incremento del salario mínimo (23,04%), que el emisor identificó como factor de presión inflacionaria estructural. Las expectativas de inflación de analistas, empresarios y mercados financieros se alejaron de la meta del 3%. La inflación cerró 2025 en 5,1%, sin converger a la meta. El Banco de la República busca con este ajuste reconducir la inflación hacia el objetivo de largo plazo.
El SMMLV para 2026 se fijó en $1.750.905, con un auxilio de transporte de $249.095 (incremento de 24,55%). Este es el mayor ajuste porcentual reciente y constituye el principal factor de presión inflacionaria identificado por el Banco de la República para el alza de tasas. El incremento eleva la base de liquidación de prestaciones sociales, parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación) y aportes al sistema de seguridad social. Los empleadores con trabajadores en salario mínimo deben actualizar planillas de liquidación y contratos desde enero de 2026.
Tasa de desempleo nacional (febrero 2026)9,20%-1,70 pp vs febrero 2025
La tasa de desempleo nacional se ubicó en 9,20% en febrero de 2026, la más baja para ese mes en varios años. La reducción de 1,70 pp frente a igual período de 2025 refleja el dinamismo del mercado laboral que el Banco de la República también reconoció como factor de presión sobre el consumo y la inflación de servicios. El PIB del cuarto trimestre de 2025 creció 2,3%, aunque con desaceleración de 1,3 pp respecto al trimestre anterior. El fuerte aumento del salario mínimo, combinado con el bajo desempleo, incrementa los costos laborales de las empresas y presiona la inflación de servicios.
Sector Empresarial
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MinHacienda confirma que el Gobierno no tiene intención de enajenar acciones de Ecopetrol, pese a que el Plan de Enajenación incluye $50,5 billones en activos de la estatal.
El Plan de Enajenación presentado al Congreso contempla la desinversión de activos de Ecopetrol Global Energy S.L.U. ($17,5 billones), Ecopetrol USA INC ($14,8 billones) y Ecopetrol Permian LLC ($10,9 billones), entre otros. MinHacienda aclaró que el plan no implica la venta de la participación accionaria directa del Estado en Ecopetrol. El presidente Petro insistió en que Ecopetrol debe vender el Permian para redirigir recursos hacia energías limpias. La USO solicitó una reunión urgente con MinHacienda para conocer el alcance real de las enajenaciones previstas.
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Canacol Energy solicita ante tribunal canadiense la cancelación de contratos de gas en Colombia en el marco de su proceso de reorganización financiera.
La petición fue presentada ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en el marco de un proceso de reorganización financiera iniciado por Canacol a finales de 2025. La cancelación de contratos de suministro de gas en Colombia podría afectar a clientes industriales y generadores eléctricos que dependen del gas de Canacol. El proceso de reorganización bajo ley canadiense tiene implicaciones en contratos regulados en Colombia, lo que podría involucrar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas. Los asesores de empresas con contratos vigentes con Canacol deben monitorear el desarrollo del proceso judicial en Alberta.
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CARF proyecta déficit primario récord de 3,7% del PIB para 2026, con deuda pública alcanzando 60,3% del PIB al cierre del año.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que el déficit primario de 2026 será de 3,7% del PIB, superior en 1,6 pp al registrado en 2025, constituyendo un nuevo récord. La deuda bruta del Gobierno, que ha crecido $410,5 billones durante la administración Petro a razón de $313.000–$319.000 millones diarios, retomaría su senda creciente para cerrar en 60,3% del PIB. Este panorama fiscal presiona al Gobierno a aprobar la ley de financiamiento o activar el Plan B de normalización tributaria para evitar un ajuste de gasto de mayor magnitud. El contexto deteriora el perfil crediticio del país de cara a calificadoras internacionales.
Banca y FinTech
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Superintendencia Financiera de Colombia y el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) firmaron memorando de entendimiento para optimizar la supervisión y coordinación disciplinaria del mercado de valores.
El acuerdo busca articular la supervisión, investigación y coordinación disciplinaria entre la Superfinanciera y el AMV, evitando duplicidades y fortaleciendo la eficiencia del sistema de vigilancia del mercado de capitales colombiano. El memorando no tiene fuerza normativa vinculante pero establece marcos de cooperación operativa entre las dos entidades. El acuerdo cobra relevancia en el contexto del nuevo decreto de OPAs y del fortalecimiento del gobierno corporativo en el mercado bursátil.
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Bre-B supera 21 millones de llaves registradas en Colombia, con cerca de 11 millones de usuarios activos; BBVA anuncia habilitación de pagos de nómina empresarial mediante el sistema.
El sistema de pagos inmediatos Bre-B opera vinculando cuentas financieras a números de celular y alias institucionales. El 80% de las llaves en Daviplata corresponde al formato número de celular seguido de @davi o @plata. BBVA Colombia anunció que permitirá a empresas pagar nómina utilizando las llaves Bre-B, lo que extiende el sistema al ámbito corporativo y plantea implicaciones para la gestión de tesorería y cumplimiento de obligaciones laborales. La adopción masiva posiciona a Colombia en trayectoria comparable a la del sistema Pix de Brasil.
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Mibanco obtiene calificación AAA de Fitch Ratings por sexto año consecutivo, con cartera de $2,5 billones y solvencia de 22%.
Fitch Ratings reafirmó la calificación AAA de Mibanco Colombia, reflejando solidez patrimonial y gestión del riesgo crediticio en el segmento de microfinanzas. Al cierre de 2025, Mibanco reportó una cartera de créditos aproximada de $2,5 billones y un nivel de solvencia de 22%, muy por encima del mínimo regulatorio. La calificación facilita el acceso a fondeo en mercado de capitales en condiciones favorables. Para los asesores financieros, la entidad representa una referencia de estabilidad en el segmento microfinanciero colombiano.
Breves
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El dólar cerró a la baja $11,7 el 29 de abril de 2026, influenciado por expectativas sobre las decisiones de tasas de la FED y el Banco de la República.
La jornada cambiaria del 29 de abril registró una depreciación del dólar frente al peso colombiano de $11,7. Los precios del petróleo también retrocedieron tras la reciente decisión de los Emiratos Árabes Unidos de retirarse de la OPEP, aunque el brent se mantuvo por encima de US$110 por barril ante reportes de ampliación del bloqueo de puertos iraníes por parte de EE.UU. Las expectativas sobre la decisión de tasas de la FED generaron volatilidad en mercados globales con efecto en la TRM.
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Una acción judicial busca eliminar la asistencia obligatoria del Ministerio de Hacienda a la Junta Directiva del Banco de la República.
La demanda pretende suprimir la participación obligatoria del Ministro de Hacienda en las reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República, con el argumento de blindar las decisiones del emisor frente a posibles bloqueos del Ejecutivo. De prosperar, la acción judicial modificaría el esquema de gobernanza del Banco de la República establecido en la Constitución de 1991 y en la Ley 31 de 1992. El debate cobra especial relevancia en el contexto del alza de tasas al 11,25% y las tensiones entre el Gobierno y el emisor sobre política monetaria.
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Wompi lanzó una nueva modalidad de gestión de pagos adaptada al ritmo operativo de los negocios.
La plataforma Wompi, filial de Bancolombia especializada en pagos digitales para comercios, introdujo una modalidad que permite a los negocios gestionar sus cobros y liquidaciones según sus ciclos operativos particulares. La iniciativa se enmarca en la expansión del ecosistema paytech colombiano, que agrupa 63 empresas equivalentes al 20% del total de fintech del país. La medida busca reducir la fricción en la gestión de flujo de caja de pequeñas y medianas empresas.
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